Es la recta final del juicio político que enfrenta María Paula Romo, ministra de Gobierno. Más de cinco horas duró su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional este sábado 31 de octubre. En el centro del debate: su actuación durante el paro nacional de octubre de 2019. 

El incumplimiento de funciones es la causal para el proceso: los interpelantes se fundamentan en tres hechos: Uso de bombas lacrimógenas caducadas, supuesto ataque a zonas de acogida humanitaria y una convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la protección del trabajo de periodistas y trabajadores de la Comunicación. 

Uso de bombas lacrimógenas caducadas

Las acusaciones en este punto fueron diversas y hasta contradictorias. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, señaló que los efectos de las bombas lacrimógenas caducadas son nocivos para la salud humana y se citó un estudio de la doctora Mónica Krauter. "Sería como consumir un yogurt de cianuro de hidrógeno, compuesto altamente tóxico que, por dar un ejemplo, en una concentración de 300 partes por millón en el aire es suficiente para matar a un humano en cuestión de minutos".   

Mientras el legislador Roberto Gómez señaló que "se puso en riesgo la integridad de los policías", pues cuando las bombas lacrimógenas están caducadas pierden el efecto de toxicidad y no sirven para dispersar a los manifestantes. 

Romo reconoció que se usaron bombas lacrimógenas caducadas en un contexto en el que la violencia superó las capacidades de la Policía; había un golpe de Estado en marcha y grupos violentos que con armas de fabricación casera sembraban el terror e incendiaban Quito; y que en esas circunstancias se debió tomar decisiones: permitir que los violentos acaben con la democracia o utilizar armas letales. Ante esta realidad se optó por lo prudente. "Pero que quede claro, nadie perdió su ojo porque una bomba no funcionó. Algunos perdieron sus ojos porque manifestantes violentos lanzaron objetos contundentes. Nadie fue secuestrado porque una bomba no funcionó, fueron secuestrados porque alguien decidió secuestrar policías o periodistas". 

AHORA | Comparece @mariapaularomo ante la Comisión de @FiscalizacionAN de la @AsambleaEcuador en el marco del #JuicioPolítico.

Asegura que la fuerza pública actuó con PRUDENCIA y RESPONDABILIDAD. ⏬ pic.twitter.com/MSx3nPryi9

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) October 31, 2020

Supuestos ataques a zonas de acogida humanitaria

¿Hubo la orden de lanzar bombas en zonas de acogida humanitaria? Romo fue categórica: No. En el primer día de los hechos violentos en una persecución a manifestantes una bomba cayó cerca del sitio donde dormían los manifestantes. "Ante lo cual se tomó la resolución expresa de que la Policía no se acerque a estas zonas. No hubo ninguna incursión a estos lugares. La policía acompañó y garantizó las expresiones pacíficas de protesta social y evitó que los hechos violentos sigan escalando", resaltó.

Comité interinstitucional de protección de periodistas

Romo señaló que de acuerdo al marco legal vigente, no le corresponde convocar a su conformación ni integrarlo. El mismo está conformado por el secretario de Comunicación, el ministro del Interior, la secretaría de la Presidencia de la República, el Canciller y el titular del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, de modo que no está inmersa en ningún incumplimiento, agregó Romo. 

El asambleísta Rodrigo Collahuazo cuestionó que la cúpula policial, militar y varios ministros de Estado acompañen a Romo a esta comparecencia. "Usted se está escondiendo debajo del uniforme de los policías", señaló. 

Marco legal

De acuerdo a lo planteado por los interpelantes, la ministra de Gobierno debería ser sancionada, aplicando el literal 25 del artículo 120 del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (COESCOP). Este artículo está dentro del título tercero, del "Régimen administrativo disciplinario de los policías". Sin embargo Romo es una autoridad civil. Ningún civil puede ser procesado con esa normativa que, por ejemplo, entre sus sanciones establece la expulsión del cuerpo policial. 

Motivos ocultos

Durante su intervención Romo señaló que hay motivaciones ocultas detrás de este proceso. Leyó un documento denominado Manifiesto de Quito, en el cual se llamaba a destituir al presidente de la República, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y liberar a presos políticos, entre otros aspectos. "¿A quiénes se pretendía liberar, a los sentenciados por peculado y sobornos?" preguntó Romo.  

También señaló que hay fuerzas que intentaron un golpe de Estado y hoy buscan revancha. "Detrás también hay quienes quieren frenar las investigaciones de la estafa al ISSPOL y buscan mi salida del Gobierno".

Conflicto de intereses

El asambleísta de la Revolución Ciudadana Yofre Poma fue sentenciado a un año y cuatro meses por paralización de servicio público, tras haber ingresado a las instalaciones de un pozo petrolero en Sucumbíos, en el marco de las protestas de octubre de 2019. Desde marzo pasado él regresó a la Asamblea Nacional. Él votará en este proceso, en el que, según Romo, es evidente el "conflicto de intereses". Lo mismo sucede con asambleístas que han sido señalados por el exlegislador Daniel Mendoza por supuestos actos de corrupción. Hechos que fueron denunciados por Romo. Es decir, se abriría un espacio a posible vendetas políticas.    

Proceso

La Comisión de Fiscalización tiene cinco días para elaborar el Informe. Si este recomienda el archivo de la causa, ahí finalizaría este juicio político. Si se recomienda una sanción, el mismo pasaría al pleno de la Asamblea Nacional. Se necesitaría del voto de 90 legisladores para una sanción y destitución. (I)