Organizaciones de Bolivia, Ecuador y Perú solicitaron al Gobierno boliviano que no conceda asilo al exsuperintendente de Comunicación ecuatoriano Carlos Ochoa y lo devuelva de su país para que sea juzgado.

El pedido se realizó  este jueves 14 de febrero. La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Fundamedios e IPYS de Perú firmaron un comunicado en Sucre, capital de Bolivia, de rechazo a una posible "concesión del estatus de refugiado" a Ochoa, quien junto a la exasambleísta ecuatoriana Sofía Espín solicitó refugio en Bolivia.

La asociación boliviana, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) reclamaron al Gobierno de Bolivia que Ochoa sea devuelto a las autoridades de su país "para que responda por delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas".

"No existe ninguna causa para que pueda ser considerado un perseguido político, pues en el Ecuador debe responder a un juicio", argumentaron.

Al respecto, añadieron que el juicio versa sobre acusaciones por falsificación de documento público para sancionar "fraudulentamente" a once medios de comunicación y por malversación de fondos públicos al ordenar la impresión de 300 mil ejemplares de la Ley de Comunicación "que contenía alteraciones a la norma".

El pasado martes la Cancillería de Bolivia confirmó la solicitud de refugio, que estas organizaciones consideran que "no se debe prestar para proteger a quienes son acusados de delitos comunes".

Ecuador envió la semana pasada a la Cancillería de Bolivia el reporte judicial sobre Espín y Ochoa, en el que se constata que son requeridos por la Justicia ecuatoriana y "no son perseguidos políticos".

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) dictó en enero pasado una orden de prisión preventiva contra Espín, después de que incumpliera la medida de presentarse periódicamente ante el tribunal, tras haber sido acusada de tratar de influir en una testigo de cargo en un caso que salpica al expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Asimismo, un juez de la CNJ ordenó prisión preventiva, con fines de investigación, contra Ochoa, acusado de presunta falsificación y uso irregular de documento.

El exsuperintendente está acusado de haber cometido abusos en la aplicación de la Ley de Comunicación, tildada como "mordaza" por gremios de periodistas, y de presuntamente haber alterado un texto para sancionar a medios de comunicación. (I)