Con la ausencia de los representantes del Gobierno Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió ayer a miembros de organizaciones sociales, dirigentes gremiales y estudiantiles, así como de grupos amazónicos, en su mayoría vinculados al Movimiento Popular Democrático (MPD) y Pachakutik, para tratar dos temas: la libertad de expresión y asociación en Ecuador y la consulta previa a los pueblos indígenas.

Antes de la audiencia, los comisionados leyeron un comunicado de parte del Estado ecuatoriano, en el que anunciaba su inasistencia a la cita.

Por la CIDH estuvieron presentes los comisionados Dyna Shelton, el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza y la relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero, quienes escucharon a los asistentes a la audiencia.

Por la parte peticionaria asistieron Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; Mariana Pallasco, titular de la Unión Nacional de Educadores (UNE); dirigentes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) y de Fundamedios.

En sus respectivas exposiciones, expresaron sus preocupaciones por la vigencia de la Ley de Comunicación, así como la eventual aprobación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues argumentaron que esas normas atentan contra la libertad de expresión.

Por ejemplo, Carlos Castellanos, quien se identificó como representante de organizaciones sociales y de comerciantes minoristas, adujo que la libertad de expresión y de asociación se han visto afectadas en el país con la vigencia de la Ley de Comunicación pues, según él, se persigue a quienes piensan diferente. “Continúa el hostigamiento y estigmatizaciones contra periodistas, indígenas, líderes sociales y ciudadanos comunes por el simple hecho de disentir”, señaló.

En la audiencia se leyó un comunicado del Gobierno en el que anunció su inasistencia

Incluso, dijo que en los últimos seis años han sido más de 700 los periodistas y comunicadores agredidos, más de 200 los líderes sociales judicializados y más de 40 los sentenciados; no obstante, no presentó casos específicos ni el origen de esas cifras.

También aseguró que hay ecuatorianos residentes en el exterior que son amenazados por protestar. En toda su exposición solo enunció estos hechos sin mostrar las bases de sus afirmaciones.

También dijo que les preocupa la inminente vigencia del COIP, pues, a su criterio, criminaliza la opinión, la protesta social y la práctica profesional.

Luego le tocó el turno a representantes de la Red Jurídica Amazónica, de la Conaie, Inredh, dirigentes de las nacionalidades achuar, zápara y de la comunidad sarayacu, quienes se refirieron al tema de la consulta previa a los pueblos indígenas.

En ese marco, los grupos sociales presentaron un video en el cual, según dijeron, se registraba un acto que se había realizado en la comunidad de Sevilla Don Bosco, en Morona Santiago.

Explicaron que ese video tiene relación con una invitación a los moradores de ese sector a una reunión de padres de familia, pero que en realidad era parte de la XI Ronda Petrolera.

Diocles Zambrano, quien recalcó que vive en la Amazonía desde 1979, dijo que en julio de 2010 la estatal Petroamazonas presentó un estudio de impacto ambiental, pero no se tomó en cuenta a la población. Mientras que dirigentes de la comunidad achuar aseguraron que en caso de explotación petrolera sus territorios se verían afectados en un ciento por ciento.

Harold Burbano, abogado de Inredh, mencionó que en este proceso no se consultó a las comunidades, tampoco hubo contacto con las autoridades legítimas de cada comunidad ni con miembros de las organizaciones regionales para tratar estos temas.