Tenían lazos de sangre y trabajaban bajo un solo techo. En la Asamblea había hermanos que se cruzaban día a día, como si estuvieran en su propia casa.

El Legislativo de las dos presidencias de Gabriela Rivadeneira (2013-2017), ex-Alianza PAIS (AP), hoy Revolución Ciudadana, tenía 44 funcionarios que nacieron del mismo padre y madre. Sus apellidos son iguales: el primero y el segundo, no es una coincidencia, ni tampoco homónimos.

 Esos familiares cercanos estaban en la nómina de los servidores públicos de su página web.  Por ejemplo, en esa lista  estaba una asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas, que pertenece a las filas del Gobierno. Ganó nuevamente para esa dignidad, en febrero de 2017.  Ella  contrató a su propio hermano como asistente en el anterior período.

Otro caso representativo es el de una alta autoridad de la Asamblea, que tenía a su hermana como asesora en Comunicación.

Para Gabriela Rivadeneira, los contratos de personal administrativo durante su período en la Asamblea, “bajo ningún caso se dieron basados en relaciones parentales entre los funcionarios. El Legislativo está dividido en tres secretarías con funciones específicas e independientes cada una. Los funcionarios mencionados pertenecían a diferentes secretarías y laboraban en áreas distintas”, contestó por escrito a los requerimientos de este Diario.

Pero en su época no solo  ocurrió eso. También hubo dos familias, de tres hermanos, cada una, que trabajaban como asistentes y asesores de asambleístas de AP. La primera familia era Rodríguez Moncayo. La segunda, Loor Muñoz.

Los otros hermanos laboraban como asesores (nivel 1 y 2), asistentes, secretarias ejecutivas, secretario relator, administrador, servidores públicos, técnicos en administración, técnico legislativo y mecanógrafo parlamentario.

Esos servidores públicos tenían salarios de 5.009 a 2.008 dólares. Es decir, cada familia se llevaba 7.000 dólares a sus casas. Sin embargo, este mapa familiar que laboraba en la Función Legislativa no se considera nepotismo, según la ley ecuatoriana. Pero “no es  ético ni moral que los parientes cercanos trabajen en la misma entidad”, advirtió Milton Castillo, doctor en leyes  y excandidato a alcalde de Quito por Pachakutik. “Hay abuso de poder y tráfico de influencias. Esto merece una sanción mayor y reprochable desde la sociedad”, dijo.

Para Lourdes Cuesta, de CREO, la ley es clara sobre el tema. “No es correcto que un legislador contrate a su madre, hermano o sobrino”, recalcó.

Mientras Elio Peña, de Pachakutik y del Bloque de Integración Nacional (BIN), señaló que es inmoral y antiético. “Debemos predicar con el ejemplo y no podemos aprovecharnos de la circunstancias”, explicó. (I)