Todo lo realizado por la justicia ecuatoriana, incluyendo la Fiscalía General, para luchar contra la corrupción y la impunidad cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional.

El pronunciamiento lo hizo la ministra del Interior, María Paula Romo, al ser consultada sobre el pedido de la Fiscalía a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), de que fije día y hora para una audiencia de vinculación.

En la diligencia se tiene previsto vincular a 22 personas al expediente en que se investigan los presuntos aportes ilegales a las campañas políticas de la Revolución Ciudadana, caso conocido como Sobornos 2012-2016. “El Gobierno ve con buenos ojos todo lo que se haga contra la corrupción y contra la impunidad que genere esa corrupción” sostuvo.

Agregó que cualquier acto que conduzca a esclarecer lo que ha sucedido en el país, “a encontrar responsables en actos de corrupción y el dinero robado va a contar con nuestro respaldo”.

La jueza nacional Daniella Camacho dispuso este viernes se solicite autorización a la Asamblea Nacional, para la vinculación a la instrucción fiscal al expresidente Rafael Correa y de otras 21 personas.

Hizo el pedido para evitar que se aleguen vicios de procedimiento o nulidades. Citó también la norma que señala que si en 30 días la Asamblea no responde se considerará aceptada la solicitud.

Camacho hizo el pedido porque el día que sea fijado por la CNJ, la Fiscalía formulará cargos contra las 22 personas, entre ellas el expresidente Correa. Además en la lista se encuentran el exvicepresidente Jorge Glas, una asambleísta, exfuncionarios del gobierno anterior y 13 empresarios.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina que este tipo de audiencias se realiza con la participación directa de las personas vinculadas o sus abogados.

Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa, dijo que este proceso siempre estuvo encaminado a vincular a su defendido. Pero, aseguró, procesal y jurídicamente “no existen elementos para vincular ni al expresidente ni a ninguno de los ciudadanos que están pretendiendo ser vinculados”.

Cuestionó que las empresas que, supuestamente, pagaron los sobornos, entre ellas Odebrecht, no estén vinculadas.

Marcelo Dueñas, abogado de la asambleísta Viviana Bonilla y del exlegislador Christian Viteri, calificó como un error la pretendida vinculación de sus defendidos.

Dijo que en el caso de Viteri, como coordinador de la campaña política en Guayas, todos los manejos económicos están justificados. Mientras que Bonilla no recibió dinero alguno para su campaña.

En este caso “Sobornos” hasta el momento solo están procesados Pamela M., Laura T., Alexis M. y María de los Ángeles D.

Según las investigaciones, tuvieron relación directa con los aportes ilegales. Por eso son investigados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, recordó que el delito de cohecho es imprescriptible y susceptible de juzgarse en ausencia.

Esto significa que si los vinculados son llamados a juicio, el caso no va al archivo mientras el procesado esté ausente, sino que continúa hasta la sentencia y posterior tramitación de recursos.

En la Fiscalía este viernes 26 de julio de 2019 continuaron las diligencias por este caso. Caupolicán Ochoa, otro abogado de Correa, y el asesor del presidente Lenín Moreno, Santiago Cuesta, rindieron versión. Ochoa señaló que nunca recibió dinero y que para él solo existen referencias laterales, marginales.

Santiago Cuesta se pronunció dispuesto a ir a la Fiscalía las veces que sea requerido y consideró que tienen que ser investigados todos; luego la Fiscalía determinará quiénes tienen que ser vinculados. (I)