Los asambleístas de CREO Fernando Flores, Byron Suquilanda y Marcelo Simbaña, y del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) María Cristina Reyes, presentaron las pruebas de cargo contra la excanciller y presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), María Fernanda Espinosa.

Ambas organizaciones piden interpelar a la exministra por faltas como abandono de la frontera norte, irregularidades en la nacionalización de Julian Assange y la desatención de ecuatorianos luego de la crisis de Venezuela.

La Comisión de Fiscalización, encabezada por la legisladora de Alianza PAIS, María José Carrión, recibió la solicitud. Ella dijo que el próximo miércoles acudirán al pleno 19 personas que serán parte del proceso contra la excanciller.

Además, informó que Espinosa enviará por escrito sus pruebas de descargo y solicitó que se realicen otras pruebas de oficio. “La ley faculta a la exministra para que su pronunciamiento sea de forma oral o escrita”, explicó Carrión.

Para el catedrático Andrés González, el escenario de un posible juicio político contra la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU debe ser analizado desde dos dimensiones: nacional e internacional.

La dimensión nacional abordaría un posible juicio político. “Los asambleístas están cumpliendo con su labor, que es fiscalizar el tiempo en el cual Espinosa fue canciller”.

González señaló que las investigaciones de los parlamentarios deberían dirigirse también a los funcionarios que fueron ministros de Relaciones Exteriores cuando concedieron el asilo a Julian Assange.  

A nivel internacional comentó que el juicio político no afectaría las funciones que actualmente desempeña Espinosa. “No tendrá repercusión con su trabajo, de hecho, tiene reuniones con funcionarios de Estados Unidos y Gran Bretaña; las relaciones en el marco de las Naciones Unidas no están afectadas”, subrayó el académico. (I)