La asambleísta Marcela Aguiñaga emitió un comunicado para rechazar la responsabilidad civil que descargó la Contraloría General en su contra, por una glosa de $ 41 millones en la compra-venta de los terrenos del Parque Samanes, en Guayaquil.

Según Aguiñaga, la Contraloría pasó por alto sus argumentos y pruebas, dentro de un proceso que inició hace un año y medio. Además, la legisladora manifestó que la institución pública actúa “de manera extemporánea”.

[COMUNICADO] Ante resolución de Contraloría por compra-venta de terrenos para el Parque Samanes. #NoALaPersecuciónPolítica pic.twitter.com/qAJaMomePQ

— Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) 7 de noviembre de 2017

En 2010, el Ministerio del Ambiente, con Aguiñaga como su titular, compró 66 lotes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). Sin embargo, la transacción se efectuó en base a un precio mayor al establecido por el Municipio de Guayaquil. El terreno fue avaluado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

“La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas establecía que el avalúo de la Dirección municipal procedía únicamente en casos de expropiación y meramente con carácter referencial”, se defendió Aguiñaga.

También justificó que los terrenos fueron declarados como zona protegida, por lo que su competencia era directa del Gobierno Nacional.

Aguiñaga denuncia una presunta presión política en su contra de parte de la Contraloría. Calificó a este proceso como lleno de inconsistencias y arbitrariedades. Asimismo, la exministra dijo que no existe “perjuicio al Estado”, porque el dinero de la compra-venta se encuentra en arcas fiscales. (I)