La presencia de los pueblos no contactados y el control ambiental fueron los puntos más cuestionados por los asambleístas durante la sesión de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, realizada este viernes para verificar cómo avanza la explotación del ITT.

Los ministros de Sectores Estratégicos, Ambiente, Justicia, de Recursos Naturales No Renovables y el gerente de Petroamazonas acudieron a esta mesa legislativa para informar sobre las acciones realizadas para explotar los bloques 31 y 43.

La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, informó que el parque Yasuní es vigilado dentro de un sistema integral, el cual abarca calidad ambiental y patrimonio natural.

La cartera de Estado adquirirá un sistema informático más completo y moderno, con sensores remotos y drones, que entrará en funcionamiento a fines de este año.

Respecto a la licencia ambiental, aseguró que fue aprobada luego de cumplir varios requisitos, entre ellos, el estudio de impacto ambiental y consulta con las comunidades.

Rafael Poveda, ministro coordinador de Sectores Estratégicos, informó que la fase de socialización inició el 23 de noviembre pasado; 3.233 ciudadanos de la zona de influencia fueron informados. Ellos viven en las comunidades de Aguarico, Nuevo Rocafuerte y Tiputini.

Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, expuso las medidas adoptadas por el Gobierno para la protección de pueblos en aislamiento voluntario, las cuales -dijo- son avaladas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Este año se destinarán $ 600 mil para adecuar, equipar y mejorar la infraestructura en estaciones de control del Yasuní, donde existe una vigilancia radial en 22 comunidades de la zona, además de control fluvial en otros 12 sectores.

Dentro de la vigilancia efectuada en el Bloque 31, entre octubre de 2013 y abril de este año, no se han encontrado ni casas ni chacras, por lo que señaló que son pocas las probabilidades de avistamiento.

En cuanto a los sobrevuelos efectuados en la zona de interés, la Ministra de Justicia indicó que las medidas cautelares los obligan a aplicar todas las normas de protección a los pueblos en aislamiento.

La Comisión de Biodiversidad realizará un informe final y en los próximos días visitará los dos bloque para constatar lo afirmado por las autoridades.