Con voto unánime (10 a favor y 2 ausencias) la Comisión de Fiscalización aprobó el informe contra el superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, en el que se recomienda se dé paso al juicio político en el pleno Legislativo.

La Asamblea Nacional, de encontrar responsabilidad penal, podrá remitir las pruebas de cargo y descargo bien a la Fiscalía General del Estado como a las distintas instituciones.

En este momento los asambleístas de la Comisión enviaron el informe al presidente José Serrano para que disponga a la Secretaría General la difusión del mismo a los 137 asambleístas.

El Presidente de la Asamblea estableció que el jueves a las 9:00 se realice el proceso de interpelación del juicio político al superintendente Carlos Ochoa.

Al proceso de interpelación deberá acudir el Superintendente y dos asambleístas de los 53 firmantes. La asambleísta Lourdes Cuesta comunicó que será ella y el asambleísta Fabricio Villamar los legisladores interpelantes.

Cuesta dijo estar segura de contar con los votos para que el pleno concuerde con la censura y destitución. Además pide que este tema no se quede en la Asamblea Nacional, sino pase a competencia de la Fiscalía General del Estado.

Más temprano, con 7 asambleístas asistentes de 12, la Comisión de Fiscalización había mencionado en su informe preliminar la recomendación de dar paso a juicio político, según comunicó la presidenta María José Carrión.

A pesar de que la sesión estaba solicitada a las 15:00, la misma inició a las 15:50 y se dio a conocer el informe de 80 páginas que se había elaborado tomando en cuenta las pruebas de cargo y descargo que presentaron tanto los asambleístas proponentes de juicio político, Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta (CREO), como el funcionario.

Dentro del informe preliminar presentado se tomaron en cuenta varios aspectos en contra de Ochoa: modificación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), censura por la modificación, el caso de Teleamazonas.

Los asambleístas también presentaron sus observaciones en torno a este informe.

Dentro del informe no se tomó en cuenta el caso de Gama, porque para la fecha Ochoa no ejercía cargo público.

“Sin embargo, siempre queda la consideración de no dejar de lado el análisis hacia futuro, para considerar que aquellas entidades que han sido fundadas en el sector privado y han pasado a ser parte del sector público, deberían tener las mismas consideraciones de bienes públicos”, dijo Carrión.

“Debe valorarse dentro de un punto de vista objetivo. La valoración deberá ser objetiva e imparcial, siendo antecedente de la seguridad jurídica del país”. (I)