“Yo no tengo miedo de que me investiguen” esas fueron las palabras de la legisladora de la provincia de Manabí por Alianza PAIS y Unidad Primero, Karina Arteaga, en la sesión número 682 de la Asamblea, en la que el pleno con 101 votos afirmativos, 2 negativos y 12 abstenciones levantó la inmunidad parlamentaria y autorizó su enjuiciamiento penal.

La asambleísta es procesada por el delito de concusión. Fue acusada de un supuesto cobro de diezmos a sus excolaboradores. Ella asegura que se trata de una persecución política, “porque a pesar de que esto es una injusticia, no menoscaba mi derecho de la presunción de inocencia, además no me tiemblan las piernas”, acotó Arteaga.

El juez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, envió la solicitud al poder legislativo ya que,según señaló, ese delito no la exonera de la responsabilidad. Antes la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, había pedido que se fije hora y fecha para la formulación de cargos en contra de Arteaga, quien puntualizó que entre las pruebas que no se evacuaron hasta el momento de la formulación de cargos, estaba su propia versión.

Dos excolaboradoras denunciaron a Arteaga en la Fiscalía. Una es Andrea Utreras, quien aseguró en octubre de 2018, que la parlamentaria le exigía dinero para aportar a la organización política a la que pertenecía.

Otra de las denunciantes es quien fue su asesora por tres meses, Verónica Pinargote, que dijo que le entregaba el 90% de su sueldo, que era depositado en la cuenta del esposo de la representante de Manabí.

La Asamblea tiene pendiente la conformación de una comisión multipartidista que podría analizar la destitución de Arteaga. En febrero de 2020 el legislador Fabricio Villamar la denunció por una presunta gestión de cargos públicos. (I)