Ningún representante del Estado ecuatoriano asistirá al 150 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocada para hoy en Washington (EE.UU.).

El canciller Ricardo Patiño anunció esa decisión. Dijo que el país “no se va a prestar a un show que la CIDH quiere protagonizar con el Estado ecuatoriano como actor”.

El organismo interamericano convocó al país para participar en las audiencias sobre derecho a la libertad de expresión, asociación y de la naturaleza. “Creen que todos los años van a perturbar, molestar al pueblo ecuatoriano para llevarlo allá y tratar temas de libertad de expresión (...) se creen con el derecho de poner a todos sus funcionarios a organizar audiencias, que alguna vez fuimos de buena fe, y ahora piensan que nos pueden llevar con la misma cantaleta de siempre”.

Datos

Sobre la reunión de cancilleres de Unasur para apoyar los diálogos de paz en Venezuela, Patiño señaló que espera que la Mesa de Unidad Democrática pronto se reúna con el gobierno de Venezuela, por el bien del país.

Contó que la Mesa de Unidad Democrática solicitó a los cancilleres de Unasur que el encuentro sea público, democrático. Patiño dijo que aquellas inquietudes fueron trasladadas al gobierno venezolano y que espera que pronto dialoguen.

Señaló que los cancilleres de Unasur estarán expectantes de los diálogos de paz que se realizan en ese país.

El diplomático contó que “Fundamedios y otros ciudadanos se han creído con derecho de movilizar al Estado” para que el Gobierno tenga que “irles a contestar de igual a igual los temas que ellos plantean”. En ese sentido, aseguró que la ONG ecuatoriana es socia de la CIDH y está financiada por la Usaid.

“Les dijimos que no deseamos asistir y no vamos a movilizar a los ministros del Estado ecuatoriano por el antojo de Fundamedios y algunas otras personas que firman al lado de ellos”, manifestó.

Otro motivo que origina la sesión sobre Ecuador es abordar los derechos de la naturaleza, lo cual fue cuestionado por la Fundación Pachamama, que perdió su personería jurídica por participar en manifestaciones violentas. “Se estableció con base en la normativa ecuatoriana que su actuación (Pachamama) distaba de corresponder a una fundación y era una acción política y no solo política, sino violenta, que está penada y prohibida en el Ecuador”, aseveró Patiño.

Según el Canciller, si la CIDH tiene alguna duda sobre la actuación del Estado sobre este caso puede venir a Ecuador, “pero nosotros no nos vamos a prestar para un show político”.

Nuevo informe de Botero

Patiño también se refirió al nuevo informe que emitió la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, que es la única que tiene el calificativo de especial, lo que ha sido cuestionado por Ecuador.

“Es un ‘juguetito’ con el que la relatora Catalina Botero quiere molestarnos todos los años, afectar el prestigio del país, que está en alza”, indicó. Según él, es un “informe antojadizo y sesgado”. En ese documento, dijo Patiño, ordena al presidente Rafael Correa “lo que tiene que decir los sábados en su enlace ciudadano” y aborda los casos de Cléver Jiménez y José Acacho, cuando “no tienen nada que ver con libertad de expresión, sino con delitos, actos y denuncias”.

Medidas cautelares

El canciller insistió en que la CIDH no puede solicitar medidas cautelares porque no tiene competencias para ello. La única que puede hacerlo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). “No pueden hacer lo que les da la gana, lo han estado haciendo durante mucho tiempo, y en estos últimos tiempos más”.

El Ministro reconoció que al principio del gobierno no se habían percatado de esta situación, pero que ahora están conscientes de que no tienen capacidad para ello. “No pierdan su tiempo solicitándole medidas cautelares a Ecuador porque nosotros sí somos suscriptores y sí hemos ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y no como otros países que no lo han hecho”. Estados Unidos, donde tiene la sede la CIDH, no la ha ratificado.

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, calificó a la comisión como un instrumento politizado, al servicio de intereses económicos de potencias.

El gobierno tratará a la CIDH “como una instancia politizada que pretende perseguir a gobiernos democráticos que no obedecen ciertos lineamientos; si ellos toman actitudes políticas, nosotros daremos respuestas políticas”.

La CIDH reflejó con su informe una “total ignorancia”, según Mera. La “libertad de expresión no es la libertad de insultar y comparar a Correa con Hitler”.

El Estado no descartaría solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “para que ponga en su sitio a la CIDH”, anunció Alexis Mera.