Valiéndose del espionaje, Chevron Corporation pretendía utilizar en el juicio contra los amazónicos afectados por la contaminación de Texaco que sigue en la Corte de Nueva York bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), información interceptada ilegalmente de los correos electrónicos internos de funcionarios del Gobierno ecuatoriano, entre ellos, del presidente Rafael Correa.

La Corte de Sucumbíos condenó a la transnacional a pagar $ 19.000 millones de indemnización  por el daño ambiental causado y la afectación a la salud de miles de indígenas y colonos de la Amazonía.

Para no cumplir la sentencia, Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, ha entablado demandas no solo contra los afectados y sus abogados, sino también en contra del Estado, como la interpuesta en el Tribunal Arbitral de La Haya, para que sean los mismos ecuatorianos quienes paguen la indemnización.

“Están siendo espiadas las autoridades del Estado y esa información que intentó ser utilizada en (el juicio RICO) Nueva York, es parte de la información que hoy pretende ser filtrada por el diputado opositor, Cléver Jiménez (Pachakutik)”, denunció el lunes pasado el Procurador General del Estado Ecuatoriano, Diego García, en entrevista a la página ecuadorinmediato.com.

García resaltó que los mensajes recogidos de forma ilegal al Gobierno ecuatoriano incluyen comunicaciones del mandatario, las cuales de manera “inexplicable” llegaron a una corte de Nueva York, en donde se presenta un juicio de Chevron contra el abogado estadounidense Steven Donziger, quien representó a los indígenas y colonos amazónicos que ganaron la demanda ante la Corte de Sucumbíos.

La agencia de noticias Andes y el portal digital elciudadano.com informaron ayer que el espionaje al Gobierno ecuatoriano que refiere el Procurador se conoció tras una denuncia presentada por Jiménez, quien señaló que las autoridades contrataron a abogados para defender en varias oportunidades las demandas internacionales a ecuatorianos que antes trabajaron para la transnacional estadounidense.

DATOS

El 1 de febrero de 2010, Chevron planteó un juicio bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) para el crimen organizado, en contra de los afectados de la contaminación causada por la petrolera en la Amazonía ecuatoriana.     

Alberto Guerra, exjuez de Sucumbíos, declaró el pasado miércoles ante el Tribunal aceptando su corrupción al aceptar coimas de la compañía estadounidense Chevron.

El jueves Jeffrey Shinder, abogado estadounidense, dio su testimonio a favor de Chevron. Juan Fajardo, abogado de los afectados, desmintió que él haya sido parte del equipo de trabajo de los perjudicados.Según García, hace dos semanas, en Nueva York, se pretendió liberar cierta información privilegiada, como correos electrónicos y comunicaciones internas entre funcionarios del Estado, incluyendo a Correa. “La información que se revela en las comunidades es la misma que pretende ser filtrada a través de un boletín de prensa del legislador Cléver Jiménez”, señaló el procurador, a la vez que cuestionó al asambleísta por el origen y la forma como habría obtenido los datos, que se supone es información privilegiada y reservada entre las autoridades del país.

“Creo que tenemos que preguntarnos, sin dejar de lado el tema de fondo, de dónde obtiene esta información. ¿La obtuvo por los mecanismos legales, a través de los cuales la ley permite a un ciudadano obtener la información? o ¿de qué forma esta información llega al asambleísta Cléver Jiménez?”, cuestionó el abogado del Estado.

“No recuerdo que Jiménez me haya pedido información como la que aparece mencionada en el boletín de prensa del 29 de octubre. Información relacionada con el análisis que en su momento hubo de un posible conflicto de interés entre la firma Foley Hoag en el caso Chevron, que fue superado en junio de 2009, o información sobre el análisis que la Procuraduría ha hecho de la acción RICO en Nueva York y que no ha sido solicitada nunca por Jiménez”, dijo.

El legislador de Pachakutik, al ser consultado por EL TELÉGRAFO, dijo que la información llegó a su despacho “de manera anónima”, pero no duda de su veracidad porque es “completa y contundente”, y la corroboró en la página web de la misma Foley Hoag. Calificó de  lamentable  que el Estado haya contratado a ese estudio jurídico y asegura que eso incidió para que Chevron “nos estuviese ganando todos los juicios”.  

Jiménez dice que no espía a los funcionarios del Gobierno y cree que “sí debimos intervenir como Estado en contra de Chevron y otras transnacionales que están haciendo destrozos en el país, pero haciendo las cosas bien”. Sin embargo, la información que difundió entre la prensa favorece la campaña de desprestigio que impulsa la transnacional en contra del Ecuador.       

García descartó que Chevron mantenga algún tipo de relación con  el grupo Foley Hoag y aclaró que un socio de la firma de abogados manejó un tema específico de una filial de la petrolera en Birmania sobre derechos humanos.

El procurador detalló que Foley Hoag ha hecho análisis específicos sobre la defensa del Estado, generando además opiniones legales del laudo entre Ecuador y Chevron, pero “no está a cargo de la responsabilidad de la defensa del Estado en el caso Chevron. Ha generado opiniones sobre temas específicos porque es una firma en la que confiamos, no ha hecho defensa del Estado, de manera que no se pueden pedir resultados que sean valorables. Los criterios de Foley Hoag puntuales en el tema Chevron han estado en relación al  análisis de la defensa que ha manejado el Estado con otra firma de abogados que está a cargo del caso”. Por ello, descartó que haya conflicto de intereses.

El procurador aclaró que el Estado ecuatoriano no interviene en juicios entre particulares y Chevron, sino únicamente en el arbitraje internacional por medio del cual la multinacional petrolera pretende que Ecuador sea declarado culpable por cualquier indemnización que ellos deban pagar a las comunidades afectadas por la contaminación.

En ese sentido, García aclaró: “La defensa del Estado ecuatoriano ha buscado siempre mantenerse distante del resto del conflicto, por no ser un conflicto que le compete”.