Para el bloque de PAIS la Ley de Tierras es una prioridad de la agenda legislativa de este año. En ese marco hoy se realizará el primer debate en la AsambleaNacional luego de un largo periodo de socialización, que inició el año pasado.

La aprobación de esta norma origina expectativa en las organizaciones sociales e indígenas del país porque se lograría normar el uso y acceso a la tierra, así como regular su posesión, administración y redistribución, con el fin de mejorar su calidad de vida (todas ellas demandas históricas de los movimientos campesinos).

El proyecto de ley busca garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos.

La ley menciona una Autoridad Agraria Nacional, que recae en el actual Ministerio de Agricultura. Su fin será controlar el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra y regular la adquisición de esta. Entre sus funciones está además implementar proyectos de diversificación productiva, infraestructura, riego parcelario y programas de recuperación de suelos.

Paralelamente, la norma crea el Fondo Nacional de Tierra que será administrado por una entidad financiera del sector público y que establecerá mecanismos preferenciales de financiamiento para que los pequeños y medianos productores  adquieran tierra productiva.

Luego de la aprobación de la Ley de RecursosHídricos, el 24 de junio pasado, la Comisión de Soberanía Alimentaria se centró en esta norma. El primer borrador fue aprobado el 2 de octubre.

En el proceso de socialización participaron organizaciones sociales, gremios de la producción y organismos del Estado.

La norma es uno de los referentes del discurso de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. De hecho ella estuvo en la inauguración de las jornadas de socialización, en Guayaquil.

En este marco se han realizado cerca de 50 reuniones en 5 comisiones generales en territorio y 4 asambleas.

Para la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin)  y el Colectivo Intercultural Agrario y Pesquero es necesaria la creación de una ley que permita avanzar con la revolución agraria en el país. Lo ven como una salida al latifundio y una herramienta básica para la reactivación del campo.

Franklin Columba, coordinador de la Comisión de Política de la Fenocin, apoya la ley. En el otro lado está la Conaie, que mantiene su oposición a cualquier iniciativa legal del oficialismo.

El dirigente Columba espera un acceso equitativo a las tierras. En enero pasado se conformó la Alianza Indígena, o de los Pueblos, que tiene en su agenda el cumplimiento de la  revolución agraria, con el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria.

La agenda definitiva se definirá el 30 y 31 de enero próximo. Los integrantes de la alianza quieren concretar una reunión con el Presidente de la República, Rafael Correa, para definir los aspectos fundamentales en políticas públicas sobre el agro.

Según el Gobierno, en cambio, la Ley de Tierras es una herramienta fundamental en el cambio de la matriz productiva porque combate a las tierras improductivas.

Por su parte la Fenocin destaca en el proyecto la inclusión del derecho a la tierra comunitaria, la defensa de los territorios de los pueblos y nacionalidades y los incentivos para disminuir los minifundios.

Los dirigentes de la Fenocin quieren que la institucionalidad que cree la norma dé autonomía, voz y voto a los representantes de productores y de los pueblos y nacionalidades.   

Uno de los temas más polémicos es la delimitación del latifundio. En ese asunto, los asambleístas Lourdes Tibán y César Umaginga, ambos de Pachakutik, aseguran que no están claros los parámetros técnicos para definir los mínimos y máximos de las unidades de producción agropecuaria, lo que no permitiría acabar con los latifundios.

Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de SoberaníaAlimentaria, explicó que no es cuestión de tamaño sino de uso y manejo adecuado de la tierra.  

Otro tema que ha causado discusión es que entre las garantías de la soberanía alimentaria, la autoridad Agraria Nacional deberá autorizar  la compraventa de tierras rurales a una persona natural o jurídica en una extensión superior a 2.000 hectáreas. En el artículo 16 explica que las empresas extranjeras no podrán adquirir o arrendar tierras rurales.

El legislador indicó que a nivel regional esto se conoce como la extranjerización de la tierra y se busca evitar  que grandes multinacionales se apropien de la totalidad de las tierras del país.

En Argentina ya se aprobó una normativa  que pone un techo de 1.000 hectáreas a las nuevas propiedades de extranjeros y un límite del 20% del territorio que pueda estar en manos foráneas.

“Solo podemos reglamentar, porque la Constitución no prohíbe a los extranjeros comprar tierras, pero sí tenemos que asegurar la soberanía del país”, insistió el legislador.

Proaño aclaró que dentro del informe se pedirá al pleno la aprobación de una consulta prelegislativa, que durará un mes. Pero las sugerencias no serán vinculantes.

Datos

El proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales tiene 123 artículos, 9 disposiciones generales, 10 transitorias y 7 derogatorias.  

La ley establece que las autoridades darán un plazo para que los dueños  de propiedades rurales que no tengan un fin productivo demuestren que están en uso, cuando sean identificadas.

La propiedad de la tierra rural deberá cumplir con la función social. Esta implica la generación de empleo, la redistribución equitativa de ingresos, y la utilización productiva y sustentable de la tierra rural.

En las superficies grandes de tierras se hará una evaluación del cumplimiento social y ambiental. En el caso de que no se cumpla con ello se da un plazo de 2 años para que se mejore.

Además se crea el Fondo Nacional de Tierras, que es un instrumento que intervendrá en las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de asociaciones legalmente reconocidas de productores de la agricultura familiar campesina.  

Para acceder a los programas de redistribución de tierra, las organizaciones de campesinos contarán con un proyecto productivo que tendrá asistencia técnica.

En 2012 los legisladores Jaime Abril; Marco Murillo; Fernando Cáceres; Ramiro Terán; María Molina; Jorge Escala; Francisco Ulloa y Línder Altafuya presentaron el proyecto de ley al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.

Ese mismo año, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras; y la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro entregaron también su propuesta.