En la Constitución de 2008 se incluyó a las regiones en la división territorial. Fue una innovación con el objetivo de descentralizar el país. Pero luego de 5 años de haber sido creada la figura, esta aún no se materializa. Ninguna autoridad, ni del Ejecutivo ni seccional, ha hecho alguna gestión para conformar una región.

La Carta Magna, en el artículo 245, establece que son los prefectos quienes deben elaborar un proyecto de regionalización para presentarlo a la Asamblea Nacional. El Legislativo debe aprobarlo y enviarlo a la Corte Constitucional para su validación. Finalmente serán los ciudadanos los que tendrán la última decisión a través de una consulta popular.

En la Constitución también se establece cuáles son las condiciones para conformar una región. Esta tendrá una autoridad de elección popular, así como sus propios símbolos que la identifiquen. En la organización territorial del Estado se contempla a las regiones como otra figura de división territorial, junto a las prefecturas, municipios y juntas parroquiales.

El principal problema es que los 24 prefectos, quienes deben tomar la iniciativa para crear la nueva división, consideran que al interior de sus provincias aún se deben resolver varios problemas antes de iniciar el proceso.

A los prefectos solo les queda 2 años para crear las regiones. Así consta en el inciso 9 de la disposición transitoria primera de la Constitución. Allí se especifica que el tope de tiempo para crear las regiones no excederá los 8 años luego de aprobada la Constitución, es decir que el plazo vence en 2016. Lo mismo se ratifica en el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad).

En la organización del territorio contemplada en el Cootad, el capítulo primero hace referencia a las regiones. La norma otorga la potestad al Ejecutivo de cumplir con la Constitución si los prefectos no toman la iniciativa.

Frente a esta situación, los prefectos del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), presentaron a la Asamblea la petición para que se elimine el plazo de 8 años. Ellos quieren socializar el tema. Los asambleístas de PAIS acogieron la petición y la incluyeron en las enmiendas remitidas a la Corte Constitucional para su calificación.

La propuesta no tiene respaldo

Paola Pabón, legisladora que integra la Comisión de Organización Territorial de la Asamblea y que participó también en la Constituyente de Montecristi, reconoció que la regionalización del país es un proceso políticamente complejo.

“Esto implica la voluntad de los prefectos. Por eso planteamos la enmienda para eliminar el plazo porque luego de los 8 años es labor del Ejecutivo enviar el proyecto para la regionalización. Creo que hacer un solo proyecto de ley desde el Gobierno central alterando la estructura del Estado sería bastante forzado... por eso lo que hicimos es eliminar el plazo, sin alterar la estructura”, detalló Pabón.

La legisladora dijo que en su Comisión no se ha contemplado algún mecanismo para cumplir con la disposición constitucional. “No lo hemos discutido. La única vez que abordamos el tema de la regionalización lo hicimos en el marco de la elaboración del Cootad. Este es un tema que no le correspondería a la Asamblea sino a otras instancias como al Consejo Nacional de Competencias, que es el órgano técnico que acompaña a los gobiernos autónomos descentralizados. Además también debe tomarse en cuenta la posición de los gremios como Congope, AME y Conagopare”, aseguró.

“Desde Montecristi he sido muy escéptica en el tema de las regiones y digamos que la postura de varios asambleístas ha coincidido con el planteamiento del Congope”, afirmó.

El asesor legislativo, Fernando Buendía, destacó que la regionalización “no tiene respaldo” porque los prefectos estarían entregando a otra autoridad parte de sus competencias. Esa sería una de las principales razones para que no se haya concretado el proceso. Lo único que se ha logrado, agregó, es la conformación de mancomunidades, pero con inestabilidad.

“El proceso desemboca inevitablemente en consultas populares, lo que implica un costo político inevitable”, recalcó Buendía. En el Cootad se contempla que si los prefectos no se ponen de acuerdo será el Ejecutivo el que realice la nueva división territorial. “Esta posibilidad también implica un costo político”, insistió el funcionario.

Para el asesor legislativo el procedimiento aplicable sería “que los prefectos se pongan de acuerdo en cuáles serán las funciones que ejercerá la nueva autoridad de la región y definir cuáles serán las competencias que se quedan en las prefecturas. Pero en general la conformación de la región debilita a los Consejos Provinciales y hace que el accionar de estos sea bastante limitado”, enfatizó.

Y es que al momento de aprobarse la región esta estará encabezada por una autoridad adicional, que será de elección popular.

Otro inconveniente es que, según Buendía, “las personas se sienten bastante identificadas con sus provincias, la identidad es muy fuerte y el intentar cambiar esto por imposición tendría un alto costo para cualquier gobierno”, enfatizó.

Por esta razón no hay quién decida impulsar el proceso, mientras tanto continúa detenida la descentralización. Al no haber regiones, que son el mayor nivel de Gobierno descentralizado para asumir competencias, estas siguen en manos del Gobierno central.

Por su parte los prefectos mantienen varias reuniones para tratar de fortalecer la petición de eliminar el plazo constitucional. El titular del Congope y prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, actualmente mantiene una gira por todo el país para establecer contacto con sus colegas, aunar esfuerzos y sustentar su postura. “Esperamos que la Corte Constitucional nos convoque para escuchar nuestras razones”, detalló, durante un encuentro la semana pasada con su similar de Guayas, Jimmy Jairala.

Paralelamente, en la sesión de la Comisión Ejecutiva del Congope las autoridades analizaron la posibilidad de plantear otra enmienda para postergar la regionalización.

Marco Troya, prefecto de Los Ríos, destacó la unidad del gremio en torno a la enmienda.

Hasta ahora lo que se ha logrado es la desconcentración de funciones en el ámbito administrativo del Ejecutivo.

Fue un esquema ideado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). “Puede ocurrir que el siguiente gobierno modifique la planificación y cree otra estructura, no se ha creado una división territorial, es un tema administrativo”, aclaró Buendía.

Senplades ha dividido al territorio en 9 zonas, articulando las acciones con los diferentes niveles de Gobierno. Ahora trabajan en la aplicación de Plan de Desarrollo Territorial que se aplicará hasta 2017.

Mancomunidad es el Plan B

Para Buendía la recomendación o el plan B es que las provincias que estén en capacidad de convertirse en región lo hagan. Estas serían Guayas, Manabí y Pichincha.

Está de ejemplo el caso de Colombia, que aprobó el nuevo nivel de Gobierno en la Constitución de 1999 y no ha avanzado. “No creo que deba esperarse la voluntad de los Consejos Provinciales sino más bien adoptar el plan B. El resto de provincias más pequeñas deberían mancomunarse para constituirse en regiones”, dijo el asesor.

En el Consejo Nacional de Competencias solo se registran 4 mancomunidades que involucran a provincias. También hay asociaciones informales entre las provincias para trabajar en asuntos específicos como el manejo de desechos sólidos o en el desarrollo de una cuenca hidrográfica.

En la actualidad la Asamblea Nacional trabaja en la Ley de Ordenamiento Territorial, que busca poner orden en el uso del suelo en cada territorio.

Datos

El artículo 242, que trata sobre la organización del territorio, dice que el Estado se organiza en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Esto aún no se aplica.

La Senplades aplica la división de Planificación, que es solo un nivel administrativo. La entidad trabaja con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Plan de Desarrollo Territorial.

Las cuatro mancomunidades registradas son las de Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura. En la segunda están Esmeraldas, Napo y Sucumbíos. En otra iniciativa se integran Azuay, El Oro y Loja.

Las provincias amazónicas también han conformado un grupo: Orellana, Morona Santiago, Pastaza, Napo y Zamora Chinchipe. Todas ellas están registradas en el Consejo Nacional de Competencias (CNC).