Investigarán todas las operaciones de Odebrecht en Ecuador. Ese anuncio lo hizo el contralor subrogante, Pablo Celi, durante la presentación del Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, en Quito. Ese es el trabajo de la Función de Transparencia y Control Social, integrada por 14 entidades, para discutir el plan en el Acuerdo Nacional 20/30 del Gobierno.

Celi habló sobre la corrupción en los 10 años del Gobierno anterior. “Las fuerzas sociales y políticas debemos enfrentar y superar unidas los efectos perversos de una década de extravío, donde la arbitrariedad, el abuso y la corrupción fueron elevados a la condición de divisa de Estado”, recalcó.

En cambio, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, explicó que el autoritarismo del gobierno de Rafael Correa fue sinónimo de corrupción, lo que situó al país como el cuarto más corrupto de América Latina.

“Hay 22 exaltos funcionarios detenidos, 15 prófugos del gobierno anterior y 18 millones de dólares recuperados de los casos de Odebrecht y Petroecuador”, manifestó.  

Según él, la ONU señala que el costo de la corrupción es de 2,6 billones de dólares al año, lo que equivale al 5% del PIB mundial.

Para él se requiere la aprobación de dos leyes en la Asamblea: la primera es la Ley de Extinción de Dominio, y la segunda, la Ley de Recuperación de Activos; además, las reformas al Código Integral Penal (COIP) para endurecer las penas anticorrupción.  

El coordinador de la bancada de CREO, Luis Pachala, confirmó que es acertada la decisión de investigar de manera integral cómo operaba Odebrecht en este país. “Es un anuncio institucional con la intervención de toda la Función de Transparencia. Es una decisión muy acertada”, dijo.

Él confirmó que esos proyectos serán tratados en la actual administración Legislativa. “Las reformas al COIP relacionadas con la corrupción ya están hechas. Falta tratarlas en el primer debate”, sostuvo. (I)