En audiencia la tarde de este lunes, la jueza de contravención Gloria Pinza decidió negar el pedido de deportación para la ciudadana de nacionalidad brasileña, Manuela Picq Lavinas, detenida durante las violentas protestas de sectores de la oposición registradas el 13 de agosto.

La diligencia se llevó a cabo en la Unidad Judicial Primera de Contravenciones, en Quito. Allí el fiscal Patricio García expuso el caso. Por el lado de la defensa habló el abogado Juan Pablo Albán.

La jueza indicó que no se presentaron argumentos válidos para sustanciar el pedido y señaló inconsistencias en el proceso. También ordenó que se inicie una investigación por presunta adulteración de documentos.

El abogado Albán pidió que se analice la resolución de cancelación de la visa, así como partes policiales. La solicitud de investigación fue para 2 funcionarios: uno del Ministerio del Interior y otro de la Cancillería. La jueza indicó que en un plazo de hasta 48 horas la procesada podría quedar libre.

Albán indicó que continuarán procesos legales para que se reconozca la permanencia de Picq en el país. "No sabemos todavía la categoría migratoria, pero ella en todo caso cuenta con una visa que se encuentra vigente", sostuvo.

Recordó que su defendida tiene una unión de hecho con Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, que es suficiente para obtener una visa de amparo.

Tras la audiencia, Picq salió de la Unidad Judicial; atrás de ella estuvo Andrés Páez (CREO). Insistió que planteará la residencia legal en el Ecuador. Abandonó el lugar junto a Carlos Pérez, bajo resguardo policial. En los exteriores le esperaban varios simpatizantes afines a la Conaie.

Por otro lado, desde la Caja del Seguro (centro de Quito), desde las 16:00, un grupo de simpatizantes afines a la Conaie marchó por la avenida 10 de Agosto. Tomaron la Gran Colombia y regresaron hasta la Unidad Judicial de Contravenciones, en donde se realizó la audiencia de Picq. No se registró incidentes hasta las 18:30.

El pasado viernes, la Cancillería decidió revocar la visa 12 VII (de intercambio cultural), que había sido otorgada a Picq con vigencia hasta el 26 de agosto, debido a que "realizó actos que pertubaban la paz y el orden público durante las protestas del 13 de agosto", según consta en el informe jurídico.

La  Ley de Extranjería, en su artículo 3 señala: "Con el objeto de que el Gobierno del Ecuador pueda conservar estricta neutralidad en los asuntos de la política interna o externa que se susciten en otro Estado, adoptará las medidas conduncentes para impedir que los extranjeros que residan en el país, participen en actividades políticas o bélicas que inicien o fomenten guerras civiles o conflictos internacionales".

El Ministerio del Interior indicó el viernes que con la revocatoria de la visa, Picq se encontraba en "permanencia irregular" en el país.  Desde su detención permanecía en el Centro de Acogida Temporal (Albergue para ciudadanos extranjeros en proceso de deportación), en el Hotel Carrión de la capital.

También aclaró que Picq, al brindar declaraciones sobre su proceso de verificación de situación migratoria, afirmó no haber sido sometida a ningún tipo de maltrato desde el momento de su retención e incluso haber sido atendida de manera amable por el personal policial y los médicos que la trataron. (I)