El día en que Chevron cumpla con la sentencia de la justicia ecuatoriana (confirmada en todas las instancias legales) y cancele los $ 9.511 millones de indemnización por el daño ambiental y a la salud humana ocasionada en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, el dinero no será repartido entre los 30 mil afectados por la contaminación petrolera, sino que será administrado a través de un fideicomiso, que emprenderá proyectos de recuperación y remediación ambiental.

Varios componentes se tomarán en cuenta para invertir el dinero que se obtenga de la indemnización, tras 20 años de litigio entre la transnacional estadounidense y los afectados de 5 nacionalidades indígenas: Cofán, Siona, Secoya, Waorani y Kichwa, así como campesinos de las dos provincias amazónicas citadas.

En la misma sentencia de primera instancia emitida por la Corte de Justicia de Sucumbíos se estipula cómo se cuantificaron económicamente el daño ambiental y a la salud humana (ver gráfico sobre las secuelas de la contaminación).

DATOS

Juan Pablo Sáenz, abogado de los afectados, señaló que el embargo a las 50 marcas de la compañía en Ecuador es el primer paso para recaudar $ 9.500 millones que dictamina la sentencia ratificada por la Corte Nacional de Justicia el martes pasado.

Las 50 marcas están valoradas entre $ 100 y $ 300 millones. Un perito que sería nombrado a fines de noviembre  deberá valorarlas.  El remate se plantearía entre enero y febrero del próximo año.

Hay acciones de cobro en Canadá, Brasil y Argentina, donde Chevron tienes activos.  Con la ratificación de la sentencia se podrá  iniciar un proceso en otras jurisdiccionesNi un centavo de los $ 9.511 millones ($ 8.640 por el daño ambiental, más $ 870 millones por el 10% de ese valor en cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental) irán a manos o bolsillos de los afectados. El dinero se invertirá en: remediación de suelo, $ 5.390 millones; implementación del sistema de salud de la comunidad, $ 1.400 millones; tratamiento de enfermedades a afectados, $ 800 millones; remediación de fuentes de agua, $ 600 millones; recuperación de las especies nativas, $ 200 millones; agua potable y apta para el consumo de la comunidad, $ 150 millones; y programa de reconstrucción cultural de comunidades, $ 100 millones.   

En cuanto al mayor rubro relacionado con el tema ambiental, el juez de la Corte de Sucumbíos que emitió la sentencia, Nicolás Zambrano, en base a estudios e informes de peritos, consideró que $ 5.390 millones sería el rubro  apropiado para la remediación de suelo y agua subterránea respectivamente.  

En cuanto a la afectación a la salud de las personas -según consta en parte de la sentencia- la Corte la estimó en $ 800 millones en base  no solo a los daños pasados y presentes, sino los daños futuros esperados “según las circunstancias del caso y las experiencias de vida”.

La Corte de Sucumbíos condujo un extenso análisis de los muchos estudios de salud existentes en el expediente que evidencian un rango diverso de problemas de salud ocasionados por las operaciones petroleras de Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001.

Es por ello  que la Corte encontró amplia evidencia en el expediente que le permitió concluir que el cáncer es un problema grave de salud relacionado con el petróleo en las  zonas en donde operó por más de 20 años la compañía extranjera.

En lo referente a resarcir los impactos culturales en las comunidades indígenas y colonas afectadas por las actividades petroleras, la Corte reconoció que conductas como la ejercida por Texaco pueden tener consecuencias especialmente graves en casos en los que se afecte el ecosistema donde  vivan grupos cuya integridad cultural esté firmemente asociada con la salud del territorio, pues la degradación ambiental puede llegar a amenazar la existencia misma del grupo.

Con el fin de evaluar los impactos en la forma de vida de las comunidades afectadas, la Corte examinó, entre otras cosas, testimonios tomados en las inspecciones judiciales. La Corte determinó, entonces, que el desplazamiento forzado debido a los daños a ríos y suelos causados por las operaciones petroleras de Texaco causaron un daño real y legítimo a la forma de vida de comunidades indígenas.  

Pese a todas esas evidencias, por largo tiempo, -según consta en la sentencia de primera instancia de la Corte de Sucumbíos- Chevron ha mantenido que los demandantes no se beneficiarán de la indemnización; sino que “el Gobierno ecuatoriano se apropiará de los fondos”.

Para Juan Pablo Sáenz, uno de los abogados de la Unión de Afectados de Texaco-Chevron, esta afirmación es la que ha utilizado la transnacional como una de las justificaciones principales para cuestionar la validez del proceso y, preventivamente, rehusarse a pagar lo ordenado en cualquier sentencia. En la sentencia, sin embargo, se señala: “El Gobierno de Ecuador (…)  no forma parte de este juicio ni podrá beneficiarse de él”. El proceso de ejecución de la Corte deja claro que el Gobierno no recibirá ninguna porción de la indemnización.

Fue entonces que la Corte ordenó a los demandantes establecer un fideicomiso, a donde debe ir toda la indemnización. “El beneficiario de este fideicomiso será el Frente de Defensa de la Amazonía, ONG que representa a los intereses de los demandantes en este caso, y/o cualquier persona asignada por el Frente de Defensa. Más allá, la Corte ha ordenado que todo el patrimonio tenga como destino cubrir costos necesarios para la contratación de las personas encargadas de ejecutar las medidas de reparación previstas (en la sentencia), y los gastos legales y de administración del fideicomiso”, se estipula.

FISCALÍA INICIA INDAGACIÓN CONTRA JIMÉNEZ

El pasado 9 de noviembre, el vicepresidente  Jorge Glas pidió  a la Fiscalía General iniciar una investigación en contra del asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik), por tener información reservada de correos electrónicos de funcionarios del Gobierno, entre ellos del presidente Correa.

Tal información estaría relacionada con la que  fue presentada por Chevron días antes de iniciar  el juicio RICO en Nueva York.

Ayer, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, aseguró que bajo su cargo se iniciará la investigación,  de oficio. “En este momento estamos en la fase inicial en la cual realizaremos los primeros análisis para organizar todo el trámite jurídico”, declaró.

La indagación previa en contra de Jiménez duraría alrededor de 90 días, en los que la Fiscalía General podría solicitar prórrogas, en el caso de encontrar elementos de convicción.

Por otro lado, con respecto al fallo de la Corte Nacional de Justicia en el caso Chevron, Jiménez expresó  que es “una evidente práctica de discrecionalidad judicial”.

ECUATORIANOS, MALTRATADOS EN CORTE DE NY

Juan Pablo Sáenz, del equipo de abogados de los 30 mil amazónicos afectados por la contaminación de Chevron, denunció ayer el maltrato del que vienen siendo objeto ecuatorianos que fueron llamados a testificar dentro del juicio bajo la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), que desde el 15 de octubre pasado se ventila en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, liderada por el juez Lewis Kaplan.

Ronald Moncayo, uno de los representantes de los afectados en EE.UU., fue víctima de abuso  por parte de personal de la Corte, “que le obligó a entregar computador, correos electrónicos y una serie de cosas más”, según añadió Sáenz.

Para ayer estaba prevista la comparecencia de Humberto Piaguaje, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, pero tras conocer el maltrato contra los ecuatorianos y sus abogados, decidió no viajar. “Los dirigentes analizaron qué tanto vale la pena acudir a la Corte y se considera  que los maltratos evidencian que no hay las suficientes garantías”, señaló.