¿Cuál es la propuesta de Unidad Popular frente al recorte presupuestario en educación?
Es que es inconstitucional. El Gobierno tiene que cumplir con la educación porque estamos hablando del presente y futuro de cientos de miles de jóvenes, del futuro del país; si no hay investigación científica, no hay formación de profesionales.

Si hay dificultades, hay otras fuentes, como la moratoria de la deuda externa. Se anuncia que vendrá dinero para la emergencia del FMI, del Banco Mundial, un crédito del BID, esa plata tiene que destinarse a la emergencia, no pueden seguir ahorrando para pagar la deuda, tienen que invertir en kits de alimentos, en medicina, en equipos de protección para médicos.

Sobre los equipos para estudio y conectividad, ¿qué proponen?
Es importante que el que más tiene, más aporte, y tener un fondo, no sé, de $ 1.500 millones para este 2020, para la Costa que está empezando el año lectivo, y lo que falta en la Sierra.

El Estado debe asumir para el quintil más pobre, el 1 y 2, el pago de la cobertura de internet, que es tan vital como tener agua potable en este momento. Es el derecho universal a la educación. Creo que el Gobierno debería invertir en este caso, inclusive en equipos, como tabletas, para que los niños y los jóvenes puedan acceder a este servicio.

En cuanto a los casos de corrupción que se han presentado en medio de la pandemia...
Los corruptos no tienen límites, juegan con el dolor de la gente, y creo que, en ese plano, todos debemos reclamar mano dura y cero tolerancia. El Gobierno tiene que dar garantías; no es el primer caso, está lo del Eugenio Espejo, el de las fundas de cadáveres, estuvo lo del IESS.

Ojalá la Fiscalía actúe y caigan los peces gordos, no solamente funcionarios de segunda y de tercera. Tuvimos una experiencia dolorosa en el terremoto de 2016 donde parece que se feriaron hasta $ 3.000 millones; el pueblo tiene que estar atento y las instituciones como la Contraloría, Fiscalía, Consejo de Participación.

La postura de Unidad Popular frente al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario.
La Ley Humanitaria como está en este momento es injusta, porque se carga el grueso de la contribución a los trabajadores y clase media, que estarían aportando en su conjunto más de $ 900 millones, es decir el doble de lo que sería la contribución de las empresas y la banca con multimillonarias ganancias. (I)