El presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó el martes al Pleno para tratar el juicio político a la ministra de Gobierno María Paula Romo.  El pedido de a la interpelación, por “incumplimiento de funciones” en el paro nacional de 2019, lo plantearon los asambleístas Roberto Gómez, ex CREO, actualmente independiente; Lourdes Cuesta, ex Creo, actualmente independiente; y Amapola Naranjo, de la Revolución Ciudadana.

La Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó el juicio político para la censura y destitución de la Ministra Romo.

Las causales para el juicio eran tres, pero quedaron dos: el uso de bombas lacrimógenas caducadas en contra de manifestantes; lanzar bombas lacrimógenas a centros de paz y acogida humanitaria y convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Pero la mesa legislativa desechó esa última causa porque no es una función de la autoridad.

Se necesitan 91 votos para la censura, pero el mapa de la votación de las bancadas aún no está claro y los criterios de los asambleístas están divididos. Algunos creen que no hay causales para el juicio porque la Ministra actúo de acuerdo a la ley; otros dicen que las causales de la interpelación están bien fundamentadas.

Por ejemplo, en la Bancada de Integración Nacional (BIN) solo los integrantes de Pachakutik (seis) están a favor de la destitución. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, pidió a  los militares "hacer un golpe de Estado" durante el paro. El Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) se ha pronunciado por la censura; la Revolución Ciudadana (RC) comparte ese mismo criterio y algunos de sus integrantes han liderado una campaña de acoso, difamación e insultos en las redes sociales en contra de la Ministra Romo. Mientras, CREO se reunirá hoy para definir su posición, y los independientes, que suman 32, tienen diferentes criterios.

El paro

El paro de octubre de 2019 duró 11 días y fue convocado por el movimiento indígena, los transportistas, algunas organizaciones sociales y políticas como el correísmo, la FEUE y los sindicatos.  Un paro que provocó una conmoción social: incendiaron la Contraloría, donde estaban todos los exámenes especiales de los casos de corrupción de los 10 años de gobierno de Rafael Correa. Atacaron ambulancias, pozos petroleros; servicios básicos; a Teleamazonas e hirieron al periodista Freddy Paredes; destruyeron propiedades públicas y privadas; cerraron carreteras. Hubo saqueos y brotes de insurrección para romper la institucionalidad democrática.

Las manifestaciones de octubre dejaron 11 personas muertas, 1.330 detenidos, 435 policías heridos, 47 militares, 10 policías y 20 periodistas retenidos. Las pérdidas sumaron 829 millones, según el Banco Central y hay 819 causas que se investigan en la Fiscalía.

El origen de la conmoción social fue el Decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles.