Todos los juicios políticos deberán pasar al pleno de la Asamblea Nacional. Esa es la máxima propuesta que trae consigo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). 

De esta forma el parlamento ecuatoriano pretende regular el poder que tiene la comisión sobre las acciones de control político.

La reforma plantea que el pleno sea la última instancia para decidir el archivo de un determinado enjuiciamiento político. En el informe de primer debate se recalca que los miembros de la anterior Comisión de Justicia vieron la necesidad de regular la actuación de los miembros de la Comisión.

Uno de los proponentes de las reformas a la LOFL es el asambleístas de SUMA, Guillermo Celi, quien en su propuesta señala que la Comisión deberá presentar informes semestrales sobre sus funciones. “No queremos que la Comisión sea solo una comisión de archivo, como ha sido en este tiempo”.

Para Celi, el hecho de que los procesos pasen al pleno permite que los 137 legisladores cumplan con su función de fiscalizar. Además que el debate sea más profundo sobre un juicio, ya que no serían solo 14 legisladores quienes tienen el poder de decisión.

Con los cambios a la ley, la mesa legislativa deberá presentar al pleno los informes de minoría y mayoría que surjan en el organismo.

Entre tanto, se plantea que los plazos del proceso se mantengan: 15 días para la presentación y sustentación de pruebas de cargo y descargo y 15 días más para preparación del informe. 

Para el legislador Fausto Terán (AP), miembro de la Comisión de Fiscalización, es “absurdo que se envíe todo al pleno, pues el organismo perdería su carácter y competencia”.

A su juicio, únicamente los informes  que se quedan en el limbo deben pasar al pleno con un informe.

Dijo que en el último período la comisión ha tratado más juicios políticos. Desde 2017 se han tramitado 18.

En 2019 y 2020 se llevaron al pleno cuatro procesos: de las exministras María Fernanda Espinosa y Verónica Espinosa, de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y del exministro de cultura Raúl Pérez Torres.

El CAL aún tiene pendiente calificar los pedidos de juicio político contra el procurador Íñigo Salvador y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

“Ninguna comisión puede estar por encima de las decisiones del pleno”, expresó la legisladora independiente Mae Montaño, quien cree que con este cambio en la ley se podrá evitar una manipulación política y que los procesos se archiven.

Insistió en que deben realizarse ajustes con respecto al tiempo de la presidencia de la Asamblea.

Explicó que un proceso para ser calificado por el CAL puede esperar hasta un año, como sucedió con el juicio de María Fernanda Espinosa.

Otro punto que rescata la asambleísta es que con los cambios podrán ser sujetos de juicio político funcionarios públicos con rango de ministros. Se refiere a secretarios.

Que sea una sola comisión la que decida el destino de un funcionario del gobierno tiene un peligro, señala la analista política Alegría Donoso, pues sus integrantes pueden estar sesgados.

Cree que llevar los procesos al pleno ampliará el debate y el análisis de los juicios. Calificó como mala gestión al último período, sobre todo porque las votaciones han obstruido procesos de transparencia. (I)