El proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales será sometido a consulta y reuniones nacionales, previo a análisis de varias organizaciones sociales. La sociedad civil conocerá el contenido de las 59 páginas que fue aprobado por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional el pasado 2 de octubre.

César Umajinga, legislador de esta mesa legislativa, anunció que hoy se tiene previsto desarrollar una reunión para explicar los alcances de la norma a los pobladores de su provincia, Cotopaxi. Para él es necesario trabajar en temas como el latifundio y minifundio y que los pobladores conozcan además las disposiciones inherentes de los territorios, sobre el uso del páramo, sobre las unidades familiares productivas, entre otros temas. Para ello aspiran tener de 400 a 500 delegados en esta socialización.

En ese sentido el titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jorge Herrera, cuestionó que el Estado regule el uso de los territorios ancestrales y buscan que sus posturas sean tomadas en cuenta para la elaboración final del documento. Rechazó que en el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos no fueron escuchados.

En tanto, el presidente de la Comisión, Miguel Carvajal, precisó que las reuniones se cumplirán en Guayaquil, Cuenca, Tena y Quito, luego de lo cual se espera que aproximadamente en la cuarta semana de octubre se haga una revisión de todas las observaciones para con esos argumentos preparar el informe para primer debate. Esto será presentado a la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en la primera quincena de noviembre y posteriormente entraría a conocimiento del pleno.

Para Carvajal la prioridad es la difusión del documento a las diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, a los pueblos, comunidades y nacionalidades. “Mantendremos la actitud de transparencia y de apertura al diálogo, que caracterizó la discusión de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y  Aprovechamiento del Agua, a fin de corregir posibles errores y enriquecer la normativa”, recalcó.

Explicó que se trata de una Ley de Tierras Rurales y de Territorios Ancestrales. Actualmente hay algunas normas sobre lo que le corresponde al Estado respecto a los territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales, indígenas, afroecuatorianas y montubias, por lo que tocaría delimitar y titular. Entonces la norma es una medida que protege derechos y habrá que analizar si corresponde o no la consulta prelegislativa, lo que sería resuelto luego del primer debate, explicó.

Una de las propuestas por iniciativa ciudadana fue la de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas; Indígenas y Negras (Fenocin). Su presidente, Santos Villamar, explicó que en su propuesta se profundizan las causales para la expropiación de tierras, el acceso y las instancias que deberían crearse. Mañana darán una rueda de prensa para exponer su apoyo o no al proyecto de ley.

La iniciativa busca asegurar la ocupación de las terrenos agrícolas y propone la creación de un Fondo de Tierras para que campesinos puedan acceder a la compra de espacios en acuerdos con el Estado. El eje central es que los territorios cumplan una función social y con responsabilidad. Además se pretende favorecer acuerdos entre privados creando mecanismos para que los campesinos puedan comprar tierras sin problemas.