El presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope), Pablo Jurado, indicó que los gobiernos provinciales emprenden una serie de acciones basadas en los lineamientos del COE nacional, para enfrentar la emergencia sanitaria.

¿Cómo enfrentan las prefecturas esta emergencia?

Los prefectos realizaron reformas internas sin que alteren sus presupuestos y desde el Congope se los orientó para enfrentar la crisis alimentaria que se preveía, porque de la sanitaria, obviamente, el Gobierno hace los esfuerzos necesarios para tener una cobertura y respuesta adecuada para combatir la problemática.

¿Qué tipo de ayuda han brindado hasta el momento?

Raciones alimenticias, con un promedio entre $ 15 y $ 20, que basado en un catastro de pobreza de las juntas parroquiales y el Ministerio de Inclusión Económica y Social se llega a las personas de escasos recursos.

¿Hoy las prefecturas están ajustando sus presupuestos?

Ese plan operativo anual habrá que revisarlo con el tiempo porque ahora, en mi caso (Prefecto de Imbabura), con el ahorro de la moratoria del Banco de Desarrollo saldría estos tres meses dando una buena ayuda. Por ejemplo, si damos un kit de alimentos para cuatro personas de escasos recursos representaría que con 10.000 kits llegaríamos a 40.000; si lo hacemos en los tres meses serían 120.000.

¿Hay avances en el pedido de transferencia de recursos por parte del Gobierno?

En las últimas horas insistimos, a través de un oficio que enviamos al Ministerio de Finanzas, para que se hagan los esfuerzos y se transfieran los recursos. Entendemos que el Gobierno tiene problemas de liquidez, pero la población nos presiona para que les ayudemos. No pedimos dinero para hacer obras, sino para brindar ayuda en la emergencia.

¿Cuál es el monto que le adeudan a las prefecturas?

Varía de acuerdo al territorio, número de habitantes, etc.. Por ejemplo, a Imbabura, que es una provincia de algo más de 450.000 personas, y como la deuda implica dos meses (febrero y marzo), representa unos   $ 4’500.000. Aclaro, a algunas prefecturas sí les han transferido una parte de los recursos.

¿Cómo avanza la propuesta para que los gobiernos seccionales no paguen IVA?

Ese es un planteamiento de décadas. Por eso a nuestro compañero Leonardo Orlando (prefecto de Manabí), cuando fue director del Servicio de Rentas Internas le decíamos que el sector público no pague el impuesto al valor agregado, pero él siempre tuvo como argumento que eso le afectaba en el cruce de información que tenía, pero hoy que es prefecto, dice que sí se puede. (I)