El bloque legislativo de Alianza PAIS se reunió ayer en un taller de trabajo para conocer el informe aprobado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores sobre las reformas a las leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). La propuesta busca entregar a esta entidad financiera la administración de los fondos complementarios previsionales cerrados, que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales.

Con 8 votos a favor y dos en contra, esta mesa legislativa aprobó el informe para primer debate.

Rosa María Herbozo, intendenta nacional de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, aseguró que el 85% de los fondos complementarios cerrados se constituyen con el apoyo de las entidades patronales del sector público, y a más del aporte patronal el empleado aportaba un porcentaje que se determinaba en base a la remuneración.

El documento aprobado asegura que cada fondo tiene particularidades propias, que van desde el otorgamiento de créditos hasta la fijación del monto de la garantía para acceder a los mismos, seguros de vida, exequial, salud, entre otros.

El proyecto de ley asegura que al 31 de diciembre de 2013 los fondos complementarios previsionales cerrados tienen 206.831 partícipes, con un total de $ 1.127 millones en activos. La Superintendencia afirma que en la actualidad existen 64 fondos previsionales cerrados, de los cuales 44 prestan el beneficio de cesantía, 13 cubren la jubilación y 6 dan ambos beneficios.

Desde Guayaquil, Maritza Yépez, integrante del Directorio Nacional del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), calificó de ilegal la intención de traspasar la entidad al Biess porque ese dinero es privado.

“Somos 146 mil educadores los que decidimos aportar en el fondo privado desde hace 23 años, que tiene $ 436 millones. Lo que aportan los maestros es voluntario y se hace mediante débito bancario con la firma de cada persona”, explicó.

El FCME tiene 250 empleados, los mismos que están preocupados por su estabilidad laboral, por lo que ayer se reunieron a puertas cerradas con directivos del fondo.

Las provincias que más educadores tienen son Guayas, Pichincha y Manabí.