El próximo miércoles 24 de junio entrarán en vigencia las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que trae consigo algunos temas de lucha contra la corrupción. Dicha normativa fue aprobada por la Asamblea en diciembre de 2019.

Ximena Peña, asambleísta del movimiento Alianza PAIS (AP) y presidenta de la Comisión de Justicia, manifestó que en las reformas al COIP hay artículos de lucha contra la corrupción, como la protección al denunciante, el comiso a terceros, entre otros.

Indicó que actualmente trabajan en las reformas al Código de la Función Judicial, en donde también hay elementos de lucha contra la corrupción, como los juzgados y tribunales anticorrupción, para combatir este fenómeno incluso, dentro del ámbito judicial. “Esperamos en un mes tener listo el informe para segundo debate”, señaló.

Pese a ello, Peña considera que falta compromiso por parte de los administradores de justicia para la implementación de las normas. “La lucha contra la corrupción no es un tema solamente de hacer leyes, sino de la correcta implementación por parte de la Función Judicial”, enfatizó la legisladora.

Aquello comparte Fernando Callejas, asambleísta del movimiento CREO, quien subrayó que el pleno aún está a tiempo para tratar y analizar las leyes importantes contra la corrupción, como la de Extinción de Dominio.

En enero de 2018, él presentó un proyecto contra la corrupción para endurecer las penas contra el peculado y la asociación ilícita, pero no pasó de la mesa legislativa. Así como esta iniciativa, hay muchas que llegaron al Legislativo desde el Ejecutivo y de los asambleístas.

Peña indicó que algunos proyectos fueron incorporados a las reformas al COIP aprobadas en diciembre, una de ellas, del Ejecutivo. En mayo pasado, el presidente Lenín Moreno envió al Legislativo el Proyecto de Ley para Sancionar la Corrupción en Procesos de Contratación Pública en Emergencia.

Días antes, Moreno dijo que el objetivo es “para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas“.

A ello se suma el proyecto de Extinción de Dominio, que busca recuperar los bienes adquiridos por la corrupción. Se estima que dicha normativa sea el vehículo que facilite la recuperación de los dineros robados por funcionarios corruptos.

En mayo, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Leopoldo Quirós, dijo que los bienes adquiridos con recursos ilícitos no pueden tener protección legal y deben pasar al Estado.

Luis Lluglla, analista de planificación de la mancomunidad amazónica, cree que existen jueces que tienen las manos atadas para ejecutar lo que está en la ley. “Las leyes pueden estar bien hechas, pero quienes las ejecutan tienen muchos compromisos políticos, y ese es el mal en el país con la corrupción”, mencionó Lluglla.

Gabriela Rosas, docente de la Universidad Internacional, dijo que el país necesita marcos jurídicos más específicos contra la corrupción, que eviten vacíos legales que posibiliten la repatriación de capitales producto de esos actos. Además, hay que endurecer las penas para quienes los cometan. “No es posible que el mismo sistema jurídico muchas veces les permite cometer ilegalidades”.

“Entonces, el Legislativo debe profundizar los análisis y procurar normas que permitan incautar los bienes de personas que están involucradas en actos de corrupción”.

Cinco leyes del Ejecutivo

Desde mayo de 2017, hasta la fecha, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha enviado a la Asamblea cinco leyes de lucha contra la corrupción, pero no han tenido la acogida esperada.

Una de ellas fue el Proyecto de Ley Anticorrupción y Protección del Denunciante, enviado en septiembre de 2018, y que llegó hasta el segundo debate en el pleno, en julio de 2019. Ahí, los legisladores lo incorporaron a las reformas al COIP.

Otro proyecto es el de Ley Orgánica Reformatoria al COIP en Materia Anticorrupción, presentado en marzo de este año, pero pasó desapercibido por la llegada de la pandemia y la crisis sanitaria.

En diciembre de 2018, la Asamblea aprobó un proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, el cual fue vetado por el Ejecutivo. (I)