Hace una década, con el Decreto Ejecutivo 2752, el expresidente Lucio Gutiérrez avaló la destitución de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), efectuada por el Congreso Nacional tras un acuerdo político con el Ejecutivo.

Eso, unido a la osadía de arrebatar a los socialcristianos la justicia del país e instalar la ‘Pichi’ Corte para traer de retorno a Abdalá Bucaram (PRE), desembocaron en la caída del régimen del Partido Sociedad Patriótica (PSP).

Esas y otras arbitrariedades afectaron gravemente la institucionalidad, lo que, incluso, puso al Ecuador en la mira de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Haber arrasado con la CSJ, con el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) -según la prensa de la época y analistas consultados actualmente-, constituye una de las páginas más oscuras de la historia, ya que el Legislativo y Ejecutivo actuaron contra todo derecho establecido y, sobre todo, contra la Carta Magna.

A decir de Gustavo Jalkh, actual presidente del Consejo de la Judicatura, hace 10 años se dio una alianza “perniciosa” entre Ejecutivo y Legislativo, que puso en peligro la institucionalidad del Ecuador. Por ello, “el pueblo salió a las calles a defender la democracia y la justicia”.

Antes, la mayoría de jueces eran -según Jalkh- designados a contrato o nombrados a dedo; hoy se lo hace mediante concurso de oposición y méritos e impugnación ciudadana, lo que da transparencia e independencia a la Función Judicial.

Pese a ello, sectores que antes tenían el control de la justicia dicen que ahora el Gobierno de Rafael Correa tiene “secuestrada” la justicia.

Basta revisar el informe de la CIDH, del 2 de agosto de 2011, para descifrar y conocer quiénes eran los que ponían su ‘cuota’ para designar magistrados de la CSJ.

La CIDH analizó lo que sucedía en el Ecuador luego de la denuncia que entablaron ante ese organismo 27 de los 31 jueces de la CSJ destituidos entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de diciembre de 2004 por el Congreso Nacional, a solicitud del gobierno de Lucio, quien convocó a sesión extraordinaria.

Tal informe de la CIDH señala quiénes tenían voz y voto para nombrar jueces de la CSJ, cuyo poder del Estado, según lo admiten analistas y el mismo Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio, estaba en manos del Partido Social Cristiano, banqueros y la derecha.

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Según Gilmar, la justicia en esa época estaba controlada políticamente. “Era una justicia que estaba controlada, le llamaban la corte ‘febresborjista’, porque un poco más de la Corte Suprema era de (León) Febres Cordero y la otra se repartían entre la Izquierda Democrática (del expresidente Rodrigo Borja) y Democracia Popular (de los expresidentes Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad). Lógicamente había una justicia totalmente politizada”.

El Congreso fue el encargado de designar a los 31 jueces de la CSJ ‘indefinida’ que fue destituida. Se los escogió de una lista de candidatos propuestos por expresidentes de la República, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, expresidentes de la CSJ, magistrados de las Cortes Superiores de Justicia y Tribunales Distritales de lo Fiscal y lo Contencioso Administrativo y Federación de Empleados y Funcionarios Judiciales, la Federación Nacional de Abogados, las asociaciones de Derechos Humanos, los decanos de las facultades de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas y los miembros del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas.

La lista de candidatos a jueces del más alto organismo de justicia del Estado también la proponían: la Asociación Nacional de Directores de Periódicos, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, las centrales sindicales, las organizaciones campesinas y los maestros y educadores organizados en la UNE y Fenapure, las organizaciones de los pueblos indios y afroecuatorianos del Ecuador, el Consorcio de Consejos Provinciales y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y las Cámaras de la Producción y Artesanía.

El 2 de octubre de 1997 el Congreso designó a los jueces de la CSJ, su posesión fue el 6 de octubre de ese año y su ‘remoción arbitraria’ entre el 8 y 9 de diciembre de 2004.

Según la CIDH, los hechos de hace una década ocurrieron en un contexto caracterizado por la fragilidad del Poder Judicial, reflejada en la remoción no solo de la CSJ, sino del TC y del TSE, por parte del Legislativo. Y fueron más allá al determinar que el cese de funciones de las altas cortes estuvo seguido de la activación de mecanismos para impedir el acceso a la justicia.

Por ello, la CIDH recomendó que ese caso constituyó “una oportunidad para que la Corte-IDH consolide su jurisprudencia sobre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en materia del debido proceso, mediante la aplicación de estándares respectivos...”.

Una década después, esos estándares se ajustan a la realidad del país y la expectativa de organismos de derechos humanos y de los tratados internacionales. Según Carlos Ramírez, titular de la Corte Nacional de Justicia, ahora el nombramiento de jueces no es producto del reparto de cuotas políticas sino de un proceso de concurso público. (I)