En la Asamblea, por lo pronto, no existen voces en contra de la reforma al pago de las pensiones vitalicias que reciben los expresidentes y exvicepresidentes.

El legislador Fredy Alarcón, de la bancada de Integración Nacional, puso en el pleno este debate. Él asegura que este beneficio llega a personas que no son parte de la Ley de Servicio Público: hijos, cónyuges y madres de las exautoridades.

Por eso pidió que se suspendieran inmediatamente los pagos a estas personas. Su propuesta pasó el primer filtro en el pleno y consiguió 71 votos, solo con la oposición de la bancada de Revolución Ciudadana.

Este debate coincidió con la decisión que tomó el presidente Lenín Moreno para que su pensión como exvicepresidente (2007-2013) sea devuelta al presupuesto.

Para un Ecuador próspero, todos debemos arrimar el hombro. Lo hemos hecho antes y seguiremos en ese camino. He solicitado que la pensión que recibo como exvicepresidente, se reintegre al Presupuesto General del Estado.

— Lenín Moreno (@Lenin) November 20, 2019

Alarcón sostiene que se animó a presentar la moción porque se debe terminar con las presuntas irregularidades que existen en estos pagos.

Él cuestiona que terceras personas reciban cada mes ese dinero, atentando contra la Ley de Servicio Público.

En su análisis entran los casos del expresidente Jamil Mahuad, que tiene como beneficiaria a su hija; del exmandatario Abdalá Bucaram, que puso como beneficiaria a su esposa, o del expresidente Rafael Correa, de quien su hermana realiza el cobro.

Además está el caso del exvicepresidente Alberto Dahik, que puso como beneficiaria a su madre. También el de los hijos del expresidente Jaime Roldós.

A su criterio, ellos debieron recibir esta pensión hasta cumplir los 18 años de edad.

Alarcón sostiene que el Ministerio de Finanzas debe señalar quién autorizó estos desembolsos y la Contraloría indagar si existieron irregularidades y sancionar.

Cada año, el Estado entrega 1,2 millones de dólares para cancelar las pensiones a los exmandatarios.

El asambleísta de Integración Nacional sostiene que lo mejor es acabar con este pago y ahorrarse esos rubros.

Él no está solo en esta iniciativa. Su colega Jaime Olivo, de Pachakutik; la independiente Mae Montaño, y el legislador de CREO, Henry Moreno, coinciden con él.

También se suma el Partido Social Cristiano, que auspició la propuesta presentada por su exlegisladora Paola Vintimilla, para limitar estas pensiones para los mandatarios que afronten problemas con la ley.

Para Montaño, la solución no es una reforma. Para ella el remedio es “terminar de raíz” con estos pagos. A su criterio ningún funcionario público debe tener más beneficios que otro.

“Podría entender que el pago sea vitalicio para los expresidentes, pero no solo es de por vida, ahora también es hereditario. Lo mejor es acabarlo”, explicó Montaño.

Mientras que Moreno presentó un proyecto de ley para oficialmente acabar con estas pensiones de por vida.
Él asegura que en la crisis que afronta el país, la mejor decisión es no pagar estos rubros e invertir esos dineros.

Su proyecto de ley fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y enviado a la Comisión de Derechos de los Trabajadores para su análisis.

En esta mesa legislativa deberá presentar un informe sobre la propuesta de reforma a esta ley. Aparentemente no tendrá inconvenientes para el cambio de la norma.

Incluso, la bancada de la Revolución Ciudadana también apuesta por una modificación del sistema actual.

Su integrante, Lira Villalba, presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones.

Ella no va por la desaparición sino por limitarlas a ocho años luego de dejar el cargo y que se reduzca el monto en un 50 por ciento.

En su iniciativa también se propone suspender ese beneficio para las autoridades sentenciadas por delitos contra la administración pública. Y que no pueda ser heredado a los familiares. (I)