En un operativo en conjunto entre la Policía y las Fuerzas Armadas se desalojó ayer pacíficamente a los manifestantes de las nacionalidades shuar y achuar que habían llegado a Macas. Desde el 13 de agosto pasado los indígenas dejaron sus comunidades para exigir que el Ministerio del Ambiente (MAE) otorgue nuevamente la licencia ambiental a la construcción de la vía Macuma-Taisha, que comprende más de 200 kilómetros y estaba en manos de la Prefectura de Morona Santiago.

La vía tiene 24,46 kilómetros y atraviesa el bosque protector Cordilleras Kutuku y Shaimi, que posee una extensión total de 311.500 hectáreas.

En el operativo participaron alrededor de 1.200 agentes y no se registraron incidentes.

Según la emisora Radio Macas, los manifestantes retornaron a sus comunidades una vez el MAE abrió la posibilidad para conceder una nueva licencia. Un grupo reducido todavía permanece en los bajos de la gobernación.

El miércoles pasado se registraron enfrentamientos entre manifestantes, armados con lanzas, y policías, en los que resultaron 8 efectivos heridos. Los incidentes se produjeron cuando intentaron tomarse la Gobernación y la Dirección de Educación. Los uniformados ya fueron dados de alta.   

Antes de irse, los manifestantes expresaron a la prensa local que se mantendrán atentos y que si en tres meses (tiempo aproximado que podría durar el trámite de renovación de la licencia) no se ha entregado el permiso regresarán.

La dirigencia de la Federación interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) habría declinado la medida la noche del jueves, luego de la visita de los ministros de Defensa y Ambiente a Macas.  

El dirigente Agustín Wachapá, aclaró que el retiro de los manifestantes no fue un desalojo sino un acuerdo al que han llegado en la comunidad, por lo que “no hay ningún tipo de presiones ni represiones. Todo está tranquilo y no se han lanzado bombas lacrimógenas”.

Wachapá espera que se cumplan los acuerdos e insistió en que sus pedidos también se enmarcan en la destitución del gobernador, Rodrigo López, y en el retiro de los cargos en contra de los protestantes.   

Durante la visita del jueves, los ministros mantuvieron una reunión con los alcaldes de Macas, Sucúa y Taisha. Posteriormente al encuentro el ministro del Interior, José Serrano, afirmó en su cuenta de Twitter que la tranquilidad volvía a la capital provincial y que la “violencia que pretendió imponer el prefecto Marcelino Chumpi utilizando ciudadanos de Taisha fracasó”.

Chumpi negó que la Prefectura haya incumplido los cuidados ambientales y rechazó la sanción administrativa de $ 70.800 que debe cancelar.

“Yo no he estado en las asambleas para tomar decisiones. Esta es decisión del pueblo (...) y uno tiene que ser solidario”, dijo el prefecto al desligarse de las manifestaciones.

El gobernador Rodrigo López confirmó que Macas y la provincia en general recobraron la calma luego de que los últimos manifestantes que aún permanecían en la ciudad se retiraron  a la localidad de Sevilla Don Bosco, mientras que  unos pocos ciudadanos que habían salido de Taisha se replegaron hacia esa localidad.   

Las vías amanecieron completamente despejadas  y el aeropuerto de Macas se encuentra completamente operativo.         
Advirtió que en la provincia y en la capital, principalmente, permanecerá un contingente militar y policial, a fin de precautelar la seguridad ciudadana en caso de que se llegasen a producir nuevos problemas.

“Gracias al otorgamiento de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Ambiente a la Prefectura de Morona Santiago, para la construcción de la vía Taisha-Macuma, la actitud de los manifestantes cambió por completo”, dijo.

La Fiscalía tiene la obligación de procesar los acontecimientos ocurridos y deberá iniciar las acciones que sean necesarias, sostuvo López, en relación al clima de violencia que se vivió en Macas el pasado jueves.

Cierre de acceso en Cotacachi

Ayer un grupo de indígenas cerró la Y de acceso a Cotacachi, Imbabura. El gobernador provincial, Diego García, aclaró que la Panamericana nunca fue cerrada pese a los intentos de los manifestantes.

A la altura de El Cercado, indicó la autoridad local, alrededor de entre 50 y 60 indígenas salieron a la carretera pero esta siempre estuvo bajo el control de la Policía y el Ejército. García aclaró que la actitud de los protestantes siempre fue pacífica, pese a que portaban lanzas.

En Cotacachi los manifestantes bloquearon el ingreso al cantón, pero por otros lados, por Quiroga y Atuntaqui, las vías estuvieron expeditas. “La disposición para la fuerza pública es no permitir que se cierre la vía. Ellos quieren caotizar”, afirmó el gobernador. Las demandas de los manifestantes es el archivo de las enmiendas constitucionales que tramita la Asamblea Nacional.

“Si se les pregunta sobre las enmiendas no saben, hay mucha gente manipulada, sacada por activistas que están en contra del Gobierno”, denunció el funcionario. “Esta situación es activada por el alcalde de Cotacachi, Jomar Cevallos”, agregó.

El jueves hubo un conato de incidentes en Pinsaquí y San Rafael, pero no pasó a mayores.  Las actividades en los otros cantones y en Ibarra se desarrollaron con normalidad.

Ambatillo, en calma

El ambiente agitado en Ambatillo, parroquia rural de Ambato, cesó. La plaza, canchas deportivas, iglesia, cultivos, caminos y la mayoría de hogares lucían casi vacíos y en silencio.

“Es una vergüenza que por culpa de cuatro representantes de comunidades cercanas, en el país se nos tilde de secuestradores. La mayoría de nosotros vivimos en paz y nunca hemos tenido problemas con la justicia”, comentó un vecino.     

El ciudadano, que prefirió no identificarse, no entendía las razones que llevaron a los dirigentes a retener a la fuerza la mañana del jueves a 30 soldados cuya misión era resguardar las antenas del cerro Pilisurco.                        

La habitación donde permanecieron retenidos los uniformados ayer lucían vacías y con gran acumulación de desechos, producto de la aglomeración de personas que la custodiaban mientras duró el secuestro. Dos ancianos del lugar advirtieron al equipo periodístico de este medio que se alejaran pues varios dirigentes indígenas de la provincia estarían próximos a llegar para planificar más acciones.

“Es fácil reconocer a alguien de fuera. Si les ven con cámara en mano corren el riesgo de ser secuestrados, o peor aún, maltratados”, dijo un hombre, de forma disimulada. Otras personas agitaban las manos, advirtiendo en silencio del peligro de estar allí.

Pese a esto los 2 accesos a la comunidad permanecieron habilitados. “Pasar por aquí es arriesgarse a que los indígenas nos apedreen pues ellos desconfían de todos”, mencionó un conductor que prefirió tomar un camino de segundo orden para llegar a su hogar. (I)

Datos

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un comunicado en el que se pronuncia a favor del diálogo.

“Las manifestaciones de violencia física o verbal, vengan de donde vengan, siempre serán la vía incorrecta para conseguir el verdadero diálogo, muchas veces no deseado por todos; un diálogo garantizado por la escucha respetuosa y atenta de la postura discordante y que busque un compromiso, aunque este no siempre sea el más agradable. El que dialoga busca llegar a un acuerdo y está dispuesto a tomar lo positivo de quien piensa distinto para hacer las correcciones necesarias, siempre en aras de los intereses más altos de la estabilidad y la convivencia social”, reza el texto.

Los obispos además exhortan a atender “las orientaciones que nos puedan dar los entes competentes ante una eventual manifestación natural del volcán Cotopaxi”.

Picq decide dejar Ecuador para tramitar su visa 

Manuela Picq, activista y pareja de Carlos Pérez, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), salió ayer del país.

Durante una conferencia de prensa desarrollada en el Parque El Arbolito, la extranjera señaló: “Dado la precariedad de mis derechos, el limbo jurídico en el que me encuentro y la preocupación de mi familia, me parece más adecuado regresar a Brasil y seguir con el pedido de la visa”.  Esta disposición se hizo pública, luego de que la tarde del pasado jueves, la jueza constitucional Paola Ayala negara la acción de protección presentada por su representante legal, quien solicitó que se anulase la cancelación de la visa de no migrante.

La visa de intercambio cultural de Picq vencía a finales de mes. La ciudadana participó en la marcha del pasado 13 de agosto, en Quito, que terminó en actos de violencia.

El anuncio se efectuó en presencia de Pérez y del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, que han liderado las movilizaciones indígenas.

Picq informó que regresará a Brasil, su país de origen, desde donde iniciará un trámite de visa ante el Mercado Común del Sur (Mercosur).

La ciudadana aseguró que después del fallo de la jueza Ayala se siente en un “limbo jurídico”, puesto que de acuerdo a su condición legal, en estos momentos no tiene visa pero -a la vez- la jueza de contravenciones Gloria Pinza negó su deportación, el pasado lunes. Por ello decidió emprender el viaje.

Pérez calificó la disposición de la magistrada como inconstitucional, ya que la brasileña no cometió actividades ilegales en el país. La Ley de Extranjería impide a los extranjeros participar en actividades políticas.

Luego de la conferencia de prensa, los manifestantes se movilizaron hacia la Fiscalía General del Estado para realizar un plantón.

Los manifestantes pidieron la libertad de sus compañeros. Luis Efraín Medina, habitante de Saraguro (provincia de Loja), aseguró que hasta el momento -a escala nacional- 92 personas se encuentran procesadas, de las cuales 25 tienen medidas sustitutivas a la prisión. (I)