La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional resolvió solicitar información a más de 9 entidades, así como funcionarios públicos, entre ellos el fiscal general Galo Chiriboga, además de periodistas, como parte de las investigaciones por el caso de los 'Panamá Papers'.

Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que espera que las comparecencias se realicen desde la próxima semana.  Entre las entidades convocadas para que brinden información constan el Servicio de Rentas Internas (SRI), Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, superintendencias de Bancos y Compañías, Contraloría,  Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, Registro de la Propiedad, municipios, Ministerio del Trabajo y la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entre otras.

El presidente de la mesa de Justicia indicó que al SRI se solicitará la declaración del impuesto a la renta del funcionario público desde su inicio de gestión y si ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Al Municipio de Quito, en cambio, se pedirá certificar si el funcionario público ha cumplido con sus  obligaciones tributarias.

Según Andino, al Registro de la Propiedad se solicitará que dé a conocer qué tipos de propiedades están a nombre del funcionario público o de personas particulares. 

A la Contraloría se pedirá las declaraciones juramentadas de inicio y fin de gestión, que podrían ser de 7 años atrás hasta la fecha. 

De su lado, a la Superintendencia de Compañías se solicitará información sobre las compañías creadas en las que el funcionario público sea socio o accionista. 

También, a la Superintendencia de Bancos se pedirá información sobre las actividades financieras en cuentas bancarias. 

Sin embargo, a todas las instituciones se solicitará conocer qué acciones han emprendido desde  que se conoció la información de los Panamá Papers. 

Luego de ello, dijo que en una segunda etapa se convocará a los periodistas de los diarios El Comercio y El Universo, que participaron en la investigación, así como de EL TELÉGRAFO.

Andino señaló que los comunicadores no tienen obligación legal de comparecer, pero sí "ética".

El asambleísta Miguel Moreta (CREO) propuso que como parte de las investigaciones se viaje a Panamá para recoger información de primera mano de las superintendencias de Compañías y Bancos de ese país.

Andino acogió el pedido, sin embargo, aclaró que ese viaje debería pagarse con fondos de cada legislador. Los integrantes de la comisión aceptaron la propuesta.

La asambleísta Gina Godoy propuso que la comparecencia de los 6 periodistas se realice de manera reservada. Sugirió 4 cuestionamientos para los comunicadores sociales, entre ellos: ¿Cómo fue la investigación periodística?, ¿Cuál fue el proceso de evaluación de la información proveniente de los archivos de la firma Mossack Fonseca por parte del Consorcio Internacional de Periodistas para la investigación?, ¿Cómo llegaron a las conclusiones sobre la constitución de las compañías 'offshore'? y ¿cuáles fueron los entretelones de esta investigación?.

Godoy dijo que seguirán insistiendo en que "se difunda toda la información", ya que consideran que lo que se publicó fue "selectiva, parcial, de a  poquito, a cuenta gotas".

La legisladora Magaly Orellana (PK) consideró como inapropiada la invitación a los periodistas, porque "sería amedrentarlos". 

Sin embargo, Marisol Peñafiel (PAIS), dijo que no y lo que buscan es conocer insumos que contribuyan con la investigación. "Nuestra obligación es investigar", aclaró, a la vez que recordó que de encontrarse anomalías la mesa legislativa podría proponer juicios políticos con base a la información que se revele. 

En la mesa legislativa se leyó una carta que fue enviada  por el fiscal Galo Chiriboga el pasado 11 de abril. En esa misiva, el funcionario dice estar abierto a participar de las investigaciones legislativas. Señaló que la empresa Madrigal se constituyó hace 17 años cuando no era funcionario público.

Luis Fernando Torres (PSC-Madera de Guerrero) señaló en la comisión que Panamá no es considerado un paraíso fiscal. Sin embargo, Andino dijo que el Servicio de Rentas Internas (SRI), el pasado 28 de enero, realizó una lista de los países que son considerados como paraísos fiscales. "Ahí consta Panamá", afirmó. 

Torres indicó que espera que la investigación revele si las inversiones de los ecuatorianos en ese país se realizaron de "forma legal o no". Manifestó que espera el análisis se realice de manera imparcial y "sin tachar a ninguna persona".

El legislador añadió que la Asamblea debe determinar si los inversionistas ecuatorianos evadieron impuestos, realizaron operaciones de lavado de dinero, corrupción o narcotráfico. (I)