La situación legal de la prefecta Paola P. compromete su desempeño como titular del gobierno provincial. Eso dicen los abogados consultados por este Diario. Ella enfrenta 90 días de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión en el intento de golpe de Estado durante las manifestaciones realizadas por la eliminación de los subsidios a los combustibles.

La Prefecta podría perder su cargo. Según el artículo 39 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), en casos de ausencia definitiva el viceprefecto asumirá esa función hasta terminar el período, en el año 2023.

Alexandro Tonello, viceprefecto, fue quien asumió de manera subrogante la dirección del GAD de Pichincha. Él es empresario, experto en temas agrarios y afín a la Revolución Ciudadana (RC).

Para el penalista Pablo Encalada, la medida dictada por la Corte Provincial podría desembocar en la destitución de la Prefecta por ausencia en el cargo. Además, la acusación por haber incurrido presuntamente en el supuesto delito de rebelión es grave, puesto que altera el orden constituido. “Tiene una pena de cinco a 10 años y dudo que la Prefecta pueda recuperar la libertad durante el proceso”, comentó.

Para el experto, Paola P. podría recuperar su libertad si se cambiaran las medidas cautelares. Ramiro Aguilar, abogado defensor de la Prefecta, fue consultado por este diario, pero aclaró que no se pronunciará sobre el tema.

Sin embargo, hay más salidas para la titular de la provincia: podría optar por otras disposiciones legales y mantenerse en el puesto. Por ejemplo, podría solicitar una licencia sin sueldo de hasta 60 días, según el Cootad. También la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) autoriza licencias hasta por un año, sin remuneración.

Paola P. no es la única autoridad detenida. Armando Ch., titular del gobierno provincial de Sucumbíos, enfrenta un proceso penal por paralización de un servicio público durante las últimas manifestaciones.

Andrés Zambrano, asesor jurídico del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), explicó que la destitución de los prefectos se podría efectivizar cuando haya una sentencia ejecutoriada.

Ambos casos deberán ser analizados por el Consejo Provincial y el Tribunal Contenciosos Electoral (TCE) -dijo- que determinarían si las causales desembocan en la remoción de los funcionarios.

Zambrano aseguró que los prefectos pueden solicitar una licencia para defenderse porque “eso está dentro de las facultades de los consejos provinciales”.

Otra opción es pedir arraigo laboral, es decir, los procesados alegan que tras su detención se pueden afectar otros derechos y la correcta administración del Estado, debido a la función que desempeñan.

Pero de eso está encargada la defensa y sería en una audiencia de habeas corpus. “Sé que el Tribunal negó la medida al prefecto de Sucumbíos, es poco probable que acepten el pedido en el caso de la Prefecta de Pichincha”, dijo Zambrano.

Un golpe para la organización

Pero intentar romper el orden constitucional y desestabilizar el país tiene consecuencias políticas. Eso dicen dos analistas y académicos. La organización política de Rafael Correa está debilitada y golpeada actualmente.

Marlon Orbea, docente de la Universidad Católica, explicó que el impacto más fuerte está en los sectores que generan opinión pública y cómo esta situación repercutiría en la bases. “Las prefecturas pasaron a ser direcciones administrativas de lo que, en su momento, fue el partido a nivel nacional”, recalcó.

Mientras Alegría Donoso, docente de la UDLA, dijo que la coyuntura de la Revolución Ciudadana responde a un tipo de política populista y clientelar. “Se pudo evidenciar que la base de la organización estaba constituida por lumpenproletariado, más que por políticos”. (I)