Los 8 años de gobierno de Rafael Correa se han caracterizado por la ruptura con las viejas estructuras del poder expresadas en la gestión, control y administración de sectores clave de la economía y la política con incidencia en lo social.

En este período el país ha sido testigo de que existen otras formas de relacionarse con el resto del mundo y de dialogar con el poder económico. Pero aquello también reveló a la oposición a través de la desinformación que intentó detener procesos clave para el país difundiendo temores entre la población.

Quizá el primer episodio de una serie de “riesgosas” decisiones advertidas por la oposición fue no renovar el convenio de cooperación en seguridad con EE.UU. y que condujo a la salida de la Base Militar de Manta.

Luego vinieron las críticas a las “amistades peligrosas” del Presidente con países “antiimperialistas”, como Libia, Rusia e Irán, así como su cercanía con los mandatarios Hugo Chávez y Fidel Castro. Bajo esa línea varios analistas temieron el distanciamiento de Ecuador con EE.UU. y su impacto en las relaciones comerciales y líneas de financiamiento. Y con este país han sido saludables todas las relaciones.

A medida que el Gobierno avanzaba, las preocupaciones de la oposición eran mayores. La agenda legislativa, que incluyó, por ejemplo, la Ley de Comunicación, dio lugar a la especulación sobre la prisión deperiodistas y el fin de la libertad de expresión.

En el ámbito social, una reforma tributaria contra las tierras ociosas amenazó, según los detractores del Gobierno, con la estatización de la propiedad privada y la creación desproporcionada de más impuestos para los ecuatorianos.

La inseguridad ciudadana también fue parte del discurso que sostuvo la oposición en este período.

Los 8 mitos de la oposición

MITO 1

“Ecuador amenaza con convertirse en sede del narcotráfico sin Base de Manta”

En diciembre de 2012, Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, dijo a diario La Hora que entre 2005 y 2012 hubo un incremento, al menos, del 90% de las rutas marítimas de desplazamiento de droga desde Ecuador hasta Centro y Norteamérica.

Su argumento era los ‘perjuicios’ que implicaban permitir que la Base Militar de Estados Unidos deje de operar en Ecuador desde septiembre de 2009 -después de 10 años- pese a tener una posición estratégica para el control de estupefacientes.

Un informe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, emitido en 2009, determinó que en los 10 años de operación de la Base de Manta se reportó el decomiso de 81 toneladas de droga en Ecuador, de un total de 1.758 toneladas incautadas en 11 países.

Y al contrario de lo previsto por Pazmiño, en enero de 2014 la Policía informó sobre la incautación de 241 toneladas de droga en los 4 años posteriores a la salida del Puesto de Control Avanzado (FOL, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Como Pazmiño, hubo quienes advirtieron los efectos negativos que traería la salida de la Base de Manta en el ámbito comercial, lo que tampoco ocurrió.

MITO 2

“El Estado podría intervenir en las operaciones petroleras”

En enero de 2011, Wilson Pastor, exministro de Recursos No Renovables, anunció la renegociación de 15 de sus 24 contratos petroleros con multinacionales, lo que garantizaba una renta del 80% en promedio e inversiones por $ 1.385 millones.

Así las empresas aceptaron pasar al contrato de prestación de servicios, que le confiere al Estado la propiedad del 100% de la producción, y obliga a las firmas a invertir y reduce sus beneficios. Con la figura de participación el país recibía el 18% de lo extraído.

A fines de 2012, la revista Gestión entrevistó al presidente de la Asociación de Industriales Hidrocarburíferos, José Luis Ziritt, quien consideró que era poco 4 meses para la renegociación: “Preocupa el hecho de que el Estado podría intervenir en las operaciones porque incluso en el literal g de la Agencia de Regulación se especifica que el Estado, por su conveniencia, podría intervenir en las operaciones petroleras”.

Sin embargo, en enero de 2013 Pastor anunció que la recuperación de la renta petrolera generó $ 2.795 millones en utilidades adicionales por la renegociación de 24 contratos, recursos que fueron redireccionados a obra pública.

MITO 3

Ante la CIDH denunciaron: “La ley mordaza ocasionará el cierre de medios”

La Constitución de 2008 dio paso a la construcción de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que garantice el derecho a: “Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social”.

La resistencia fue inmediata bajo el argumento de la “autorregulación” de los medios. Asambleístas de la época, como César Montúfar, dijeron que al aprobarse la ley “la libertad de expresión estará supeditada a sanciones administrativas, como multas económicas, incluso el cierre temporal o definitivo de los medios (Diario Hoy, 12 de noviembre de 2009).

Actores políticos y periodistas de medios privados la tildaron de “ley mordaza” y denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una supuesta afectación a la libertad de expresión, augurando que habría periodistas presos por delitos contra la honra e injurias. Organizaciones, como Reporteros sin Fronteras, emitieron informes al respecto: “En un año los artículos de esta ley peligrosos para la libertad de información se tradujeron en 66 ataques a periodistas”.

Más de un año después de aprobada la LOC, vigente desde junio de 2013, la Supercom ha multado a RTS con cerca de $ 60 mil, a El Universo con casi $ 90 mil, a La Hora con el equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos 3 meses, y a Extra, por reincidir, con el 10%.

MITO 4

“Reemplazar la inversión privada por la inversión pública es claramente errado”

En febrero de 2010 la revista Perspectiva de la Universidad Los Hemisferios exponía en su artículo El Gran problema del Ecuador: “En el año 2000, la inversión privada representaba cerca del 17% del PIB ecuatoriano y el 81% de la inversión total. En 2008, la privada representó el 10% del PIB y el 42% de la inversión total.

Eso significa que hubo un fuerte retroceso de la actividad privada en la economía ecuatoriana, que se ha acentuado en los últimos años. En contraparte, la inversión pública está aumentando. (...) El camino de reemplazar la inversión privada por la inversión pública es claramente errado; de ninguna forma puede el Estado mantener niveles de productividad similares a los del sector privado y tampoco puede ni debe invertir en actividades que el sector privado deja de lado por falta de interés o falta de garantías”. Y aquella visión es hasta hoy sostenida en los medios de comunicación por ciertos economistas.

Después de 8 años, Ecuador mantiene una tasa de crecimiento (el promedio del PIB entre 2007 y 2014 fue 4,3%) superior al promedio de América Latina (3,2%) y es uno de los países que más invierte.

En 2006 se destinaban $ 2.180 millones al pago de la deuda externa y $ 1.976 millones a la inversión social, una realidad que contrasta con la actualidad: $ 1.944 millones fueron a la deuda externa y $ 8.849 millones al sector social. Eso ha permitido garantizar la gratuidad de la educación, la salud y vivienda.

MITO 5

“En este Gobierno se vive un clima de persecución política y judicial”

A consecuencia de un supuesto proceso de regresión y vaciamiento de contenido de derechos, ciertos dirigentes indígenas, como el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, aseguran que en este Gobierno se vive un clima de persecución política y judicial, y que algunos de ellos han sido acusados de sabotaje y terrorismo.

A ello denominan “criminalización de la protesta social” y así lo han dicho dentro y fuera del país. Por ejemplo, en agosto de 2012, en la reunión del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) denunció que las protestas en Ecuador se han dado en defensa de los derechos a la tierra, territorio, derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, pero que eso ha provocado persecución y criminalización.

Pero, no dijo que el 8 de marzo de 2012 una marcha indígena que partió de Pangui (Zamora) llegó a Quito a rechazar la supuesta política extractivista y minera y que nadie fue detenido. Igual ha ocurrido en otras marchas.

EL TELÉGRAFO consultó a Herrera ¿quiénes son y en qué cárceles están los presos por la criminalización de la protesta? “Existe, obviamente, el mismo Pepe Acacho que está con orden de detención”, dijo. No pudo “recordar” más nombres.

También aseguran que Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, enjuiciados por injuriar al presidente Rafael Correa, son parte de ello.

MITO 6

“Las reformas al sector suponen una incautación a la propiedad privada”

La reforma planteada por el Gobierno en 2011 para gravar la posesión de tierras superiores a 25 hectáreas en el sector rural que no estén en producción dio lugar a una serie de advertencias sobre una supuesta “incautación” de la propiedad privada. Y a ello se sumó la ejecución de un programa de areteo para el ganado del país que, según algunos dirigentes indígenas de oposición, buscaba crear nuevos impuestos para los pequeños campesinos.

Y fue la legisladora Lourdes Tibán quien se encargó de difundir en las comunidades acerca de las pretensiones del Gobierno.

Después de 4 años ni las tierras de los campesinos han pasado a manos del Estado ni los pequeños ganaderos tienen nuevos tributos.

El impuesto a las tierras improductivas motivó que grandes extensiones sean entregadas a asociaciones campesinas para nuevos emprendimientos. Mientras que en el areteo se invirtieron $ 10 para facilitar el control sanitario (fiebre aftosa) y el registro del ganado.

En aquel momento el presidente Rafael Correa sostuvo: “El areteo es una aspiración viejísima de los ganaderos para trazabilidad, para vacunar, tener un código de barras, para saber qué raza y de dónde es, así se puede exportar fácilmente, pero andan diciendo que se va a poner impuestos y han dicho que se va a poner impuesto hasta en los cuyes, con esa clase de gente qué se puede hacer”.

MITO 7

Lasso: “El Gobierno se ha especializado en crear un impuesto semanal”

En noviembre de 2014, el exbanquero y dirigente de CREO, Guillermo Lasso, intentó generar malestar en el país al decir que “el Gobierno se ha especializado en crear un impuesto semanal”.

Incluso -a través de los medios privados- aseguró que el Gobierno busca generar impuestos en desmedro de las amas de casa con la eliminación del subsidio al gas, haciéndole gastar en cocinas de inducción y obligándolas a aportar a la seguridad social, así como a través de los “impuestos disfrazados” al poner tope a las utilidades de los trabajadores.

El ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, retó a Lasso a demostrar lo dicho, pero el exbanquero y miembros del desaparecido MPD prefirieron incentivar la marcha del 19 de noviembre para rechazar toda clase de reformas e impuestos.

Lasso y opositores de derecha, al parecer, no perdonan al Gobierno que desde 2007 haya implementado 10 reformas que han vuelto eficiente la recaudación tributaria.

Los ingresos permanentes del Presupuesto General del Estado ($ 34.897 millones en 2015) suman $ 24.412 millones; de ellos, el 63,7% proviene de recaudar impuestos ($ 15.567 millones). El PGE no depende ahora solo de la venta y precio del crudo.

MITO 8

“Miles de presos y delincuentes saldrán a las calles con la aprobación del COIP”

En 2010 la asambleísta Cynthia Viteri declaró que “hasta diciembre de este año habrán pagado $ 4 millones de nuestros bolsillos para poder liberar a 11.000 presos que están en las calles gracias a la actitud del Gobierno”, basada -sostuvo- en información de la Defensoría del Pueblo y acusó al presidente Rafael Correa de ser el “principal autor de que esas 11.000 personas presas estén en las calles volviendo a delinquir”, en referencia a quienes se les venció el plazo de un año sin sentencia.

Su crítica se extendió después a la consulta popular de 2011 que planteó una profunda reforma al sistema de justicia y lo propio ocurrió en el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pese a ello, solo así se logró determinar que en el país había 1’699.154 juicios represados que se han evacuado progresivamente con la creación de nuevos juzgados y centros de mediación. Aquello incidió en que no haya más presos sin sentencia que puedan beneficiarse del sistema conocido como 2x1.

Y son varios los analistas que concuerdan en que una ley más represiva no incide en los índices de seguridad, sino en el entorno social.

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