El Gobierno de México aceptó otorgarle al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, el estatus de visitante por razones humanitarias, lo que le permite la estadía legal en ese país hasta agosto del 2020.

El exfuncionario salió del Ecuador en octubre del 2018, apenas se instauró en su contra un proceso penal por el delito de falsificación ideológica, porque según la fiscalía autorizó por su cuenta el cambio de un artículo de la ley de comunicación para sancionar a la prensa.

A raíz de este suceso, Ochoa ingresó a Bolivia donde el régimen de Evo Morales le concedió el asilo el pasado 12 de febrero.

De la misma manera, la exasambleísta Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, viajó a Bolivia posiblemente en noviembre del 2018, luego de que la Asamblea la destituyera del cargo. La legisladora también tenía orden de prisión preventiva por un delito de tráfico de influencias, tras visitar a una de las procesadas en la cárcel para, supuestamente, influenciarla a cambiar su testimonio dentro del proceso que se sigue por el secuestro en Colombia del activista político Fernando Balda.

De acuerdo a la legislación de México, la condición en la que se encuentra el exsuperintendente le permite entrar y salir de ese territorio, pero no se ha confirmado si inició el trámite para pedir asilo permanente.

En el país azteca también está refugiado el excanciller Ricardo Patiño, mientras que los asambleístas Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri, con sus respectivos cónyuges, y Luis Molina se encuentran en la embajada de esa nación en Quito en espera de que se cumpla el trámite de asilo. (I)