Los hechos de violencia ocurridos en la protesta de octubre de 2019 nunca se vieron antes en el país. Esa actitud tomó por sorpresa a la Policía, especialmente por la intensidad de los ataques.

Es la primera ocasión que, por ejemplo, se observó el uso de explosivos desde tubos plásticos. Hubo el secuestro y lesiones a policías, que fueron afectados, no solo física sino también psicológicamente. Por eso, desde el interior de la institución se analiza cómo fue el paro y cuáles son sus principales repercusiones.  

El movimiento indígena reclama una represión y ataque a los manifestantes. ¿Esto fue así?
Nosotros no actuamos sino bajo los conceptos constitucionales de respeto a los derechos humanos y bajo observancia al Reglamento de Uso Progresivo de la Fuerza. En este último conflicto no tenemos evidencia de algún policía que haya sobrepasado estos límites. Si es que en algún momento sucedió algo, puede estar asociado a la consecuencia de tantos días de enfrentar protestas violentas. El desequilibrio no vino por parte del Estado y sus instituciones, sino de la irracionalidad con la que estaban actuando los manifestantes que no medían sus propios riesgos.

¿Las manifestaciones fueron diferentes en Sierra y Costa?
La movilización indígena tuvo como actores en su gran mayoría a comunidades de la Sierra central y la Amazonía, donde realizaron acciones absolutamente planificadas y  coordinadas. Creo que en la Costa lo que hubo más fueron actos improvisados  de personas que buscaban igual crear caos, pero derivó en saqueos, ante lo cual la Policía también supo responder y restablecer el orden. Fue complejo, pero lo hicimos con energía y en coordinación con todas las otras instituciones que estaban involucradas.

¿Se dice que se usaron bombas lacrimógenas caducadas?
Nosotros utilizamos material CS de más baja toxicidad y cuando caduca significa que la pólvora que combustiona no permite la correcta desfragmentación del elemento. Esto lo que hizo fue ponernos en desventaja como policías, porque se pierde su capacidad disuasiva, pierde su efecto. Hay otros niveles de gas que pueden resultar más tóxicos, pero Ecuador no los tiene y no es parte del equipo que disponemos para el control de disturbios.

¿Cómo fue la coordinación durante los 11 días de manifestaciones? Los militares insisten en que en estos casos se necesita un mando unificado. ¿Eso no existió?
Respondimos como estaba previsto, pero tal vez nos faltaron algunos niveles de articulación. Por eso, para situaciones similares futuras, queremos tener un sistema de inteligencia fusionado; también es fundamental que conservemos los puestos de mando de cada una de las instituciones.

¿Entonces falló el trabajo de inteligencia?
Fuimos sorprendidos en algunos temas sobre cómo gestionamos la información y la transformamos en inteligencia cuando estamos limitados por cuestiones legales. Nosotros trabajamos con instituciones, como la Fiscalía, para recabar información bajo principios de legalidad; pero por iniciativa propia nosotros no podemos recabar datos de acciones de los movimientos sociales o qué pueden estar haciendo para fines como los que sucedieron en las protestas de octubre.

¿Existen grupos subversivos que se infiltraron en las protestas?
Sobre el tema hay que hacer un mejor diagnóstico. Lo que creemos es que existen algunos elementos comunes a la doctrina que han utilizado insurgentes, guerrilleros y subversivos. Es decir, la búsqueda del control que quieren hacerlo a través del desorden; son elementos comunes que pueden asociarse con estos conceptos. También hubo la participación de grupos dedicados al narcotráfico, así como organizaciones delictivas.

¿Hay evidencia de que existió una planificación para crear caos en el país? ¿Quién estuvo detrás de eso?
Sin lugar a dudas hubo una organización y planificación para generar el desorden y todos esos niveles de agresividad. También un financiamiento e indiscutiblemente actuaron personas que estaban entrenadas. Eso se pudo observar en todos los registros de video y audio que existen en diferentes medios y en las redes sociales. Esto lo están investigando las entidades correspondientes.

Otra duda es por qué la Policía no protegió al edificio de la Contraloría.
Creo que fuimos absolutamente sorprendidos por los niveles de violencia y agresividad. Primero destruyeron las cámaras cerca a las instalaciones, luego generaron ese daño; nosotros no consideramos que iba a sufrir esta afectación. No tuvimos información en ese sentido. Históricamente no ha pasado.

¿La Policía tiene suficientes recursos para enfrentar manifestaciones?
Nuestra Unidad de Mantenimiento del Orden Público tiene todo el equipamiento para el trabajo antidisturbios. El problema fue el 12 de octubre, el de más altos enfrentamientos; en el sector de la Asamblea hubo un policía por cada 200 manifestantes. Ese fue el promedio. Luego lo sucedido en Calderón con policías secuestrados, vejados, sometidos a humillaciones.

¿Cuál es la consecuencia de eso, además de las pérdidas por destrucción de UPC, patrulleros?
Yo creo que la pérdida material es pequeña en relación al costo social de un conflicto de esta naturaleza que se traduce en desconfianza ciudadana con la institucionalidad. Es fundamental que, como sociedad, hagamos los esfuerzos para que los vínculos con la comunidad vuelvan a generarse. Hay que restablecer el tejido social y estos aspectos de confianza hacia la Policía y de los policías que fueron vejados y que tienen que continuar sirviendo a la misma comunidad. (I)