A seis días de cumplirse tres meses de las protestas promovidas por la dirigencia indígena, la justicia avanza en el trámite de los procesos penales iniciados contra quienes cometieron delitos. 

Según informó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los hechos que vivió el país, entre el 3 y el 13 de octubre, receptaron 595 denuncias o noticias de delito a nivel nacional.

Hubo 1.419 detenidos, de los cuales alrededor de 370 fueron procesados; hay 10 sentenciados, el resto recobró la libertad. 

Por las denuncias recibidas y de oficio, la Fiscalía abrió investigaciones por 21 tipos de delitos: ataque, resistencia, robo, terrorismo, odio, secuestro, sabotaje, rebelión, instigación y promoción de grupos subversivos.

Además, paralización de servicios públicos, incitación a la discordia, omisión de medidas de protección, tentativa de asesinato.

La lista la complementaron otros delitos que consistieron en destrucción de registros, saqueo, asalto, atentado a la propiedad, daño a bien ajeno, participación de grupos subversivos y asociación ilícita.  

La mayoría de estas infracciones penales fue contra la estructura del Estado constitucional, establecidas en el Capítulo Sexto (Contra la Seguridad Pública) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La reserva de los casos
Los procesos penales, y en especial las audiencias, por regla general, son públicos, excepto cuando se debe proteger la intimidad, el honor, el buen nombre o la seguridad, conforme lo estipula el art. 8 del Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

La disposición es ratificada por el artículo 562 del COIP. Señala que la reserva se aplica cuando se trate de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y contra la estructura del Estado Constitucional.  

Es la razón por la cual los procesos iniciados por el paro indígena se ventilan en forma reservada y la ciudadanía conoce solo generalidades.

Los detalles de los hechos, las pruebas encontradas, la participación de cada uno de los involucrados en el delito, los argumentos técnico-jurídicos no son públicos.

Para el exfiscal, catedrático y penalista Pablo Encalada, si bien hay que respetar la normativa judicial, también es cierto que la reserva ha llevado a que haya inconformidad ciudadana.

En especial en casos como los abiertos por los hechos del paro indígena, en donde es evidente que hubo ataque a la infraestructura estatal, como es el caso del incendio del edificio de la Contraloría.

Para el jurista, la destrucción de los bienes públicos y los excesos deben ser sancionados, provengan de donde sea. Pese a los avances de las investigaciones, la colectividad desconoce lo que se ha hecho para esclarecer y sancionar los delitos.

Por ello, Encalada considera que debería ser la Fiscalía la que informe, aunque no en forma detallada, para que no haya incertidumbre ni malos juicios ciudadanos.

El penalista Nicolás Salas  no comparte la seguridad del Estado porque va en contra del principio de publicidad de los procesos penales.

Además, considera que la reserva es un riesgo para que un caso se politice o se direccionen los procesos.

“No creo que las revelaciones y hechos que se investigan, por ejemplo en el caso de la prefecta Paola Pabón, puedan poner en peligro la seguridad del Estado”. No obstante, admite que en ciertos casos, como por ejemplo espionaje, los que tienen que ver con grupos subversivos,  entre otros, sí ameritarían reserva porque pueden contener asuntos estatales.

El rol de Fiscalía es vital
El constitucionalista y penalista Stalin Raza defiende la disposición legal de que haya la reserva porque si todos acceden a la información, se pondría en riesgo la propia naturaleza de la seguridad nacional. A su criterio, es la Fiscalía la que debe dar confianza y seguridad a la ciudadanía, a través de pruebas, elementos y fundamentos suficientes y contundentes en la acusación a los responsables de delitos.

“La Fiscalía podría informar algo de sus pruebas, pero sin alterar la reserva y con ello la gente pueda conocer si hay o no responsabilidad de los involucrados”.

El penalista Miguel Revelo  recuerda que el titular de la acción penal es la Fiscalía, por lo que revisa el hecho dado, recaba pruebas y le atribuye un tipo penal.

En el caso del paro indígena, señala que la Fiscalía ha creído que son delitos contra la seguridad del Estado y la ley determina que esos casos sean manejados en reserva.

“Si la Fiscalía se equivocó en eso, quiere decir que actuó mal”, afirma Revelo.

El jurista dice que los fallos no son responsabilidad de los jueces, sino más bien de los fiscales porque son los llamados a sustentar y fundamentar la acusación.

Los procesos más avanzados
De las 595 denuncias que recibió la Fiscalía, 15 son las más avanzadas y tienen mayor relevancia por los involucrados, entre ellos funcionarios, exfuncionarios, dirigentes y figuras públicas.

De acuerdo a la información oficial y pública de la Función Judicial, por los hechos de octubre ya existen dos sentencias, cinco procesos están en instrucción fiscal, ocho en indagación previa y el resto con diligencias iniciales.

Las dos sentencias corresponden a la del joven universitario Pablo C., quien el 17 de octubre fue condenado en Cuenca. La pena impuesta fue de cuatro meses de prisión tras ser acusado del delito de incitación a la discordia entre los ciudadanos.

La otra sentencia es la que recibieron Yofre P., asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), y el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch.

Fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión, en calidad de cómplices del delito de paralización de servicio público. En este caso siete personas más fueron sentenciadas.

Respecto a los procesos que están en instrucción fiscal (paso previo para la etapa de juicio), dos se relacionan al ataque e incendio de la Contraloría del Estado.

Son 34 procesados, todos libres, entre ellos seis menores de edad. Se los acusó de terrorismo, pero son indagados por sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

Un tercer caso es el de rebelión, por el que están con medidas sustitutivas la prefecta de Pichincha, Paola P.; el exasambleísta Virgilio H., el asesor de la Prefectura, Christian G.; y Pablo D. H.

El cuarto proceso es por el ataque e incendio a Teleamazonas. Fue denunciado por terrorismo, pero los cuatro vinculados consiguieron que se cambie al delito de daño a bien ajeno. Finalmente, está el caso del dirigente de los taxistas, Jorge C., quien es procesado por paralización de servicio público. Estuvo detenido 19 días y salió libre, pero con medidas cautelares.

En indagación previa o investigación se hallan ocho casos. El primero es por la incursión y toma de las instalaciones de la Asamblea.

Fueron detenidas 72 personas, pero salieron libres a los dos días. Se denunció daño a bienes ajenos, ataque o resistencia, paralización de servicio público y participación de grupos subversivos.

Por instigación son indagadas las asambleístas Marcela Aguiñaga, Gabriela Rivadeneira y Marcela Holguín.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, es investigado por omisión de medidas de protección a personas y bienes.

Otra es la indagación contra los dirigentes indígenas: Jaime Vargas, presidente de la Conaie; Leonidas Iza y Rafael Pandam. Los delitos por los que se les investiga son instigación a sabotaje, rebelión y terrorismo.

Una quinta indagación es en contra de Radio Pichincha Universal, por incitación a la discordia entre ciudadanos.

La sexta es contra Alexandra A., exalcaldesa de Durán,  por asociación ilícita. En esta causa son indagadas cuatro personas más.  La séptima es la que enfrentan tres funcionarios de gobierno por tentativa de asesinato, por haber dispuesto el uso de la fuerza en las protestas.

Finalmente está la indagación por tentativa de asesinato al periodista Freddy Paredes. (I)