El proyecto de ley para que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) administre los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y que hoy se debate en la Asamblea busca asegurar el dinero de los depositantes.

Estos administradores manejan $ 1.127 millones. Al menos 206.831 personas han aportado a estos fondos, indicó la Superintendencia de Bancos y Seguros en un corte realizado al 31 de diciembre.

Una de las objeciones a la propuesta impulsada por Hólger Chávez viene del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME). Ellos agrupan a 146 mil afiliados y manejan un capital de $ 431 millones. Aducen que este dinero es privado, por lo que califican de inconstitucional la propuesta que traspasaría la administración al Biess.

Los dirigentes del FCME serán recibidos hoy por el pleno de la Asamblea en comisión general. Al Legislativo en días pasados llegaron también alrededor de 1.200 maestros de diferentes provincias “para pedirnos que se remueva la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio, en virtud de que no ha sido una administración clara, transparente y eficiente”, mencionó la legisladora Betty Carrillo.

En el Código Monetario, aprobado la semana pasada, se estableció que la Superintendencia de Bancos audite estos fondos en un plazo máximo de 180 días. “Pero esto no es suficiente puesto que al ya existir esta disposición constituye nuestra obligación precisar el ámbito regulatorio mediante la realización de una ley”, insistió Carrillo, quien además es presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

Maritza Yépez, integrante del directorio nacional del FCME, explicó que un maestro con sueldo básico, de $ 640, aporta mensualmente 10 dólares. Ese dinero se capitaliza semestralmente en las cuentas individuales al 6%. Al aporte mensual se le suman los gastos adicionales, dependiendo de los servicios que contraten. Desde 2011 se implementó el débito bancario, por ello los afiliados firman una carta para adherirse al FCME y autorizar el débito.

Actualmente ellos pueden retirar su dinero si se declaran cesantes. Los $ 431 millones que han recopilado a lo largo de 23 años de vida están divididos en diferentes inversiones. En vivienda hay $ 170 millones; y en el portafolio de inversiones otros $90 millones.

En el fondo no hay solo maestros sino también trabajadores administrativos relacionados con el sistema de educación. Al momento, habría disponible más de $ 6 millones.

Otros 25 representantes de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados rechazaron también el proyecto de ley. Jack Veloz, gerente del Fondo Complementario del Banco Nacional de Fomento (BNF), informó que delimitaron sus estrategias para argumentar hoy sus puntos de vista en el primer debate del Proyecto de Ley que se realizará en la Asamblea Nacional. En la cita hubo representantes de fondos como de Jubilación de Contraloría General del Estado, de la Universidad Técnica de Ambato, entre otros.
Según la Superintendencia de Bancos, existen 63 fondos, de los cuales 44 son para cesantía, 13 para jubilación y 6 de ellos dan ambos beneficios.