A un año y dos meses y medio de creada la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), este grupo ha denunciado dos casos y ambos han sido desechados por la Fiscalía por falta de sustento.

Las denuncias por presuntas irregularidades se refieren al costo de la hidroeléctrica Manduriacu y a la compra de los terrenos donde se levantará la Refinería del Pacífico en Montecristi. Sobre el primer caso, la Fiscalía no halló méritos para abrir una investigación. En la segunda denuncia, el fiscal Galo Chiriboga comunicó en julio pasado que se abstuvieron de indagar 3 supuestas infracciones: peculado, cohecho y prevaricato porque no hubo evidencias suficientes.

Sin embargo, la Comisión insistió en un supuesto sobreprecio en la compra de terrenos en El Aromo, basándose en un informe de Contraloría. Afirman  que el lote costó
$ 6,7 millones en diciembre de 2009 cuando el avalúo era de $ 121.275.

Los comisionados aseguraron que la Contraloría no señaló responsables, a pesar de que el informe detectó irregularidades. El documento indica que “según certificación del jefe de avalúo y catastros del gobierno municipal del cantón Montecristi de diciembre de 2009 fue de $ 13’475.000, es decir (la venta) se concretó en el 50% del valor determinado por la entidad municipal, no obstante dicho avalúo no está sustentado con criterios legales técnicos, económicos o de otra índole”.

El contralor Carlos Pólit cuestionó la legitimidad de la Comisión que, a su juicio, se estaría arrogando sus funciones. “Los informes no deben ser mal utilizados ni descontextualizados con una u otra denuncia que absorben de nuestros exámenes”.

Estas denuncias propiciaron que la Contraloría presentase una querella ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en contra de los integrantes de la comisión. El juez Marco Maldonado, luego de analizar el proceso, concluyó que la fiscalización efectuada por la Contraloría cumplió con los procedimientos legales y calificó a la denuncia como ‘maliciosa  y temeraria’, lo cual  acarrea consecuencias penales.

El artículo 271 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que cuando una denuncia ha sido declarada judicialmente como maliciosa será sancionada con prisión de 6 meses a un año.

CNA prepara su defensa legal

En declaraciones a EL TELÉGRAFO, el exmagistrado de la Corte Nacional de Justicia y miembro de la Comisión, Ramiro Román, defendió el trabajo. “¿Cómo es posible que existan subcontratos y otros complementarios que propicien que se escondan montos?”.

Para el jurista, la entidad de control se está convirtiendo en un archivador porque califica como administrativos hechos que son de tipo penal. “No lo comparto, son casos concretos donde ciudadanos utilizan fondos públicos que deben justificar. Eso es lo que se ha denunciado”.

Sobre la resolución que califica a la denuncia como maliciosa y temeraria, dijo que primero tienen que notificarles por escrito para analizar los fundamentos de la sentencia. “Para calificar una denuncia de esa manera se deben cumplir ciertos requisitos. El juez tiene que justificar y motivar, y solo entonces veremos cómo accionamos”.

Pero el fiscal Chiriboga aseguró que la CNA no justificó los hechos de sus denuncias, por ello pidieron que los magistrados analicen la falta de  fundamento de la denuncia.

Una vez que el juez emitió su dictamen, la víctima, “que en este caso es la Contraloría, podría pedirnos alguna acción contra ellos. Tal  vez no utilice la línea penal sino la civil, pero esperaremos su decisión. Cuando esté ejecutoriada esta última sentencia iniciaremos una indagación al respecto”, puntualizó Chiriboga.

La CNA fue creada en la convención del Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, indígenas y organizaciones sociales, que agrupa a colectivos opositores al Gobierno como la Conaie, FUT, UNE, entre otros. Ellos se reunieron en Riobamba el 30 de mayo de 2015.

Representantes de estos grupos, en aquella ocasión, nombraron a Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinoza, Ramiro Román, Germán Rodas, Byron Celi, Gustavo Cedeño, Mario Unda, Hernando Morales y el padre Fernando Vega, como integrantes.

En sus primeras declaraciones a los medios, Rodríguez cuestionó los “nombramientos a dedo en remedos de concursos”. “No vamos a ser un buzón de quejas, sino que buscaremos hechos de corrupción que realmente conmocionen al país”.

Este medio intentó dialogar con Rodríguez sobre el trabajo de la Comisión, pero se negó a dar declaraciones. Pidió que cualquier consulta fuera enviada a su correo electrónico. El miércoles pasado se le remitieron siete preguntas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los integrantes

Además de Rodríguez, otro de los integrantes es Julio César Trujillo, fundador de la extinta Democracia Popular, quien a sus 85 años mantiene un perfil político activo como asesor de grupos como Yasunidos.

Ramiro  Román fue juez de la denominada ‘Pichicorte’, que en 2004 anuló los juicios contra Abdalá Bucaram, Alberto Dahik y  Gustavo Noboa, lo cual propició la caída del presidente Lucio  Gutiérrez.

Germán Rodas fue afiliado al Partido Socialista y participó en elecciones como candidato, pero nunca resultó electo. David Rosero fue vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre 2010 y 2015.

El sacerdote católico Fernando Vega fue electo asambleísta constituyente en 2008. (I)

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Estrategia afecta a instituciones

Analista advierte sobre política del escándalo

El académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Franklin Ramírez, estima que existe rentabilidad política en ciertas temáticas enmarcadas en el formato de denuncia que hacen grupos sociales para llamar la atención de medios de comunicación y cuya intención sería la de erosionar la credibilidad de las instituciones estatales.

El politólogo no conoce el funcionamiento  de la denominada Comisión Nacional  Anticorrupción y las denuncias que ha hecho, pero se refirió a que en la actualidad existe a nivel de las democracias contemporáneas en la  región “la política del escándalo ligado a su farandulización, que,  colocada en la prensa, muchas veces tiende a bloquear el desarrollo de las instituciones del Estado y construye una imagen degradada de la política. El escándalo afecta el prestigio y contribuye a que la ciudadanía tome distancia”.

Sin embargo, el experto no cree que el conflicto político deba judicializarse. “Hay que tener mucho cuidado con eso de resolver las diferencias políticas en los tribunales, eso debería utilizarse en última instancia, pues no contribuye a solucionar nada”.

Por eso cree que el Estado tiene que trabajar en mejorar el funcionamiento de las instituciones y “que los órganos de control actúen de manera independiente e investiguen los casos para que no aparezcan estos grupos con el pretexto de que las instituciones no funcionan, aunque es muy difícil extirpar ese tipo de prácticas”.

Ramírez opinó que muchas veces las denuncias sirven como sistema de alertas, pero en caso de un reclamo judicial “se debe seguir el debido proceso que garantiza  el Estado de derecho en el que vivimos”. (I)