La Ministra de Gobierno María Paula Romo trabaja 16 horas al día y está al frente de 51 mil policías. Es la segunda mujer en ocupar esa cartera de Estado en 191 años de su creación. También está a cargo de la política, una tarea especialmente difícil en este país. Ella habló con este Diario sobre seguridad y política. (I parte)

¿Qué resultados hay en el Plan Más Seguridad?
No solo hemos firmado ese plan, sino estamos cambiando el modelo de gobernanza de la seguridad. Esto implica que el Gobierno no se sienta autosuficiente respecto a tema seguridad y buscar un abordaje que cumpla ciertas responsabilidades con los municipios. Es inevitable comparar, en el Gobierno anterior se dio un mensaje claro a los municipios: el tema de la seguridad no es con ustedes. Para nosotros la seguridad es con los municipios, jueces, sociedad civil, Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y con todo el mundo.

Esto refleja lo que hacemos con Guayaquil, Quito, Carchi, Cotopaxi y espero que tengamos la mayor parte de los municipios antes de terminar el año. Nos vamos con ellos en el marco de sus competencias. Este tema corre el riesgo de hacernos perder los papeles. La Policía no sentencia, no detiene a alguien, los jueces deben hacer su trabajo. No se trata de que el Ministerio de Gobierno desplace una competencia, los municipios no se pueden hacer cargo de la inteligencia criminal, pero sí pueden tener ordenanzas que regulen claramente cuáles son los lugares para el expendio de alcohol o horarios centros de diversión nocturna. Eso facilita las tareas de la Policía. Hay ordenanzas de circulación de motos con una sola persona. También en otras provincias hay ordenanzas para limitar las ventas cerca de las escuelas porque se presta para el microtráfico.

En otros lugares, esto va más allá e implica los aportes económicos para la Policías. Es el caso del convenio que se firmó con la alcaldía de Quito. Allí se compromete a dar mantenimiento a 36 UPC; con Cuenca trabajamos para construir un UVC, un cuartel para uno de los distritos. Guayaquil tiene ordenanzas para más cámaras de seguridad y la persona que pide el permiso debe pagar la cámara.

Los primeros logros Guayaquil: dos sistemas de vigilancia, el Municipio tiene el doble de cámaras de vigilancia que el Ministerio de Gobierno. No hay todavía una interconexión completa porque las tecnologías no son compatibles. Eso hemos planteado a casi todos los alcaldes del país.

Ministra todos los días en las redes sociales se publican robos, asaltos. ¿Qué dicen las cifras sobre la delincuencia?
Hay varias cifras para seguridad, algunas que se usan aquí y en todo el mundo para comparar es temas con el mismo país o con los vecinos. Una de las más relevantes es las muertes violentas.

La tasa se calcula por cada 100 mil habitantes. Esa es una cifra que tiene algunas ventajas para ser utilizada como un indicador, es muy difícil de esconder, no es como la cifra de robos, que no es cuántos robos se producen, sino cuantos se denuncian y esa es la cifra de la Fiscalía. En el caso muertes violentas, no hay cifras ocultas ni posibilidad de que sean manipuladas.

Es un indicador relevante para compararnos con la Región y el país. La tasa de muertes violentas se mantiene en los últimos años, en los que ya se logró un descenso. El promedio en América Latina es 18 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. En Ecuador es 5,6, que es un tercio del promedio en Latinoamérica.

Tenemos algunos problemas de violencia que están concentrados en determinados lugares. Tres provincias concentran el 53% de las muertes violentas en todo Ecuador: Guayas, Manabí y Los Ríos. Eso no es causal, allí el crimen organizado tiene su operación y si queremos llegar al 75% de todas las muertes se incorpora a todas la provincias de la Costa.

Hay un fenómeno diferente en cada lugar. Hay algunos distritos que se disparan y otros que se controlan. Hay dos zonas que presentan mejores resultados en muertes violentas: Quito, usualmente las capitales no suelen ser lugares seguros. En esta ciudad tenemos menos 13 muertes violentas que el año pasado. Hay disminución igual que en Esmeraldas, allí es más difícil de lograr porque es una zona de frontera con Colombia. Tenemos un gran trabajo que se ha hecho en esa provincia, mientras en Sucumbíos hay un repunte.

En Los Ríos, la resolución de casos tiene la mitad que el resto del país. Es más difícil controlar los temas de violencia donde hay menos colaboración de la justica. Precisamente, en esa provincia presenté una queja contra fiscales que se negaron solicitar órdenes de allanamiento y captura para desarticular una banda de sicariato. Esta denuncia está siendo tramitada por el Consejo de la Judicatura.

Eso provocó una preocupación de las autoridades de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, que a partir de eso se reúnen con el Gobernador y aplicamos una nueva estrategia de concentración dinámica: armar grupos grandes interagenciales y mandarlos a un solo lugar, es concentración pero se mueve. Mover los grupos, por ejemplo, en Los Ríos tenemos estos temas, y cumplimos 21 días sin ningún asesinato en Los Ríos.

Hay períodos donde se nota el despliegue de determinadas estrategias. Hay un repunte de robo de personas, callejera, en transporte, debajo de un puente. Esto también está relacionado como ha crecido en Ecuador y a la cantidad de personas viviendo en situación de calle. Eso también está relacionado con un fenómeno de migración masiva que vive el país. Pero no es asignarle la responsabilidad a una nacionalidad, sino es un fenómeno.

¿Cuáles son los resultados de la policía?
La policía tiene cada vez mejores resultados. Cuando miramos cuántos detenidos, cuántos operativos, cuántas toneladas de droga, cada vez tenemos mejores resultados. Pero estamos viviendo un repunte violento en el país y en la Región, por los temas económicos. Tenemos el desplazamiento de Venezuela, la minería ilegal que crece en toda la Región y está vinculado con un sector de las FARC desde hace algunos años y cada vez va mutando como fuente de financiamiento de grupos irregulares colombianos. Es decir, son narcoguerrillas y minería ilegal.

¿Ecuador preparado para enfrentar a las FARC?  
Está preparado para enfrentar distintos escenarios de seguridad, en minería ilegal. Por ejemplo, en la mina de Buenos Aires, enfrentamos un tema complejo. Allí se hizo una intervención impecable y era un escenario desconocido para la Policía, por la zona, territorio y magnitud del problema.

La violencia en la frontera nunca ha dejado de ser parte del escenario, lo digo por el caso de FF.AA., luego de la desmovilización de un importante sector de la guerrilla colombiana, que fue del 100%. Los colombianos les llaman las “ ban-crim”, bandas criminales, pierden el mando de las FARC y se dedican a actividades delictivas y violentas.

Es el caso de Frente Oliver Sinisterra, una organización criminal desprendida de las FARC, que fue el responsable del estadillo de violencia de año pasado en la zona: la bomba en el cuartel de Policía, el asesinato de militares, el secuestro y la muerte de ciudadanos ecuatorianos.

Esa fue la reacción del Frente a un Estado que se enfrenta a la organización criminal y esto ha sido parte de nuestro escenario de seguridad. Hoy tenemos a 78 miembros de esa agrupación detenidos. Todo esto nos obliga a intensificar el trabajo y a tener las alertas prendidas.

¿Si la justicia no actúa qué puede hacer la policía?
Si la justicia no actúa, lo que puede hacer la Policía es insuficiente, es frustrante para la institución y la sociedad. Es el anuncio de una detención, de un operativo exitoso que no da el siguiente paso: la detención y sentencia. La consecuencia es que la sociedad tiene menos confianza en las instituciones que administran justicia.

¿Se pierde la credibilidad?
Sí, la credibilidad en administrar justicia, en que el Estado es capaz de administrar justicia. Es muy importante que la justicia haga su trabajo.

¿Por qué cree que la justicia no hace su trabajo?
Hay jueces que hacen un trabajo honesto y valiente. Pero también hay otros casos en los que hay negligencia, errores del procedimiento y complicidad. Hay actores que son influidos por favor o temor, por los grupos delincuenciales y violentos. Hablamos de una gran cantidad de dinero, de organizaciones de narcotráfico, de minería ilegal, del contrabando, que no es delito de los robos menores, hay otros negocios ilegales.

¿La semana pasado juez en Sucumbíos fue detenido con 40 mil dólares y dos botellas de whisky?
Es muy grave que haya pasado, pero es muy bueno que lo hayan detenido. Eso nos muestra las dos caras de la moneda. Hay un juez que probablemente estuvo dispuesto a recibir dinero, pero hay uno que estuvo dispuesto a denunciarlo.

Usted causó un revuelo en las redes porque defendió a un policía que golpeó a una persona que robó a su familia.
No lo defendí, simplemente dije que no íbamos a sancionarlo. No salí a decir que se trataba de un héroe, en lo absoluto. Comprendí la situación a la que se vio expuesto: detener a alguien que robó a su familia y que acaba de decirle que cuando salga los iba a matar a él y a todos. Una de mis mayores preocupaciones era que al policía lo iban a sancionar con más certeza y velocidad que al ladrón. Creo que ese no es el mensaje apropiado ni para la sociedad ni la policía. Tampoco se trataba de enviar el mensaje de que esa fue una actuación normal para un policía.

¿Qué pasó con el policía detenido por el caso Mascarilla?
Hay 50 mil policías, el policía Velasteguí está detenido por hacer su trabajo, otro por violación y otros por participar en minería ilegal. Cuando un policía comete un delito tiene que responderle ante la ley. Queremos tener policías protegidos por la legislación para hacer su trabajo en situaciones extremas deben hacer uso de la fuerza incluso letal. No queremos tener policías impunes.

¿Qué pasará con el policía Velasteguí?
Fue detenido hace un año, está en la cárcel 4. Está sentenciado en primera instancia que es apelada y su familia solicita una amnistía a la Asamblea. Nosotros respaldamos ambas cosas y acompañamos a la defensa legal. No tenemos una policía que tiene problemas por estar involucrada en temas de ejecución de personas o que usa la fuerza de manera desproporcionada y habitual.

Si miramos lo que ha pasado este año, vemos que la policía no usa la fuerza en momentos en los que debería usarla. No tenemos una policía que tiene un problema de uso de la fuerza o un comportamiento abusivo. Tenemos el problema contrario, hay ciudadanos que con mucha facilidad faltan a la respeto a los policías. En lo que va del año tenemos a 900 ciudadanos sancionados por falta de respeto a la policía: por escupirles, morderles, pegarles. No tenemos policías que salen a disparar, tenemos ciudadanos que salen a pegar policías. Necesitamos una policía que se sienta segura de sus competencias y de actuar en el marco de la ley, pero segura de que parte de sus competencias sea usar la fuerza. (I)