Con la propuesta del aporte solidario que incluyó el Ejecutivo en la Ley Humanitaria y que la Asamblea Nacional eliminó durante el trámite de aprobación, se esperaba recaudar $ 1.400 millones.

Con estos recursos, el Gobierno ayudaría a las empresas pequeñas, trabajadores y el sector de la salud con el objetivo de proteger especialmente el empleo.

Durante la discusión de la normativa, los asambleístas correístas y los de la bancada del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, (PSC-MG) cerraron filas contra el aporte solidario. Ellos adujeron que se trataba de un impuesto, aunque se especificó que era una contribución temporal mientras durara la emergencia. Sin embargo, impulsaron el archivo de la ley.

El líder del PSC, Jaime Nebot, aseguró durante una entrevista radial que siempre defienden medidas que bajen impuestos y que son contrarios a su imposición, por lo que aseveró que no tienen ningún acuerdo con el correísmo.

Ahora el Estado necesita optimizar recursos. Eso causó que el Gobierno decidiera realizar un recorte aproximado de $ 4.000 millones en sus gastos.

Una gran parte de esa suma se logrará con la supresión de dos entidades y de ocho empresas públicas. Ademas, la difícil situación por las consecuencias de la pandemia empujó al Mandatario a buscar alternativas.

De esta manera, el Gobierno resolvió rebajar la jornada laboral del sector público a seis horas diarias y se puntualizó que el aporte al seguro social no se modificaría.

El representante de la Confederación de Servidores Públicos del Ecuador, Remigio Hurtado, dijo que el sector se opone a esa medida. Por ello fustigó que en la Asamblea no haya pasado en la Ley Humanitaria el aporte solidario que estaba en la línea de lo que sugirieron.

Para evitar esto, aseguró, propusieron al Ejecutivo la entrega voluntaria de un día de sueldo de los que ganan más de $ 1.000 y de dos días a quienes perciben sobre los $ 2.000, incluidos servidores policiales y militares.

Recordó que hay 3.560 contratos especiales de funcionarios de alto rango y que si se eliminaran 1.200, se tendría un ahorro de $ 41 millones. “Los legisladores se negaron a pedir el aporte de las empresas por cálculos políticos, no les interesa el país”, comentó el dirigente.

Ante la negativa de un aporte solidario, el Ejecutivo optó por otras alternativas para evitar el gasto y enfrentar la crisis.

En este aspecto se tiene que hablar de la capacidad de respuesta del Gobierno. “Como no se lograron los aportes en la Ley Humanitaria, esto derivó en una carga al sector público y funcionarios”, comentó el docente de la Universidad Internacional, Emilio Vásconez.

Gobierno coordina ayudas con entidades y empresa privada

Las gobernaciones, entidades estatales y empresa privada coordinan ayudas para las familias vulnerables del país.

En Orellana, 43 familias de la comunidad Waorani Miwaguno, de la parroquia Dayuma, recibieron alimentos e insumos de bioseguridad. Esta tarea fue posible con el trabajo entre la Gobernación y la Fundación Manitos que Ayudan, que donaron prendas de vestir.

El transporte para arribar hasta ese territorio, que se encuentra apartado de la provincia, fue facilitado por las autoridades locales.

En la provincia de El Oro, la Gobernación y la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (Aebe) donaron raciones de la fruta a familias de escasos recursos, que presentan problemas en el abastecimiento.

La ayuda se hizo en cantones de la provincia, priorizando en los barrios periféricos de Machala y Puerto Bolívar a personas con discapacidad y tercera edad. (I)