Desde 2012 los ecuatorianos están en  capacidad de conformar las asambleas ciudadanas. Estos son espacios donde las organizaciones sociales pueden opinar sobre las decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados.

En el país este mecanismo de participación ciudadana no ha despertado un interés significativo,  pues solo se registran 230 asambleas. Las provincias con mayor participación son Los Ríos, con 28; Guayas, 24; Sucumbíos, 22; Bolívar 21; Manabí 14; Zamora Chinchipe 11; Esmeraldas 8; Imbabura 7 y Pichincha, 6.

Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) quien se encarga de difundir y dar asistencia a los grupos sociales para que concreten este mecanismo.

Las asambleas no tienen límite de integrantes y hasta ahora entre todas agrupan a 192.801 ciudadanos. Ellos han participado en los procesos de inducción impartidos por el CPCCS hasta el mes pasado, informó  Raquel González, presidenta del organismo.

Uno de los integrantes es Elvira León, de la parroquia Juan Bautista Aguirre, del cantón Daule. Ella es la representante de entre 120 y 150 personas que forman la Asamblea local y que participan en el sector rural.

Ellos trabajan como intermediarios para gestionar proyectos en favor de las comunidades, pues entre sus funciones está el proponer planes de desarrollo y exigir el cumplimiento, sobre todo, del acceso a los servicios públicos.

También están facultados para “organizar de manera independiente el ejercicio de rendición de cuentas al que están obligados las autoridades electas”.

La Asamblea de Juan Bautista está vigente desde 2013 y León la ha presidido por 2 ocasiones. Uno de sus logros es haber coordinado con el municipio la dotación de agua para uno de los recintos. Este proyecto ya se está socializando. También se han encargado de facilitar las construcciones de canchas.

Uno de los problemas de las zonas rurales es la falta de letrinas, y esto se suma a la lista de pedidos para las autoridades. “Hemos solicitado al alcalde la construcción de letrinas, esto ya se socializó y se entregaron los documentos de cada una de las familias que serán beneficiadas”, resaltó.

Otra de las necesidades es que mejoren el servicio de transporte porque en este sector predominan las tricimotos.

La asamblea ha realizado reuniones con los transportistas para que se evite que menores de edad conduzcan las unidades y que mejore la atención. Los integrantes del grupo de ciudadanos están convencidos de que la participación ciudadana es primordial para el beneficio de la comunidad.

Mantenses gestionan recursos

Uno de los cantones en donde la organización ciudadana es palpable es en Manta. En esta ciudad los barrios están organizados. Oswaldo Bravo, presidente de la Asamblea cantonal, enfatizó que esta unión ha llegado casi al 99% de los sectores.

En la actualidad son 140 organizaciones las que conforman la Asamblea, que son los representantes a su vez de los barrios.

Este grupo ha logrado acceder a los diferentes mecanismos de participación ciudadana en el Municipio, como la silla vacía en el Concejo, veedurías y la socialización de presupuestos. “Hemos actuado en los presupuestos participativos”, recalcó el ciudadano.

Para él la diferencia es que ahora ya se considera a la ciudadanía con sus propuestas y proyectos. “Nada se aprueba en el Concejo cantonal si no tiene el voto positivo de los ciudadanos”, dijo.

La asamblea ciudadana del cantón Manta está gestionando recursos ante el Municipio para que puedan funcionar sin problemas. Estos espacios no tienen límite de integrantes para su conformación, explicó Bravo.

El objetivo del CPCCS es que el número de asambleas ciudadanas se incremente, como ha ocurrido en Manta. González detalló que al parecer, según las cifras, los habitantes de la costa se interesarían más  en participar en las decisiones de sus autoridades.

Guayaquileños buscan eliminar el estigma de sus barrios

En Guayaquil y Quito se han conformado 15 consejos barriales, que agrupan a las zonas para lograr beneficios en las comunidades. La mayor cantidad están en el puerto principal (13), mientras que dos se registraron en Quito.

Este trabajo inició en 2014 y este mes se realizó la primera Asamblea pública barrial en el suburbio de Guayaquil, concretamente en la 16 y la M. Para asegurar que los derechos de los ciudadanos sean respetados el CPCCS tiene previsto firmar un acuerdo con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y así se comprometan los alcaldes a trabajar con los ciudadanos.

Esto luego de que una de las quejas que ha recibido el pleno del CPCCS es que hay autoridades que no respetan el derecho de las personas. Uno de los casos se registra en Guayaquil.

Quienes conforman los comités son ciudadanos de sectores considerados peligrosos. Pero tienen esa categoría producto de las carencias económicas y de infraestructura, sumando a la poca atención que reciben del Municipio de Guayaquil.

Rita Alvarado vive en la cooperativa Fuerza de los Pobres, que está ubicada en la Isla Trinitaria. Su grupo tiene como prioridad conseguir alcantarillado, calles asfaltadas y cámaras de seguridad para mejorar el nivel de vida.

Los líderes de los comités están conformados por 10 personas que se capacitaron en el CPCCS y luego se hicieron elecciones locales para que la representación sea democrática. También se contemplan parámetros de equidad.

Los habitantes de la cooperativa La Colmena, en cambio, tienen la esperanza de que su sector se convierta en un sitio de recreación y se elimine el prejuicio de que viven sumidos en la violencia y la delincuencia.  

Este pensamiento se fortaleció desde que se empezó a ejecutar el proyecto de recuperación del estero Salado, a cargo del Gobierno Nacional, y “que ha dado dignidad a sus habitantes, pues ya no está lleno de basura”, comentó José Luis Valencia, presidente del Comité.

Desde el año pasado se inició el proceso en esta parte del suburbio en donde viven más de 11 mil personas, de las cuales cerca del 50% se vincularon a los mecanismos de participación ciudadana.

Los habitantes de La Colmena ya se reunieron con el gobernador Julio César Quiñónez para que les ayude con el patrullaje y vigilancia. Por eso también esperan que el Municipio apruebe la colocación de cámaras para controlar la seguridad a través del sistema ECU-911.

Valencia dijo que el objetivo es dejar de ser los barrios aislados para integrarse en el desarrollo de la urbe, por ello quieren aprovechar que el estero Salado está recuperándose y fomentar el deporte, además del turismo comunitario. (I)

DATOS

En la Ley de Participación Ciudadana consta un capítulo referente a la participación local a través de las asambleas locales. El artículo 56 dice que por cada nivel de Gobierno se podrá conformar una asamblea  para interlocución con las autoridades.    

Estos grupos deben garantizar pluralidad, interculturalidad, inclusión de organizaciones sociales y de la ciudadanía; con equidad de género y generacional.

El artículo 60 de la Ley resalta que entre sus funciones está respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente en lo que corresponde a servicios públicos. También podrán proponer agendas sobre planes y políticas públicas.

Otra de sus facultades es el control social y la organización de espacios de rendición de cuentas de las autoridades electas. En el caso de los niveles parroquiales deben integrar a representantes de barrios y recintos, comunas, entre otros.