Al margen del campo judicial, dos instancias del Estado iniciaron procesos de investigación sobre lo que sucedió durante las protestas de octubre. 

Tanto la Asamblea Nacional como la Defensoría del Pueblo crearon comisiones especiales para esta tarea de apoyo al trabajo de la justicia.

En el caso de la Asamblea la denominada mesa multipartidista presentó un informe, el cual fue aprobado por el pleno del legislativo hace tres semanas.

El Pleno resolvió que la comisión se mantenga por un año más, para que dé seguimiento a los procesos individualizados de las víctimas; y evalúe el cumplimiento de las sugerencias emitidas por instituciones internacionales respecto a la garantía de los derechos humanos.

Además, debe dar seguimiento a la continuidad al proceso de diálogo nacional entre el gobierno y el sector indígena.

La comisión legislativa no estableció responsables políticos y deja que la justicia siga con las investigaciones, y que sea ella quien determine a los culpables.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo investiga de manera autónoma la violación de los derechos humanos ocurridos durante las protestas, con el fin de encontrar responsables, para exigir justicia y reparación.

Hasta el momento, la Defensoría no ha emitido un informe, sigue analizando y hace seguimiento a los casos procesados por la Fiscalía del Estado. En febrero del próximo año entregarían el informe respectivo.

Para el analista político Carlos Estrella el trabajo de estas comisiones sería develar quienes  fueron los responsables de los hechos violentos de octubre.

Calificó al informe del Legislativo como tibio, precisamente, porque no determinó responsables directos.

“La creación de estos organismos eran necesarios, porque no es posible que se viole la ley, se cometan delitos y no existan  culpables”, dijo, al  admitir que los resultados del trabajo de estas comisiones no son vinculantes pero pueden servir como un insumo para la justicia (I) et