Hacer una reforma integral a la Ley contra la Especulación de la Tierra fue el pedido que formularon ayer dirigentes del sector de la construcción al presidente de la República, Lenín Moreno, durante una reunión que mantuvieron en Guayaquil.

La norma, que tuvo el carácter de económico urgente, fue aprobada por la anterior Asamblea Nacional, en diciembre del año pasado. Fue una propuesta del entonces presidente Rafael Correa.

El cuerpo fue aprobado con 79 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención.

La ley establece un impuesto de 75% a las ganancias extraordinarias a partir de la segunda venta de un bien inmueble, un impuesto que se calculará considerando una base exenta de 24 salarios básicos unificados.

La norma, que fue criticada por sectores políticos de oposición y del empresariado, en su momento, hoy vuelve a la discusión. Tras una reunión que duró cerca de una hora, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción, Enrique Pita, sostuvo que el documento “ha sido perverso para nuestra actividad y para la generación de empleo”.

Explicó que es necesario trabajar en un proyecto que desmonte susceptibilidades, aleje dogmatismos políticos y dé los resultados que todos anhelan.

“Existe, por tanto, la necesidad de la revisión integral, si no de la derogación, de la Ley de Plusvalía (así también es llamada)”, reiteró el dirigente del sector, luego de que culminó la reunión con el Jefe de Estado en el Gobierno Zonal.

Explicó que en una construcción el 35% representa la mano de obra, muestra de que el 65% restante es compra de materiales que generan Impuesto al Valor Agregado  (IVA), que el Estado ha dejado de recaudar por la complicada situación de la construcción, luego de que se aprobó la norma.

Sobre la propuesta del sector, Granda manifestó que el Gobierno recogió las inquietudes y las analizará; “se conversará con la Asamblea en la necesidad de revisar estos planteamientos”.

Esta ley generó, en el gobierno anterior, fuertes reacciones, incluso se convocó a movilizaciones y acciones de protesta, lo que generó su retiro temporalmente de la Asamblea. Meses después volvió al Legislativo.

Pita estuvo acompañado de Carlos Repetto, vicepresidente de la federación; Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito; José Machiavello, de la Cámara de Guayaquil; y representantes de Manta y Machala.

Con el Mandatario estuvieron el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas; el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda; y la secretaria técnica del plan ‘Toda una vida’, Irina Cabezas.

Apoyo a ‘Casa para todos’

En la cita también se dialogó sobre  la necesidad de trabajar en conjunto para el desarrollo del programa ‘Casa para todos’.

Irina Cabezas manifestó que el sector de la construcción es uno de los principales generadores de empleo en el país.

Explicó que este plan tiene como meta construir para los próximos cuatro años, al menos, 325.000 viviendas para familias que viven en condiciones de pobreza y con ello se activará el sector de la construcción con la generación de al menos 135.000 plazas de trabajo directo.

Pita destacó la apertura del Presidente de la República para concretar acuerdos con el sector privado que generen trabajo e inversión.

Mientras que Granda anticipó que desde el gobierno se priorizará a las empresas nacionales y se agilizarán y transparentarán los mecanismos de contratación y avance de la obra pública. (I)

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Estado agilizará los procesos de pago a la JBG

Previo a la cita con la dirigencia de la construcción, el Jefe de Estado atendió a directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG), con quienes trató sobre mecanismos para mejorar la coordinación interinstitucional, así como la simplificación de acciones para que haya más agilidad en los pagos por las derivaciones de pacientes de la red pública a las casas de salud de la institución.

Ernesto Noboa, presidente de la institución; Luis Trujillo Bustamante, primer vicepresidente; y Carlos Andrade González, segundo vicepresidente; dialogaron cerca de una hora con el Mandatario, a quien le manifestaron su respaldo al plan social del gobierno.

“La Junta está presta a colaborar con el plan ‘Toda una vida’, impulsado por el gobierno nacional. Somos aliados estratégicos por el bien del país”, aseguró Noboa antes de la reunión.

Luego, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien también estuvo presente, resumió los temas que se trataron. Recordó que existen convenios conjuntos, ya que hay pacientes del Ministerio de Salud Pública, del IESS, de los hospitales de la Policía y de las Fuerzas Armadas    que se atienden en los establecimientos de la Junta y el Estado reconoce los   pagos.  

“Ahora se busca mejorar la coordinación una vez que se tienen nuevos hospitales, pero que deben trabajar en forma articulada, además de que se buscará hacer más ágiles los pagos a la Junta, que la Junta no se vea afectada por los flujos financieros que necesita”, sostuvo. (I)