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Municipios brindan aportes a normas que trata la Asamblea

Los alcaldes advierten que si no se trabaja en el ordenamiento territorial los municipios tendrán problemas en dotar de infraestructura de servicios.
Los alcaldes advierten que si no se trabaja en el ordenamiento territorial los municipios tendrán problemas en dotar de infraestructura de servicios.
Cortesía
24 de abril de 2020 - 00:00 - Redacción Política

La comisión de Gobiernos Autónomos receptó aportes del municipalismo en el marco del procesamiento del informe para segundo debate de las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).  

En dicha sesión virtual también se conocieron los criterios sobre la derogatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento, Uso y Gestión de Suelo (Loogtus).

El alcalde de Archidona, Andrés Bonilla, solicitó que la presentación de los planes de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que por ley deben presentar los municipios el 14 de mayo, se la haga 12 meses después de superada la crisis.

Al respecto, la asambleísta Wilma Andrade comparte la inquietud de los alcaldes en torno a la imposibilidad de entregar los planes de ordenamiento territorial en los plazos actuales que establece el Cootad.

Por ello sugiere que esto podría superarse a través de una disposición en uno de los proyectos urgentes.

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, junto a otras autoridades de la ciudad, brindaron aportes sobre la situación de las herramientas para el uso y gestión del suelo.

Palacios indicó que la condensación dispersa de los habitantes en los territorios hace que la inversión de las alcaldías, en dotación de servicios básicos, sea elevada.

Dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio para Cuenca, determinó que para dotar de infraestructura básica en la periferia de la ciudad se necesitarán $ 3.500 millones.

“Es necesario una norma que permita aprovechar el uso y gestión del suelo”, subrayó el burgomaestre, quien se muestra contrario a derogar la Loogtus porque sería retroceder en derechos ciudadanos contemplados en la Constitución. (I)

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