Una nueva acción legal emprendió la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco para exigir una reparación ante los daños causados por la petrolera, durante 30 años de explotación en la Amazonía ecuatoriana.

Esta vez la organización presentó una denuncia ante Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya sede se encuentra en La Haya (Países Bajos).

La queja fue entregada el pasado miércoles, informó Pablo Fajardo, procurador de la Unión de Afectados por Chevron.

En un encuentro con la prensa, el representante legal expresó que la denuncia se levanta en contra de John Watson, representante de Chevron Corporation, entre otros directivos de la transnacional.

Fajardo se quejó de que los representantes de la petrolera no asumen su responsabilidad ante la reparación de los daños ambientales. “La afectación de la zona no ha cesado nunca. Todavía hay gente que muere de cáncer, de leucemia o se enferma por tomar agua contaminada”, denunció Xavier Piaguaje, representante de la organización.

Pablo de la Vega, miembro de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, expresó su preocupación porque las corporaciones gozan del amparo de los jueces. “Hay impunidad con lo que obran las empresas transnacionales y sin duda Chevron es un buen ejemplo de crímenes contra la naturaleza y contra los derechos humanos que merecen ser juzgados por cortes internacionales”, dijo.

El activista recordó que en la actualidad los delitos contra el medio ambiente son considerados como ‘crímenes de guerra’. Por ello recurrieron a la Corte Penal Internacional. “Queremos que esta corte analice las implicaciones del caso y las graves afectaciones de Chevron durante 30 años en el país”, reiteró De la Vega.

Fajardo contó además que esta demanda también se plantea bajo el delito de ‘lesa humanidad’,  vigente en el Estatuto de Roma, en los artículos 11, 12 y 13.

El jurista explicó que en mayo de 2012 Ecuador ratificó el Estatuto. Por ello se acoge a esta convención internacional para exigir sus derechos. Estados Unidos, país donde tiene su sede principal Chevron, no ha ratificado el pacto.

Fajardo y De la Vega indicaron que los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a Watson son los establecidos en el artículo 7. Allí se entiende por ‘crimen de lesa humanidad’, entre otros: cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.  

Piaguaje reiteró que no buscan dinero sino reparar el medio ambiente.