La crisis sanitaria que vive el país por el covid-19 obligó a los gobiernos descentralizados municipales a redireccionar recursos que estaban programados para obras, eventos culturales y deportivos, para enfrentar la pandemia en sus jurisdicciones.

Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), indicó que por ley los cabildos deben reformar sus presupuestos, pero en el segundo semestre del año, a través del Concejo Cantonal.

Señaló que hoy en día un cabildo puede tomar el dinero de una obra para enfrentar la crisis sanitaria, siempre y cuando pertenezca al mismo rubro, así como alguna partida que pueden usar, pero en el ámbito en que la ley le permita. Por ejemplo, explicó, si se tiene recursos para desarrollo social, se puede reorientarlos al tema social.

Pero si es de agua potable no pueden mandar esos recursos a desarrollo social, a no ser que se reforme el presupuesto y, en ese sentido, se debe esperar al segundo semestre. “Obras como canchas cubiertas, veredas, cosas así, esperarán al siguiente año y más, porque se prioriza a la ciudadanía para que supere de la mejor manera esta crisis que atravesamos”, mencionó el titular de la AME.

Agregó que como alcalde de Paute (Azuay) dejó de hacer algunas obras para dedicarse a adquirir víveres a favor de la ciudadanía, e implementar las desinfecciones en la ciudad y en parroquias.“Hemos dado kits alimenticios a muchas de las personas que laboraban del día a día y que hoy no tienen qué llevar a sus casas”.

Enfatizó que “nosotros destinamos unos $ 150.000, de los cuales ya usamos alrededor de $ 50.000, y otorgaremos los recursos que sean necesarios por el tiempo que dure esta situación”.

En Guaranda, (provincia de Bolívar), tras declararse la emergencia cantonal, se elaboró un plan de contingencia que implicó crear partida emergente por $ 891.094 para adquirir insumos, materiales de prevención, desinfección, equipos de bioprotección, ventiladores y otros para prevenir la propagación del covid-19.

Para ello, explicó Medardo Chimbolema, alcalde de Guaranda, se tomó en consideración dinero destinado para pagar créditos, como el del Banco de Desarrollo del Ecuador, así como el rubro para un relleno sanitario.

Este último se reconsiderará en la próxima reforma presupuestaria del cabildo, que será en julio próximo. “Por el momento es necesario utilizar recursos de las partidas que no están con certificación de fondos, para direccionarlos a enfrentar la emergencia en el cantón”, indicó Chimbolema.

Acotó que hay un monto previsto de $ 100.000 para adquirir y distribuir kits de alimentos en Guaranda. Sin embargo, la campaña “Guaranda Pueblo Solidario” ha permitido al alcalde, al equipo de apoyo y otros funcionarios distribuir más de 15.000 racimos de plátano, miles de litros de leche y más de 3.000 kits alimenticios a beneficio de cientos de familias vulnerables.

Mientras que el Municipio de Pastaza, tras resolución del Concejo Cantonal, transferirá $ 355.000 a favor de las 13 parroquias del cantón, para atender sus necesidades básicas como la entrega de alimentos. También la adquisición de insumos de bioseguridad y desinfección ambiental conforme los lineamientos establecidos por el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional.

La propuesta vino del Conagopare Pastaza y determina que del monto aprobado se destinen $ 30.000 para las cuatro parroquias de acceso aéreo, incluida las de mayor extensión y $ 25.000 para las otras parroquias de acceso carrozable.

Normativa recoge más aportes

La Comisión de Desarrollo Económico recogió aportes de los representantes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para fortalecer el proyecto de Ley Orgánica de Solidaridad Humanitaria, que envió el Ejecutivo a la Asamblea.

En su intervención, Raúl Delgado sugirió que en la normativa se permita crecer el techo de endeudamiento a 300% para todo tipo de obra y a 400% para el agua potable y alcantarillado.

Sobre la reducción de salarios dijo que los municipios, al gozar de autonomía, adoptarán decisiones de acuerdo con sus realidades. Propuso la creación de un fondo de contingencia con el aporte del 3% de los gobiernos seccionales y así superar cualquier emergencia en las provincias o cantones.

Mientras que la asambleísta Viviana Bonilla sugirió que la contribución humanitaria se inicie sobre $ 2.500 y no los $ 500; y que se incluya en las exenciones las pensiones alimenticias. Acotó que la contribución única sobre las utilidades de sociedades sea del 3% y no del 5%. (I)