La estrategia de intervención usada en Ecuador no sería configurar un golpe de Estado, sino implementar una campaña permanente en contra del gobierno. Esa fue una de las percepciones del asambleísta por Alianza País, Diego Vintimilla, el miércoles pasado durante una entrevista en Radio Pública.

El legislador considera que el método no es desacreditar una determinada ideología, sino la ética de quienes administran la cosa pública: “La deshonra no va por el tema político. Lo que se disputa es el sentido ético de quienes proponemos una alternativa”.

En ese sentido, Vintimilla advierte que la “mayor sorpresa” será cuando se conozcan nexos con funcionarios públicos “porque la CIA no solo se infiltra en la oposición, sino que busca ingresar al Gobierno y no me asombraría que salgan nombres de personas que hayan hecho un buen papel y tengan una valoración política positiva”.

Esto en relación con las revelaciones hechas por Telesur y EL TELÉGRAFO sobre las supuestas vinculaciones de periodistas, políticos y militares con una red dirigida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EE.UU.). Recordó que la CIA dividió el Partido Comunista en 1963, por lo que cree que “por ahí está el tema más complicado” y considera que la sociedad civil debe estar atenta.

En esto coincide el especialista de la Flacso en temas de seguridad, Gabriel Orozco, quien también participó de la entrevista. El catedrático cree que es necesario que la ciudadanía profundice el sentido de la autonomía y la libertad en el acceso a sus derechos para que identifiquen lo que les conviene.

Orozco se refirió a la política exterior de los EE.UU. que, aunque ha cambiado en los últimos años, históricamente ha sido intervencionista en América Latina y “se mueve con una maquinaria que no depende de un presidente”. Para el experto está compuesta fundamentalmente por el complejo militar industrial del cual forma parte la CIA; la  influencia en el congreso (de EE. UU.) por parte de los loobystas y de los grandes consorcios económicos como la industria de compuestos químicos para la lucha contra el narcotráfico.

Entonces, en la actualidad -complementó Vintimilla- hay 2 matrices de intervención: el terrorismo en Medio Oriente y el narcotráfico en América Latina que se basan en la injerencia de determinados escenarios o en la construcción de otros.

Para ello -según los entrevistados- se ha aplicado la penetración cultural que establece pautas de conducta, las cuales buscan interiorizar patrones dentro de los ciudadanos, incidiendo en lo que consumimos: películas, libros y música.

Industrias culturales

Las potencias mundiales, no solo EE.UU., aprovecharían la llamada “globalización 5.0” de la Web que serviría para amplificar valores. “Ahí es donde efectivamente está la guerra por los corazones y las mentes de los ciudadanos (...) por eso EE.UU. tiene tanto éxito  y muchos gobiernos no han entendido que allí  es donde hay que reforzar, justo en los aspectos de la cultura”.

Para afianzar esta intromisión desde los actores sociales al interior  de las naciones, la CIA estructuró organismos como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Usaid. Así lo corrobora el diario estadounidense The New York Times en 1997: “se creó (la NED) para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la CIA durante decenios. Gasta $ 30 millones al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países”.

Carl Gershman, primer presidente de la entidad, explicó en junio de 1986, 2 años después de su creación, que la organización se constituyó porque “sería terrible para los grupos democráticos del mundo presentarse como financiados por la CIA. Vimos esto en los años 60 y por eso pusimos fin a ello. Es porque no podíamos seguir haciéndolo por lo que se creó (la NED)”.

El año pasado, esa fundación invirtió más de un millón de dólares (ver gráfico) en Ecuador para proyectos de comunicación, sindicalismo y procesos electorales.

En su página web expresan que el país ha experimentado un “deterioro democrático” y critican el gobierno de Rafael Correa que -en su opinión- ha incrementado la censura y el control de los medios, el sistema judicial y ha impuesto limitaciones a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que “los subsidios de la NED promueven el debate democrático sobre política”. (I)

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Exempleado de la NSA dijo que el país europeo colabora con EE.UU. en espionaje

España tiene una relación de amor y odio con la CIA

En la séptima planta del edificio de la Embajada estadounidense, en el número 75 de la madrileña calle de Serrano, se encuentra la base del espionaje norteamericano en España.

No es ningún secreto. En sus oficinas, orientadas hacia la Plaza de Colón, trabajan una veintena de agentes de la CIA en buena sintonía con el servicio secreto español, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Quienes han visitado esos despachos aseguran que son departamentos modestos y discretos, incluso un tanto anodinos. Quizá el motivo sea que la esencia del misterio está oculta entre la sencillez.

Desde esas instalaciones, la CIA ha jugado un destacado papel en la historia reciente del país: desde la creación de sus bases militares en Morón de la Frontera y Rota, en Andalucía, durante la dictadura franquista, a la lucha contra el yihadismo radical, especialmente a partir del descubrimiento de que uno de los suicidas de las Torres Gemelas de Nueva York, Mohamed Atta, perfiló los detalles del brutal atentado en territorio español.

Según destaca el periodista Alfredo Grimaldos en su libro “La CIA en España: espionaje, intrigas y política al servicio de Washington”, la agencia estadounidense también cuenta con una de las redes de colaboradores más numerosa de Europa. Obviamente, el número es otro misterio inescrutable pero no así su actividad. Estos confidentes informan puntualmente sobre actividades económicas y tecnológicas excepcionales y, sobre todo, aportan datos sobre organizaciones musulmanas sospechosas de fomentar el activismo extremista en España, un país que el Estado Islámico ha colocado entre sus objetivos prioritarios al considerarlo parte del Califato que el cristianismo arrebató hace 13 siglos a los musulmanes.

Luego está el escándalo del espionaje de los satélites de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) destapado en 2013 que el gobierno de Mariano Rajoy solventó con negativas nada convincentes. Precisamente, uno de los hombres más buscados del mundo, Edward Snowden, el exempleado de la NSA que desveló los programas informáticos que su país ha preparado para espiar a ciudadanos de todo el mundo, contradijo la versión oficial en una entrevista emitida en exclusiva por un canal privado de televisión español el pasado mes de marzo.

Snowden confirmó la fluida relación existente entre los servicios secretos de ambos países, aseguró que “no puedes espiar a España sin que España esté al corriente. Si el CNI fuera honesto admitiría que están almacenando información de toda la ciudadanía por si la necesitan más adelante. El Gobierno español colaboró con EE.UU. en algunas áreas de espionaje, aunque no en todas”. Y más adelante sentencia con una frase lapidaria: “España no puede decir que no espía de forma masiva e indiscriminada en colaboración con EE.UU., porque es falso”. Estas acusaciones han quedado varadas en un limbo que el vacío de gobierno existente ha contribuido a silenciar.

No sucedió lo mismo con los vuelos secretos organizados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) de EE.UU. entre 2003 y 2005 para trasladar a sospechosos de terrorismo desde Afganistán a centros de reclusión secretos para someterlos a terribles torturas. España no solo fue el lugar ideal para el repostaje de los aviones sino que permitió y ocultó el movimiento dentro de su territorio de agentes con documentación oficial falsa facilitada por la Administración entonces presidida por George W. Bush.

El escándalo salió a la luz y adquirió dimensiones colosales tras la filtración que Wikileaks hizo de algunos cables enviados a Washington por la embajada en España en los que informaba que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero solo pedía discreción para minimizar su impacto sobre la opinión pública española. Finalmente, todas las denuncias presentadas contra la CIA terminaron archivadas y los recursos judiciales fueron rechazados.

Manuel Cerdán es uno de los pocos periodistas españoles que ha trabajado con información sensible del CNI. En una de sus investigaciones encara las procelosas relaciones que mantiene con la CIA con una de las conversaciones mantenida con un experto de la Seguridad del Estado y el agente descubre el foco de las tensiones entre ambos servicios de espionaje: “Nos ayudan porque, en contrapartida, reciben información de primera mano sobre sus intereses en Beirut, Cuba o Venezuela donde ellos tienen difícil acceso. Saben que no todo es cuestión de satélites, que es casi necesario pisar la calle. Durante años insistimos a la NSA de que nos desencriptaran unos archivos de ETA y, ante nuestra sorpresa, siempre nos contestaban que no era posible. Más bien, que no querían. Destinaban sus fuerzas y medios a sus intereses”.

Estas convulsas relaciones tuvieron su momento álgido en 1988 cuando se descubrió un dispositivo electrónico en el teléfono del director de Asuntos Consulares español. El responsable de su instalación resultó ser un agente de la CIA, Kenneth Moskow, ayudado por tres inspectores de policía, dos capitanes y un comandante del Ejército español. El incidente provocó su expulsión de España y también de una docena de funcionarios de la Embajada.

Desde entonces, el CNI y el Ministerio del Interior sospechan de que sus departamentos están “agujereados” por funcionarios a sueldo de los norteamericanos.

En un extenso documento, el propio Cerdán relata cómo un exalto cargo del espionaje español describía en privado su preocupación por esa influencia, un tanto mitificada, del servicio secreto estadounidense en el hispano: “Solo hay que revisar cómo se desarrolló el conflicto (nacionalización) de Repsol-YPF en Argentina. La Embajada española fue mediatizada por nuestros agentes del CNI en función de la información que recibieron de la CIA y que solo beneficiaba a empresas norteamericanas”. (I)

Gorka Castillo, corresponsal en España