El Ministerio de Gobierno registró a nivel nacional 50 puntos donde existieron aglomeraciones. Un total de cuatro mil personas salieron a las calles para protestar contra las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo, debido a la crisis sanitaria.

María Paula Romo, titular de esta secretaría de Estado, informó que la marcha más grande fue la de Quito, donde se concentraron entre 600 y 700 personas. “Nos preocupa el riesgo de contagio que este tipo de manifestaciones significa; tuvimos protestas respetuosas que mantuvieron la distancia social. La de Quito fue una aglomeración, algunas personas no estaban utilizando mascarillas, otras tenían pasamontañas para cubrirse de la policía”.

Romo señaló que al Gobierno le preocupa que las manifestaciones pongan en riesgo el trabajo que han realizado las alcaldías para frenar los contagios. “Es una necesidad de salud evitar las aglomeraciones; las personas tienen su garantía para expresar su descontento, a través de cualquier mecanismo, pero es indispensable que las aglomeraciones se eviten”, destacó.

La secretaria de Estado dijo que estas acciones pueden afectar el esfuerzo que realizan empresas y otros sectores que quieren reactivar su economía, pues los manifestantes ponen en riesgo la salud de todos.

Jornadas de protestas

Pancartas, cacerolazos y consignas contra las medidas económicas decretadas por el Gobierno fueron la tónica de este lunes 25 de mayo de 2020.

Organizaciones sociales, de trabajadores, docentes, estudiantes y personas desempleadas se movilizaron en varias ciudades del país, a pesar de la orden de confinamiento.

Los manifestantes marcharon en Quito desde la av. 10 de Agosto, en el centro-norte de la capital, con mascarillas. Algunos, a pesar del calor, vestían trajes de bioseguridad.

La concentración promovida por los sindicatos de trabajadores, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), partió desde la Caja del Seguro hasta la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico.

Marcharon por los despidos, la Ley Humanitaria, la reducción de la jornada laboral y del sueldo de los empleados públicos, la liberación del precio de los combustibles, es decir, contra todo lo que para el Gobierno representa una solución para salir adelante de esta crisis sanitaria y económica.

Bastó pocos minutos para que las llantas comenzaran a arder en medio de las calles, y se hacían cercos policiales en los alrededores del Palacio de Carondelet.

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, indicó que esta es una de las primeras manifestaciones del gremio y que la acción no es para desestabilizar al Gobierno.

“Son más de 150 mil los despidos, el Gobierno debe reconocer y cobrar a las grandes empresas que deben $ 1.500 millones; queremos democracia para todos los ecuatorianos”, dijo Tatamuez.

En la tarde, un grupo de manifestantes aglomerados en la calle Guayaquil y Chile arremetió contra los uniformados, quienes los dispersaron con gas lacrimógeno.

Un policía resultó herido con un corte en la cabeza y fue trasladado al Hospital de la Policía. Ya está fuera de peligro.

Se preparan demandas

El partido político Unidad Popular (UP) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) presentaron a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial 1053, que reduce la jornada laboral y las remuneraciones de los trabajadores del sector público.

El proceso se suma a otras enviadas, por más sectores sociales, incluso el legislador independiente Raúl Tello anunció que presentará también una demanda al decreto emitido la semana pasada. (I)