De los cuatro grupos de trabajo, conformados por los asambleístas del Movimiento PAIS para revisar el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), solo el encargado de analizar el Libro I continuó su tarea la tarde de ayer.

Los dos restantes, que examinan los libros II y IV, seguirán mañana con su labor, mientras que el grupo III concluyó su tarea la semana pasada.

Los nudos críticos identificados durante los debates serán tratados en una plenaria, en los próximos días, en la que se reunirán los 100 legisladores más  los ministros de Salud, Carina Vance; Justicia, Lenín Lara, y del Ambiente, Lorena Tapia. Cada una de las mesas cumple su labor por separado, bajo el liderazgo de los coordinadores de la bancada.

Fausto Cayambe conduce el grupo que analiza el Libro I referente a la infracción penal; Armando Aguilar hace lo propio con  el Libro II que aborda el  procedimiento. Vethowen Chica lidera el grupo del Libro III que estudia la ejecución de penas y Alexandra Ocles dirige el cuarto grupo que considera las disposiciones transitorias y las reformatorias a la Ley de Tránsito y Código de la Niñez y Adolescencia.

Los asambleístas del oficialismo prevén tener el documento listo hasta el próximo 21 de noviembre.Para  Chica fueron suficientes el miércoles 6 y el jueves 7 para culminar su trabajo. “El objetivo del taller es tener un COIP que esté acorde con las necesidades de nuestro país, tomando en cuenta las observaciones que han realizado las personas naturales y jurídicas, e integrantes de la Asamblea”, afirmó la  legisladora Nancy Morocho.

Ella explicó que las observaciones presentadas por sus colegas, en cada grupo de trabajo, serán procesadas por el ponente Mauro Andino y serán puestas a disposición del pleno del Legislativo durante la reconsideración del texto.

Al referirse a la mala práctica profesional que será discutida por una comisión especial, la legisladora Marisol Peñafiel insistió que “lo que garantizaremos es el derecho de las víctimas a su reparación, pero también que los profesionales en sus diversas ramas y con más razón los médicos tengan garantías para ejercer su profesión. No estamos elaborando un código que persiga al inocente y que deje en la impunidad al culpable”, manifestó.

“Existen algunos nudos críticos y varias observaciones presentadas por los compañeros del bloque. Nosotros queremos que el COIP vaya en beneficio de la comunidad”, señaló la asambleísta Rosa Elvira Muñoz.

Entre los temas revisados del COIP están el testaferrismo, cohecho, enriquecimiento ilícito, seguridad ciudadana, delitos ambientales, infracciones de tránsito, terrorismo, peculado, femicidio, tortura e intimidación y la dosimetría penal, es decir, el número de años de prisión con que se castiga determinado delito.

Cayambe espera tener listo el documento el 21 de noviembre próximo y el 28 realizar la sesión del pleno para la reconsideración integral del texto.

Allí se podrán introducir textos para mejorar la redacción y la eficacia de los artículos, anticipó Armando Aguilar -otro de los coordinares del bloque-, quien propuso la moción para realizar la reconsideración del COIP.

Puntos sensibles  

Durante el repaso del Libro I los legisladores han encontrado varios artículos que serán puestos a consideración del plenario.

No dejar a discreción del juez la acumulación de penas, el servicio comunitario, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, sanción a la trata de personas, tráfico de órganos y tejidos, explotación sexual de personas  y la pornografía son algunos de los nudos críticos.

También deberán ser resueltos el artículo 62 sobre penas privativas de libertad cuando se cometan varios delitos. Para ello, se prevé definir entre  aplicar la pena mayor o que se realice la suma de todas las penas, lo que no deberá exceder los 40 años.

En lo referente a los delitos cometidos por extranjeros, se decidirán los términos del artículo 63 relacionados a la expulsión de los foráneos que cometan delitos en el país. En este caso, se plantean dos opciones: su expulsión luego de haber cumplido la pena o que sean juzgados en los tribunales ecuatorianos para que luego guarden prisión en su país de origen.

En los diferentes tipos penales se prevé agregar, además de la pena, la multa respectiva, según el caso.