El rector de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y expresidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio (CN-T), Gustavo Vega, conversó con este Diario sobre la historia de los clérigos en el país, la relación Estado-Iglesia y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

Las denuncias y escándalos del presidente del Consejo de Participación José Tuárez no paran. El debate puede centrarse en: si un sacerdote participa en política. ¿Qué dice la historia sobre esto?

Al comienzo de la Conquista y en la Colonia primaba el Patronato de Indias mediante el cual el rey de España podía nombrar a obispos en las distintas diócesis de sus colonias.

Eso ocurrió en la primera parte de la República, en las presidencias de Juan José Flores y Vicente Rocafuerte. Mientras fray Vicente Solano fue uno de los opositores a esa nominación. Esa primera etapa tuvo un momento más radical y hermético con Gabriel García Moreno. Él firmó un concordato el 1 de mayo de 1862, que sometía la vida espiritual del país al control de la Iglesia católica. La educación pública, privada, los libros estuvieron en manos de la Iglesia. Eso es lo que Óscar Efrén Reyes llamó la sumisión total a la Iglesia para evitar el imperio de maldad. Fue un exceso de control de la Iglesia.

Pero en la Revolución Liberal con Eloy Alfaro se terminó con ese concordato que era ominoso para la vida cívica y laica del país. En 1937, en el período de Federico Páez, se firmó un nuevo documento con la Santa Sede: el Modus Vivendi que prohibía a los clérigos participar en la vida política de Ecuador. Se les orillaba a un campo pastoral. También está el Concilio Vaticano II que impulsó el papa Juan XXIII y del sínodo de Obispos de Puebla. Fueron dos espacios interesantes y aperturista de la Iglesia católica.

El Derecho Canónico, en dos artículos: el 255 y 257, vuelve a prohibir expresamente al clero en participar en política.

¿Cómo ha sido la influencia  de los sacerdotes en el país?

Es bueno recordar que el exceso de influencia de los frailes ha sido tenebrosa para Ecuador y cito tres ejemplos: el asesinato de los censadores de Chicán, cantón Paute, azuzados por el cura, quien les dijo que debían pagar multas e impuestos por sus pequeñas propiedades.

El segundo ejemplo es el asesinato del doctor Jorge Merchán Aguilar, de la organización Punto Cuarto. Él fue perseguido por el populacho y despeñado de las rocas gracias a la instigación del cura Miguel Guanéla, en 1962. El tercer ejemplo es el asesinato de la llamada bruja de Molleturo, la señora Escandón, una feminista contestataria. Ella obtuvo permiso para conservar su propiedad en una época en la que se donaba a la Iglesia. Pero el cura Clavijo, que daba misa cerca de allí, incitó al populacho para escarmentarla. A ella la incineraron viva en la plaza de Molleturo, en la década de los 60.

¿Por qué recordamos la historia en el caso Tuárez?

Hay que recordar los excesos del clero. Se hicieron con la presencia nociva de una versión religiosa proterva, que ejerció un papel en la vida cívica de un país. Fernando Vega Cuesta, hoy miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, pidió licencia a su Iglesia para participar como asambleísta en la Constituyente. La arquidiócesis le concedió ese permiso pero, al mismo tiempo, lo marginó de la vida religiosa.

Así debe ser, sí Tuárez quería hacer lo propio, sin embargo, no tenía que mimetizar su identidad. Debía pedir al arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera, que le permita participar en la vida política del país. Pero usó el disfraz de un ciudadano normal y corriente, cuya identidad estaba escondida en la cédula de identidad. En otro tiempo, sí era posible tener una expresión política; por ejemplo, Julio María Matovelle era sacerdote mercedario, una estrella en educación, en teología y en filosofía y diputado (1887). Pero la Constitución le permitía esa actividad, hoy ya no.

¿La Iglesia debió expulsarlo o el presidente del Consejo de Participación debió  renunciar a su orden?

He visto declaraciones de los dominicos que condenan la vida personal de Tuárez. He leído que el arzobispo de Guayaquil orilla a Tuárez a tomar sus decisiones políticas sin el respaldo de la Iglesia. Eso tiene que ser así, si no contraviene las leyes civiles y códigos eclesiásticos. Pero siempre necesitamos guardar la memoria de los sacerdotes en primera línea. Por ejemplo, Bartolomé de las Casas, el sevillano que liberó a los indígenas de la esclavitud. También está el paso de fray Jodoco Rique, el primer sembrador de trigo en las Américas. No podemos dejar de pensar en gente excepcional, como monseñor González Suárez, el primer historiador científico de Ecuador, o el padre Velasco, quien era el novelista de la historia. Incluso en la vida moderna teníamos a monseñor Luis Alberto Luna Tobar. Las figuras religiosas son múltiples y muy variadas. Hablamos de la relación Estado-Iglesia.

¿Pero los sacerdotes deben o no participar en política?

Cuando pidan permiso a sus diócesis y se liberen de su identidad religiosa. Pero Tuárez disfrazó su identidad en la campaña. El nuevo CNE autorizó con error que él figure en sotana. Una falsedad que conduce al error. Se entiende que su información falsa hizo que postulemos su candidatura y el actual CNE cometió otros errores en cadena, incluido el de la autorización que debió ser prohibida con su sotana. También la Asamblea de buena fe lo posesionó como presidente del Consejo. Es un error inducido por la falsedad del presidente del Consejo. Es un grave error de la Asamblea de Montecristi tener ese Quinto poder. Hay que eliminarlo y recoger 135.000 firmas para extinguir ese Consejo de lo contrario habrá anticristos como el señor Tuárez. (I)