El superintendente de Bancos, Pedro Solines, indicó que la entidad analiza la posibilidad de permitir a los fondos de cesantía devolver el 100% de los recursos a los partícipes que así lo deseen.

En abril del año pasado, la institución emitió una resolución en la que solo permite la devolución del 50% y el resto queda para cuando el partícipe se jubile. Solines destacó que antes no se podía entregar ni un dólar.

Sin embargo, el funcionario señaló que se están haciendo los estudios del caso para devolver el 100% con castigo o sin intereses. Todo dependerá del impacto económico, aclaró.

“Si todos retiran al mismo tiempo tendrían que darles partes vehículos, de edificios o títulos de propiedad”, explicó en relación a que los fondos no tienen el dinero líquido sino repartido en inversiones. Una de las condiciones que han planteado el Gobierno y los asambleístas de PAIS para que los fondos sigan en manos privadas es que entreguen el 100% de los dineros a los partícipes cuando estos así lo requieren.

La Asamblea ya aprobó en primer debate las reformas a las leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para que 54 fondos de cesantía pasen a ser administrados por esta última entidad financiera.

Sesión en Portoviejo

En ese debate, ayer la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que tiene a cargo el proyecto, sesionó en Portoviejo. Allí los legisladores recibieron a los representantes de varios fondos de cesantía.

El viaje forma parte de la socialización de la iniciativa legal. La semana pasada estuvieron en Guayaquil y mañana harán lo propio en Cuenca.

Las opiniones servirán como insumo para la elaboración del informe para segundo debate, cuyo plazo de entrega concluye el próximo 9 de septiembre.

La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, aclaró que el proyecto de ley implica reconocer la responsabilidad del Estado para precautelar los recursos económicos de los aportantes.

“Estamos conscientes de que es un dinero que la gente entrega de manera privada con la misión de tener más recursos económicos y una jubilación digna”, dijo.

En Portoviejo se receptaron los criterios de 8 representantes de fondos previsionales. Entre ellos, del Magisterio, de la Aviación Civil, Petroecuador, Universidad Técnica de Manabí, Banco Nacional de Fomento y Municipio de Quito.

Cesar Chávez, de la Red de Maestros, ratificó el apoyo a la iniciativa, en tanto, la administración actual del fondo no responde al carácter social con el que fue creado. Planteó que las utilidades de las inversiones sean entregadas en efectivo a los maestros en el mes de diciembre y que se busque la forma de que los intereses para el acceso al crédito sean más bajos que en el resto de instituciones financieras.

La Red de Maestros ha acusado al Fondo de Cesantía delMagisterio Ecuatoriano (FCME) de falta de transparencia, por lo que apoya su absorción por parte del Biess.

Oswaldo Gavilanes, del Fondo de Cesantía de Petroecuador, pidió que se considerara la posibilidad de que los partícipes de los fondos escogieran la administración, ya sea con el propio fondo o el Biess.

Ángel Rivero, vicepresidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, aclaró el lunes pasado, en una entrevista para ELTELÉGRAFO, que la decisión política está tomada en el sentido de seguir adelante con el proyecto.

Aclaró que la seguridad social, entre ellas la jubilación, es una potestad exclusiva del Estado porque así está consagrado en la Constitución, aseveró.

Aparte de devolver el 100% de los dineros a los partícipes el Gobierno y los asambleístas de PAIS piden a los fondos demostrar que no recibieron recursos públicos, que el cobro no fue obligatorio y la petición expresa del 50% más uno de los partícipes para que mantengan su estatus privado.