Expertos en materia política y constitucional coincidieron en que fue inadecuada y precipitada la demanda presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado día 15, por el expresidente Rafael Correa y el excanciller Ricardo Patiño.

Ellos alegan que se ha alterado el orden constitucional  con la convocatoria a la consulta popular y referéndum para el 4 de febrero de 2018.

El constitucionalista ecuatoriano Rafael Oyarte señaló  que este tipo de denuncias solamente pueden ser hechas por los Estados a través de sus representantes y no por personas naturales. “La denuncia que ha hecho el expresidente con su exministro resulta inadmisible”, aseveró. 

Indicó que esa demanda  puede realizarse, como ciudadanía u organización social, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se considera que se ha alterado el régimen democrático.

“Pero usted no puede ir como privado, como particular, como un ciudadano más, ni al seno de la OEA a presentar esta clase de peticiones ni directamente a la Corte Interamericana, tiene que ir a la Comisión Interamericana”, remarcó. Oyarte, quien es doctor en jurisprudencia y abogado, aseveró que no entiende la queja del expresidente Correa.  

Subrayó que la Constitución estableció la necesidad de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC) para las consultas populares  y referendos, pero por otro lado señaló que la Ley de Garantías Constitucionales establece que la CC tiene plazo para pronunciarse y en caso de no hacerlo aquello significa que su posición es favorable. “Tal vez alguien podría decir que está en desacuerdo con esa norma, ¿pero quién  elaboró esa norma? La hizo el entonces ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, de ahí salió el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantías, y quien presentó el proyecto con su firma fue precisamente Rafael Correa (…) Me parece muy llamativo que alguien que elaboró la norma, y que hoy le incomoda, la acuse”, apuntó.

Expuso que en 2009, Correa estaba consciente de que ese artículo (105) establece que si la Corte no despacha en 20 días el dictamen, se entiende claro y favorable que era inconstitucional y violatorio del sistema democrático, y por último, cuando la Asamblea, con mayoría  de Alianza PAIS (AP), aprueba la ley, no hace ninguna observación de esta norma y tampoco el presidente Correa la veta.

Sobre el tema también se pronunció el analista político David Chávez, quien considera esta denuncia como “un error” ya que la OEA ha sido punta de lanza de estrategia regional contraria a países progresistas.

“Inclusive si la OEA da paso a escuchar la denuncia, lo más probable es que terminen dándole la razón a (Lenín) Moreno. Entonces la estrategia correísta quedaría ahí como ‘coja’, pero eso indica dos cosas: la propia conciencia de Correa, de Patiño y el correísmo del mal momento del progresismo a nivel regional”, apuntó.

Chávez consideró que, quizás, la instancia más lógica para una denuncia de esa naturaleza era Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), sin embargo, esta organización ha perdido toda fuerza y legitimidad política en la región, precisamente por el giro conservador de la zona.

El sociólogo quiteño señala que esta denuncia puede significar “poner a la OEA contra las cuerdas” en torno a la situación política ecuatoriana y obligarla a posicionarse. “Si la OEA favorece a Moreno, eso puede servirle al correísmo para decir o señalar que hay una estrategia regional en contra del progresismo y que eso ratificaría esa situación”, acotó.

Apuntó que el hecho de que Almagro haya recibido la demanda y haya “obligado” al Estado ecuatoriano a emitir una respuesta es importante.

No obstante, acotó que más allá de las inconsistencias, él considera “que sí se ha vulnerado el Estado de derecho con los últimos acontecimientos en Ecuador”.

Ante esto, el analista político dedujo que sería muy excepcional que la OEA tuviera un pronunciamiento crítico contra el Gobierno Nacional.

“Con la estrategia del caballo de Troya que han aplicado está ocasionándose el cierre del ciclo progresista (en Ecuador) y la transmisión hacia el giro conservador; personalmente, no creo que Moreno vaya a ser quien lleve el proceso de giro conservador (…) pero creo que va a ser un Gobierno de transición para ese giro”, dijo el experto.

“La OEA va a tratar de, en mi impresión, consolidar ese proceso en el caso ecuatoriano o, al menos, no meterse”, acotó.

Opinó que Correa y Patiño intentan agotar un último recurso legal en la disputa que mantienen con el presidente Moreno, aunque en su visión particular “ese no es el espacio en el que se va a dirimir el conflicto político” actual, el cual, dice, se expresa como un conflicto político de Alianza PAIS. (I)  et