El bloque de PAIS ratificó ayer la unidad, tras superar las divergencias en torno a la propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación, planteada por la legisladora Paola Pabón, el pasado jueves.

La discrepancia surgió cuando Pabón formuló la citada propuesta y de que el artículo 149 relacionado con el aborto no punible sea votado de manera individual.

A la moción se sumaron otros asambleístas de PAIS, como Soledad Buendía, Gina Godoy, María Alejandra Vicuña, entre otros, lo que provocó que el bloque se autoconvocara a una reunión que duró cerca de una hora, luego de lo cual volvieron al pleno, donde la presidenta encargada, Rossana Alvarado, resolvió cerrar la sesión hasta ayer que se retomaron los debates.

“Si se evidencia algo que lamentablemente está ocurriendo en PAIS, yo presentaré mi renuncia
al cargo”
Rafael Correa
presidente de la República


Desde un inicio hemos señalado que nos alinearemos a nuestra línea partidaria, a nuestro Código de Ética  
Soledad Buendía
asambleísta de PAIS


“Aquí no se puede hablar de traiciones, hay diferentes puntos de vista, los cuales pueden ser polémicos”
Virgilio Hernández
asambleísta de PAISLa noche del jueves, el presidente de la República, Rafael Correa, advirtió, en una entrevista al canal de televisión Oromar, con renunciar a su cargo si se mantenía la moción de que se despenalice el aborto.

Ayer en la mañana, Pabón retiró la moción para evitar cualquier polémica y división en el interior del bloque oficialista.

La asambleísta Soledad Buendía, una de las que apoyó la moción, dijo que el tema de la despenalización del aborto en casos de violación tiene diversas posiciones, pero que “claramente en movimiento PAIS, desde un inicio, hemos señalado que nos alinearemos a nuestra línea partidaria y a nuestro Código de Ética”.

En ese sentido, sostuvo, la posición será dejar el texto inicial como se había presentado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea. “Nos acogeremos a nuestra línea partidaria y al Código de Ética como dijimos en la participación que tuvimos ayer (jueves), señalando también nuestras convicciones, nuestro pensar, dentro de la democracia interna del movimiento”, recalcó.

Insistió en que el tema no ha generado resquebrajamiento alguno, sino que como en cualquier agrupación política existen posiciones y debates pero siempre hay que alinearse con la posición mayoritaria. “Este no es el primero, pues en el tema Yasuní también había  varias posiciones y asumimos la que era mayoritaria. En todo caso movimiento PAIS está absolutamente sólido y eso jamás ha estado en tela de duda”, destacó Buendía.

El asambleísta Virgilio Hernández coincidió con Buendía sobre la unidad del bloque tras agregar que en el tema hay diferentes posiciones y eso no lo ocultan, pero no significa que pueda haber traiciones. “Las posiciones en PAIS están claras desde Montecristi”, aclaró, por lo que resaltó que son consecuentes con el proyecto político, de tal manera que “aquí no se puede hablar de traiciones, hay diferentes puntos de vista, los cuales pueden ser polémicos, pero por eso mismo ahora tiene más sentido el debate social”.

Sobre el pedido de activistas para que se retirara esa moción del segundo debate, Hernández indicó que están en su legítimo derecho, pero que más allá de los resultados que se obtengan respecto al tema, él seguirá luchando y planteando su punto de vista, porque se considere la despenalización en los casos de violación.

Dijo que es importante que todos nos pongamos en primera persona, que no se piense que esto es un tema externo, sino   que se piense que esto “nos puede pasar a nosotros, a nuestros hijos e hijas, y por lo tanto que podamos plantear ese elemento fundamental de avance, lo cual puede ser un milímetro pero puede ser importante para salvar las vidas de las mujeres”.

“Invito a la sociedad a que debata, a que sea la que se pronuncie si debe despenalizarse el aborto cuando ha sido fruto de una violación, si es o no legítimo”, concluyó.

El asambleísta de SUMA, Ramiro Aguilar, indicó que lo ocurrido ayer es problema de ellos (PAIS) y de su forma como entienden la política. “En mi caso, la petición sigue en la Comisión, la cual yo la presenté   al abrir el debate y está por escrito”.

Recalcó que es un tema que está más allá de las ideologías, más allá de la religión y se preguntó ¿cuántas mujeres que se han practicado un aborto están procesadas penalmente en Ecuador ahora?, y enseguida se contestó: “ninguna”.

DEBATES SOBRE CÓDIGO PENAL CONTINUARON

Los debates se centraron ayer en temas como delitos de testaferrismo, peculado, daño al ecosistema, concusión, enriquecimiento ilícito, sicariato, la mala práctica médica, terrorismo y el aborto.

El asambleísta Armando Aguilar sugirió que no sea punible el almacenamiento y transporte de productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, cuya cantidad sea menor o igual a veinte galones.

Con relación al peculado pidió que se sancione con prisión de 10 a 13 años  la concusión con uno a tres años y el testaferrismo de siete a diez años y multa de 100 a 300 salarios básicos unificados.

El legislador Ramiro Vela apoyó la necesidad de endurecer las penas en los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, pero subrayó que el peculado debe ser sancionado con una multa equivalente al doble del beneficio económico obtenido, por cuanto si bien se los priva de libertad por un determinado tiempo luego disfrutarán con su familia del dinero mal habido.

Franco Romero expresó que no se debe aprobar el proyecto como está concebido, ni que exista presión de organismos internacionales, mientras que la legisladora Marllely Vásconez defendió el contenido del Código porque, dijo, permitirá combatir, con mejores herramientas, la inseguridad, la delincuencia, el sicariato, entre otros delitos.

Óscar Ledesma manifestó que urge combatir la corrupción en el sector público, a la vez que compartió la necesidad de endurecer las penas para sancionar el peculado, el enriquecimiento ilícito, cohecho. Dijo estar en contra de las prácticas del contrabando de combustible, pero sin afectar a la población indígena y rural.

Mientras que Marcela Aguiñaga consideró fundamental establecer en la norma que el Derecho Penal sirva para contener o limitar el poder punitivo del Estado, lo que no significa una obstrucción a la justicia, o un elemento de fomento a la impunidad.